HÁBEAS DATA FINANCIERO

El perfil de Facebook, a salvo de miradas extrañas

2011-12-11T15:19:00.000-03:00

Consejos para configurar nuestra presencia en esa red social y proteger la información que compartimos con amigos y familiares, manteniéndola libre de fisgones y piratas informáticos. Cómo definir quién puede ver lo que publicamos o desde dónde nos conectamos

Por Ricardo Sametband | LA NACION

La Corte Suprema hizo lugar al derecho al olvido financiero

2011-11-19T14:18:00.015-03:00

Limitan el registro de deudas financieras
Lanacion.com (Argentina)
El mecanismo aplicado se llama "derecho al olvido" y fue establecido por el artículo 26, inciso 4, de la ley de habeas data : sólo se pueden archivar los ...

CSJN. N. 112. XLII.

RECURSO DE HECHO

N.C.A. c/ Citibank N.A.

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa N.C.A. c/ Citibank N.A.”,para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1º) Que la Sala III de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal (fs. 330/332 de los autos principales),revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, hizo lugar a la acción de hábeas data promovida contra el Citibank N.A. en los términos de la ley 25.326, ordenando a esta entidad que cancelara la información referente al actor que obraba en sus registros, y que comunicara tal circunstancia al Banco Central de la República Argentina, a efectos de que aquél fuera dado de baja en la central de deudores del sistema financiero.

2º) Que el tribunal de alzada precisó, en primer lugar, que conforme surge de las constancias de la causa, la actora era deudora de un saldo de la tarjeta “Diners” desde noviembre de 1995 por $ 2.212,43 y de la tarjeta “Mastercard” desde el mismo mes pero del año 1996 por $ 1.379,05 y, que la accionante ha reconocido la existencia de tales deudas.

Sentado lo anterior, consideró que resultaba aplicable al caso el “derecho al olvido” invocado por la actora, con sustento en el artículo 26, inc. 4º, de la ley 25.326 y en el artículo 26, párrafo 3º, del decreto reglamentario 1558/01. Al respecto, señaló que de tales normas fluye sin mayor esfuerzo que “quien ejerce el llamado ‘derecho al olvido’, tiene una información negativa respecto de su solvencia económica financiera en los bancos de datos crediticios” (fs. 331 vta./332), de la que la ley permite liberarse al cabo de dos años —si procedió a la cancelación o si ésta de “otro modo” resultó extinguida— o de cinco —si no lo hizo—, contados en este último caso, como reza el artículo 26 de la citada ley, “a partir de la -2- fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible”.

En tales condiciones, juzgó que “la calificación 5 que se informa se origina en la mora del deudor” debe computarse a partir de ese momento, “sin que tenga incidencia al respecto que esa información sea mantenida por el acreedor año a año, durante un período indeterminado que termine —de ser computado— derogando en los hechos el régimen de la ley” (fs. 332).

3º) Que contra lo así decidido, el Citibank N.A. interpuso recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, y que resulta formalmente admisible en razón de que, más allá de que la recurrente tacha de arbitraria a la sentencia (confr. fs. 340 y sigts.), sus agravios ponen en cuestión la inteligencia de las normas federales antes citadas, y lo resuelto por el superior tribunal de la causa es adverso al derecho que el apelante funda en ellas (artículo 14, inc. 3º, de la ley 48).

4º) Que, en efecto, la recurrente cuestiona, en lo sustancial, el momento a partir del cual debe computarse el plazo de cinco años del referido “derecho al olvido”, aduciendo que, contrariamente a lo sostenido por el a quo, aquel no comienza desde el primer informe producido cuando la deuda comenzó a ser exigible —es decir, desde el comienzo de la mora—, sino “a partir de la extinción del plazo para que el cobro de dicha deuda pueda exigirse al deudor” (fs. 344 vta.). Afirma que ésta es la única interpretación posible del artículo 26, inc. 4°, de la ley 25.326 y de lo dispuesto en el decreto reglamentario, ya que sostener que el plazo de caducidad de cinco años deba computarse desde la mora del deudor no condice con la letra ni con el espíritu de tales normas.

Alega asimismo que resultaría altamente nocivo para el sistema de información financiera llevado por el Banco Central de la República Argentina y para la transparencia del tráfico mercantil que el Registro de Deudores del Sistema Financiero — cuya finalidad tiende justamente a informar acerca de la solvencia económico-financiera de los participantes de las operaciones comerciales—, que no se conservara información adecuada y fidedigna sobre el real comportamiento de quienes participan en aquellas actividades (fs. 344/344 vta.). Y añade que de admitirse el criterio del a quo, la supresión de los registros de la acreencia en cuestión, importaría por parte de la demandada carecer de respaldo en sus asientos contables para perseguir el cobro de un crédito legítimo y vigente, cuya prescripción no ha operado; lo que conduce a un visible absurdo, y entrañaría un privilegio injustificado para los deudores.

5°) Que el artículo 26 de la ley 25.326 relativo a la prestación de servicios de información crediticia, en cuanto a la solución del caso interesa, prescribe:

“4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económica-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho”.

Por su parte, el artículo 26 del decreto n° 1558/01 que reglamentó aquella ley, en su parte pertinente, dispone:

“Para apreciar la solvencia económica-financiera de una persona, conforme lo establecido en el artículo 26, inciso 4, de la Ley N° 25.326, se tendrá en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de CINCO (5) años, éstos se contarán a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible. Si el deudor acredita que la última información disponible coincide con la extinción de la deuda, el plazo se reducirá a DOS (2) años. Para los datos de cumplimiento sin mora no operará plazo alguno para la eliminación”.

“A los efectos del cálculo del plazo de DOS (2) años para [la] conservación de los datos cuando el deudor hubiere cancelado o extinguido la obligación, se tendrá en cuenta la fecha precisa en que se extingue la deuda”.

6°) Que, según ha sido señalado por el Tribunal al fallar en la fecha el caso C.1380.XLII. “Catania, Américo Marcial c/ BCRA - (Base Datos) y otros s/ hábeas data”, del debate parlamentario de la norma transcripta en primer término, dos cosas resultan con suficiente nitidez.

La primera de ellas, es que la ley ha consagrado el derecho del afectado a exigir que —transcurrido cierto tiempo— los datos significativos para evaluar su solvencia económico financiera no sean mantenidos en las bases de datos ni difundidos, con el objeto de que el individuo no quede sujeto indefinidamente a una indagación sobre su pasado. Según se expresó, esta clase de previsión no es novedosa y fue adoptada — con diversos matices— por las legislaciones de numerosos países que fijaron plazos similares a los que estableció la ley 25.326 (ver, en especial, lo expresado en los considerandos 5° y 6°,segundo párrafo, de la sentencia citada).

La segunda, es que —más allá de las bondades o no del sistema ideado— el legislador expuso su preocupación acerca de que el mantenimiento de información adversa en las pertinentes bases de datos durante un largo lapso (como el de 10 años previsto en el proyecto de ley originario) podría dar lugar a una suerte de inhabilitación del deudor y a la consiguiente imposibilidad de reingreso al circuito comercial y, por ende,juzgó aquél mantenimiento como una solución disvaliosa. Es por ello, que en el texto de la ley 25.326 se estableció un plazo más breve que el inicialmente propuesto en el proyecto de ley, a la vez que se distinguió la situación de aquellos deudores que no han cancelado sus deudas (en cuyo caso el plazo sería de 5 años),de los que sí lo han hecho (supuesto en el que el plazo se reduciría a 2 años), con total independencia de que en relación a los primeros pueda perseguirse el cobro de la acreencia mientras la obligación sea jurídicamente exigible.

En este orden de ideas, según se expresó en el citado caso “Catania”, es revelador el hecho de que no fue aceptada la propuesta expresa del diputado Caviglia en el sentido de establecer un único plazo que regiría en caso de que mediara la cancelación de la deuda, y que fue sostenida en términos muy contundentes: “Debemos liberar a los que pagan pero no podemos darle el mismo derecho a los cinco años a los que no pagan...”.

“Si prohibimos conocer a los que no pagan estamos dando un pésimo ejemplo a la sociedad, ya que un moroso tan sólo debe esperar dos años más respecto de otro que pagó para exigir a los bancos de datos que lo saquen de sus archivos...” (ver el desarrollo de la disidencia parcial del diputado Caviglia, Antecedentes Parlamentarios, Tomo 2001-A, La Ley, Buenos Aires, año 2001, págs. 430/433, en especial, pág. 431).

En consecuencia, contrariamente a lo sostenido por el apelante a fs. 344 vta., no resulta del texto de la ley —ni puede inferirse de su génesis— que el plazo de cinco años deba quedar pospuesto mientras la deuda sea exigible por no haberse operado a su respecto la prescripción, si precisamente, la intención del legislador ha sido consagrar un plazo más breve que el que se había sugerido originariamente (el de 10 años), y que había obedecido a la finalidad de hacerlo coincidir con el plazo de prescripción.

7°) Que, en el sub examine, el plazo sobre el que versó la controversia es el de cinco años, pues la actora ha reconocido expresamente la existencia de su deuda y que ésta no fue cancelada (fs. 223 y 228).

Los conceptos adeudados por aquélla responden al saldo de la tarjeta de crédito “Diners” que se mantiene impago desde el día 16 de noviembre de 1995 (fs. 241), y al saldo de la tarjeta de crédito “Mastercard” que se mantiene impago desde el mes de noviembre de 1996, sin que respecto a este último se haya podido determinar la fecha exacta en que se produjo la mora (ver la pericia de fs. 257/258, con las aclaraciones de fs. 273/274, que no ha sido impugnada por las partes).

Por su parte, no se encuentra debatido por las partes —y así resulta de las constancias acompañadas a la causa por el Banco Central de la República Argentina— que a raíz de la información enviada por el Citibank N.A. a la Central de Deudores del Sistema Financiero (base de datos de aquel organismo), se archivó en ésta la constancia de que el demandante era un deudor que, con relación a ambas deudas, se encontraba en “situación 5”,esto es, un deudor “irrecuperable” que mantiene un atraso en el pago de sus obligaciones superior a un año o se encuentra en alguna de las restantes situaciones que describe la normativa relativa a la clasificación de deudores y al régimen informativo contable mensual que deben cumplir las entidades financieras (ver, en especial, Comunicación “A” 2216; Comunicación “A” 2389;Comunicación “A” 2729 y Comunicación “A” 3360, en su texto actualizado, todas ellas dictadas por el Banco Central de la República Argentina). Este dato —deudor en “situación 5”— sin ningún otro aditamento ni variante en cuanto a la situación económica-financiera del actor, ha sido informado e ingresado a la Central de Deudores del Sistema Financiero, mensualmente durante años.

En efecto, según lo ha expresado el banco demandado en el escrito de contestación de la demanda —esto es, en el año 2003— aún seguía informando la misma situación con relación al saldo deudor de la tarjeta de crédito “Diners”, y con respecto al saldo deudor de la tarjeta de crédito “Mastercard”, remitió idéntica información a la base de datos del Banco Central en forma ininterrumpida hasta el mes de diciembre 2002, momento en el que Citibank N.A. decidió enviar dicho saldo “a pérdida” a raíz del “...saneamiento de la referida cuenta por una decisión de índole comercial...” (ver fs. 26/31; 168 vta. y 169 vta./170).

8°) Que, según resulta del texto del artículo 26 del decreto n° 1558/01 transcripto, en el considerando 5° de la presente, en relación a las obligaciones que no han sido extinguidas, el plazo de cinco años debe ser contado “...a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible”.

La imprecisión o poca claridad que exhibe esta norma reglamentaria —cuya constitucionalidad no ha sido impugnada— acerca del momento en que comienza a correr aquel plazo, debe subsanarse mediante una interpretación que, sin excluir su literalidad, se ajuste estrictamente a la voluntad del legislador que dictó la ley 25.326. Ha de evitarse, entonces, toda inteligencia que en los hechos implique una postergación sine die, o una excesiva tardanza en el inicio del cómputo del plazo que se examina, puesto que ello se opone al declarado propósito de lograr una reinserción del afectado en el circuito comercial o financiero.

En este sentido, cuando el artículo 26 del decreto 1558/01 fija como hito, “la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible”, esta expresión debe ser entendida como el último dato —en su sentido cronológico— que ha ingresado al archivo, registro o base de datos, en la medida en que, como reza el artículo 26 de la ley 25.326, se trate de datos “significativos” para evaluar la solvencia económica-financiera de los afectados”. En este orden de ideas, se adelanta que, no podrá considerarse como última información archivada, la asentada en un registro por el sólo hecho de ser la constancia final de una serie o sucesión de datos, si —como ha ocurrido en el sub examine— se trata de una mera repetición de la misma información que, sin novedad o aditamento alguno, ha sido archivada durante los meses o años anteriores.

En el caso, dado el particular sistema contable de registro e información que deben llevar las entidades financieras —regulado en las normas a las que se hizo referencia en el considerando precedente—, la información adversa que el Citibank N.A. posee en relación a la actora tuvo su origen en la falta de pago en el mes de noviembre de 1995 y en el mes de noviembre de 1996, de las deudas que a esas fechas eran exigibles y que fueron contraídas con las tarjetas de crédito “Diners” y Mastercard”,respectivamente (ver pericia de fs. 257/258, con las aclaraciones de fs. 273/274). Tal como lo admitió expresamente la demandada (fs. 170 vta.; 313 y 317 vta.), la existencia de estas deudas ha sido informada y archivada oportunamente en la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central, bajo la constancia de que la actora era un deudor en “situación 5” o “irrecuperable”, categoría a la que un deudor ingresa ante la falta de cancelación de sus deudas, una vez transcurrido el lapso de un año en el atraso de los pagos. Es ésta la última información adversa a la que alude la norma, y no las sucesivas reiteraciones del mismo dato —deudor en “situación 5” o “irrecuperable”— que han sido informadas y aparecen asentadas en la base de datos mencionada (ver fs. 26 a 31).

Cabe concluir, entonces, que la última información adversa en los términos del artículo 26 del decreto n° 1558/01, data del mes de noviembre de 1996 —en el caso de la tarjeta de crédito “Diners”—, y del mes de noviembre de 1997 —en el caso de la tarjeta de crédito “Mastercard”— fechas en que se consignó que la actora se encontraba en “situación 5” por haberse cumplido un año desde que las respectivas deudas se hicieron exigibles. Por tal razón, al inicio de la demanda se hallaba superado el plazo de cinco años (ver constancia de fs. 6).

En consecuencia, corresponderá suprimir dicha información de la Central de Deudores del Sistema Financiero, debiendo la demandada solicitar al Banco Central de la República Argentina que practique las modificaciones necesarias en tal sentido en la referida base de datos, en los términos de lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo del decreto nº 1558/2001.

Vale aclarar que el cumplimiento de este mandato no tendrá el efecto de impedir al Banco Central la preservación de esos datos fuera del acceso público, así como su utilización para el cumplimiento de sus deberes de supervisión y control sobre las entidades financieras. Tampoco ha de interferir en la observación de las directivas técnicas concernientes a la previsión que deben hacer las entidades financieras en respaldo de sus activos.

9°) Que, por último, si bien las razones precedentes serían suficientes para confirmar lo decidido por el a quo, corresponde añadir lo expresado por la actora acerca de que, aún en la hipótesis más desfavorable a su pretensión, esto es, que el plazo de prescripción que debe regir las deudas discutidas en este pleito sea el de diez años (fs. 352), en la actualidad aquéllas estarían prescriptas.

La consecuencia de dicha aseveración, sería, por una parte, que en tanto el cumplimiento de la obligación —al menos como obligación civil— ya no sería exigible por el acreedor, dudosamente podría sostenerse que corresponde mantener la condición de “deudor” en los respectivos registros, pues se configuraría un supuesto en el que el dato ha perdido “...vigencia respecto de los fines para los que se hubiese obtenido o recolectado...”, y en consecuencia, debe ser suprimido “...sin necesidad de que lo requiera el titular de los datos” (decreto n° 1558/01, artículo 4°, párrafo tercero). Por otra parte, si es posible sostener que la prescripción ha extinguido aquella clase de obligación, la información sólo podría ser conservada o cedida durante un plazo de dos años desde que dicha extinción se produce, término que, en consecuencia, también se encontraría cumplido en el sub examine (artículo 26, punto 4, segunda parte, de la ley 25.326, y artículo 26, párrafos tercero y cuarto, del decreto n° 1558/01).

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y con el alcance expresado en el considerando 8° de la presente, corresponde confirmar lo decidido en la sentencia apelada. Con costas por su orden en razón de lo novedoso y complejo de la cuestión debatida. Agréguese la queja al principal y reintégrese el depósito efectuado. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY.

Comentario al fallo “Napoli Carlos Alberto c/Citibank N.A.”

Por Matilde Martínez

Derecho al olvido o derecho a caducidad de los datos personales por el transcurso del tiempo en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El actor promueve demanda contra Citibank N.A. en los términos de la ley 25.326 para que eliminara la información referente a su persona que figuraba en sus registros y que comunicara tal circunstancia al Banco Central de la República Argentina a los efectos de que fuera dado de baja de la Central de Deudores del Sistema Financiero. Según surge de la causa la actora era deudora de un saldo de la tarjeta de crédito “Diners” desde noviembre de 1995 y otro saldo de la tarjeta “Mastercard” desde el mismo mes pero del año 1996.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III consideró que resultaba aplicable al caso el “derecho al olvido” invocado por la actora, con sustento en el art. 26, inc. 4°, de la ley 25.326 y en el art. 26, párr. 3° del decreto reglamentario 1558/01, pues de las normas mencionadas surge que se deberán suprimir los datos negativos en la base de datos al cabo de dos años en el caso que se haya cancelado o extinguido de otro modo la obligación, o de cinco años si la misma no ha sido cancelada, contados en este último caso a partir de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible, por lo que consideró que, “la calificación 5 que se informa se origina en la mora del deudor” y debe computarse a partir de ese momento, sin que tenga incidencia que la información sea mantenida por el acreedor año a año durante un período indeterminado de tiempo lo que derogaría en los hechos el régimen de la ley.

Fundamentos de la recurrente: Contra lo decidido por la Cámara mencionada, Citibank N.A. interpuso recurso extraordinario, cuya denegación dio lugar a la presente queja, la que resultó formalmente admisible.

La recurrente cuestiona el momento a partir del cual debe computarse el plazo de cinco años del “derecho al olvido”, con el argumento que no comienza desde el primer informe producido cuando la deuda comenzó a ser exigible, sino “a partir de la extinción del plazo para que el cobro de dicha deuda pueda exigirse al deudor”.

Fundamentos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: La Corte precisa que en cuanto a la resolución del caso interesa la prescripción del art. 26 de la ley 25.326 en su inc. 4 que establece “Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económica-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho”.

En tanto, el art. 26 del decreto N° 1558/01 reglamentario de la ley indicada, en su parte pertinente dispone: “Para apreciar la solvencia económica-financiera de una persona, conforme lo establecido en el art. 26, inciso 4, de la Ley N° 25.326, se tendrá en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de CINCO (5) años, éstos se contarán a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible. Si el deudor acredita que la última información disponible coincide con la extinción de la deuda, el plazo se reducirá a DOS (2) años. Para los datos de cumplimiento sin mora no operará plazo alguno para la eliminación”.

“A los efectos del cálculo del plazo de DOS (2) años para (la) conservación de los datos cuando el deudor hubiere cancelado o extinguido la obligación, se tendrá en cuenta la fecha precisa en que se extingue la deuda”.

Señala el Tribunal que dos cosas resultan con suficiente nitidez. Una de ellas es que la ley ha consagrado el derecho del afectado a exigir que transcurrido cierto tiempo los datos significativos para evaluar su solvencia económico-financiera no sean mantenidos en las bases de datos ni difundidos, con el objeto de que el individuo no quede sujeto indefinidamente a una indagación sobre su pasado.

La otra es que el legislador expuso su preocupación por el mantenimiento de esta información adversa en las bases de datos por un largo lapso de tiempo dando lugar a una suerte de inhabilitación del deudor y a la consiguiente imposibilidad de reingreso al circuito comercial lo que consideró disvalioso.

Por eso la ley 25.326 estableció un plazo distinguiendo la situación de aquellos que cancelaron su deuda (2 años) con aquellos que no lo hicieron (5 años), sin perjuicio de que en este caso pueda perseguirse el cobro de la obligación mientras ésta sea exigible.

Por ello, contrariamente a lo que sostiene la apelante no puede interpretarse ni del texto de la ley y de la génesis de la misma que el plazo de 5 años deba quedar postergado mientras la deuda sea exigible por no haberse operado la prescripción, pues los legisladores originariamente habían propuesto un plazo de 10 años, él que coincidiría con la prescripción, pero luego decidieron establecer un plazo menor de 5 años. En el caso sub examine se trata de la aplicación del plazo de 5 años, pues como surge de autos las obligaciones no habrían sido canceladas. Uno de los conceptos adeudados responde al saldo de la tarjeta de crédito “Diners” que se mantiene impago desde el 16 de noviembre de 1995 y el saldo de la tarjeta de crédito “Mastercard” impago desde el mes de noviembre de 1996.

Como consecuencia de esta información enviada por el Citibank N.A. a la Central de Deudores del Sistema Financiero se registró en ésta que el actor se encontraba en “situación 5”, es decir deudor “irrecuperable” en relación a ambas deudas por las cuales mantiene un atraso en el pago de dichas obligaciones superior a un año, conforme las Comunicaciones del BCRA relativa a clasificación de deudores y al régimen informativo que deben cumplir las entidades financieras. El dato señalado “situación 5” ha sido ingresado mensualmente durante años a la Central de Deudores del Sistema Financiero sin ninguna variante.

La Corte Suprema apunta que el plazo de 5 años debe ser contado como lo dispone el art. 26 del decreto 1558/01 en su parte pertinente “…a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible”.

En relación a éste párrafo de la norma la Corte en el fallo destaca lo siguiente: “La imprecisión y poca claridad que exhibe esta norma reglamentaria –cuya constitucionalidad no ha sido impugnada- acerca del momento en que comienza a correr aquel plazo, debe subsanarse mediante una interpretación que, sin excluir su literalidad, se ajuste estrictamente a la voluntad del legislador que dictó la ley 25.326. Ha de evitarse, entonces, toda inteligencia que en los hechos implique una postergación sine die, o una excesiva tardanza en el inicio del computo del plazo que se examina, puesto que ello se opone al declarado propósito de lograr una reinserción del afectado en el circuito comercial o financiero.”

“En este sentido, (dice la Corte) cuando el artículo 26 del decreto 1558/01 fija como hito, “la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible”, esta expresión debe ser entendida como el último dato –en su sentido cronológico- que ha ingresado al archivo, registro o base de datos, en la medida en que, como reza el artículo 26 de la ley 25.326, se trate de datos “significativos” para evaluar la solvencia económica-financiera de los afectados”. En este orden de ideas, se adelanta que, no podrá considerarse como última información archivada, la asentada en un registro por el sólo hecho de ser la constancia final de una serie o sucesión de datos, si –como ha ocurrido en el sub examine- se trata de una mera repetición de la misma información que, sin novedad o aditamento alguno, ha sido archivada durante los meses o años anteriores.”

En el caso, expresa el Alto Tribunal, “la última información adversa en los términos del artículo 26 del decreto n° 1558/01, data del mes de noviembre de 1996 –en el caso de la tarjeta de crédito “Diners”-, y del mes de noviembre de 1997- en el caso de la tarjeta de crédito “Mastercard”- fechas en que se consignó que la actora se encontraba en “situación 5” por haberse cumplido un año desde que las respectivas deudas se hicieron exigibles.” En tales casos, al inicio de la demanda, el plazo de cinco años se hallaba superado, razón por la cual corresponderá suprimir dicha información de la Central de Deudores del Sistema Financiero y la demandada deberá solicitar al Banco Central de la República Argentina que practique las modificaciones en tal sentido en la base de datos señalada en los términos del art. 16, 2do. Párr. del Decreto N° 1558/2001.

Además, señala la Corte que el plazo de prescripción que debe regir en las deudas discutidas en autos es el de diez años, motivo por el cual en la actualidad aquellas estarían prescriptas. Adicionalmente a ello, destaca que en tal situación ya no sería exigible por el acreedor por lo que dudosamente podría sostenerse que corresponde mantener la condición de “deudor” en tales registros, “pues se configuraría un supuesto en el que el dato ha perdido vigencia “…respecto de los fines para los que se hubiese obtenido o recolectado…”, y en consecuencia, debe ser suprimido “…sin necesidad de que lo requiera el titular de los datos” (decreto n° 1558/01, artículo 4°, párrafo tercero).

Nuestra opinión. Cuestiones destacadas por el fallo de la Corte en el fallo Nápoli.

El Derecho al olvido en la ley 25.326 y en su decreto reglamentario 1558/01.

De acuerdo con lo expresado en el fallo precedente el “derecho al olvido” en nuestro país se encuentra normado por la ley 25.326, art. 26, inc. 4, estableciendo “Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho.” Por su lado la reglamentación del decreto 1558/01, para el mismo art. e inciso en la parte pertinente, dispone “para apreciar la solvencia económica financiera de una persona, conforme lo establecido en el artículo 26 inciso 4, de la ley 25.326, se tendrá en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de cinco (5) años, éstos se contarán a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible.”

La Corte, en el fallo en análisis, señala que la ley 25.326 ha consagrado el “derecho al olvido”, con la finalidad de que los afectados no queden presos de su pasado y que transcurrido cierto tiempo los datos para evaluar la solvencia económico-financiera de aquellos sean suprimidos de los bancos de datos.

Por otro lado destaca la preocupación de los legisladores al sancionar la ley, quienes tuvieron en miras que debido al mantenimiento de la información adversa de los deudores por largos períodos de tiempo se les imposibilitaba el reingreso al circuito comercial ya que ocasionaba una suerte de inhabilitación al deudor. Por ello dice la Corte que no puede pensarse que del texto de la ley y de su génesis, el plazo de 5 años deba quedar postergado mientras la deuda sea exigible, es decir hasta que se haya operado la prescripción.

Tal como en el caso “Catania”, fallo dictado por la CSJN el 8 de noviembre de 2011[1] sobre el derecho al olvido, el Alto Tribunal desvincula la exigibilidad de la deuda con el cómputo del plazo para la aplicación del derecho al olvido.[2] Habíamos sostenido con anterioridad esta postura sustentando que “la ley hace una distinción entre aquellas personas que cancelaron o extinguieron su obligación reduciéndoles el plazo a dos años, mientras que aquellos que no hayan cumplido con tales requisitos (cumplimiento de la obligación) deben permanecer cinco años en los registros o bancos de datos, sin diferenciar si las deudas anteriores al plazo señalado continúan siendo exigibles o han dejado de serlo.”[3]

Expresa el Alto Tribunal que el párrafo del art. 26 del decreto 1558/01 donde dispone “…a partir de la fecha de la última información adversa que revele que dicha deuda era exigible”, adolece de “imprecisión y poca claridad” acerca del momento en que comienza a correr el plazo de los cinco años, motivo por el cual ello “debe subsanarse mediante una interpretación que, sin excluir su literalidad, se ajuste estrictamente a la voluntad del legislador que dictó la ley 25.326. También se refiere a que dicho párrafo no ha sido impugnado por inconstitucional. En relación a ello, hace tiempo que venimos afirmando que el texto del decreto en la parte indicada, ha modificado sustancialmente el tenor de la LPDP, art. 26 inc. 4[4], por lo que propiciamos la impugnación por la inconstitucionalidad de la parte pertinente del art. 26 del decreto 1558/2001, por apartarse de las prescripciones de la ley 25.326, reglamentaria del art. 43, párr. 3º, de la Constitución Nacional.[5] La referencia expresada por la Corte en cuanto a que “-cuya constitucionalidad no ha sido impugnada-” podríamos interpretarla como una apertura a ejercer este derecho tendiente a lograr que definitivamente se obtenga la declaración de inconstitucionalidad de la parte cuestionada estableciéndose con mayor certeza el momento desde el cual debe computarse el plazo de cinco o dos años para que opere el “derecho al olvido”, el que en nuestra opinión debería ser desde que la deuda se hizo exigible, es decir cuando comenzó la mora del deudor.

Agrega la Corte en el fallo en estudio que debe evitarse que la información se postergue sine die o con una excesiva tardanza, puesto que ello se opone al propósito de los legisladores de lograr la reinserción del afectado en el circuito financiero. Por tal motivo considera que no podrá tomarse como la última información adversa aquella que implique una repetición de la misma información sin que haya sufrido ninguna modificación ni aditamento.

Y con respecto al caso en análisis considera que “la última información adversa en los términos del artículo 26 del decreto n° 1558/01, data del mes de noviembre de 1996 –en el caso de la tarjeta de crédito “Diners”-, y del mes de noviembre de 1997- en el caso de la tarjeta de crédito “Mastercard”- fechas en que se consignó que la actora se encontraba en “situación 5” por haberse cumplido un año desde que las respectivas deudas se hicieron exigibles.” Es decir que la Corte reconoce en este caso que se deben contar seis años desde que se produjo la mora por el hecho de que la “situación 5” fue asignada al año de producirse la mora conforme lo establecen las Comunicaciones del BCRA de Clasificación de deudores[6], pues desde que la deuda se hizo exigible la situación fue cambiando desde la “1” a la “5” tal como lo dispone la reglamentación citada. En alusión a esta interpretación de la Corte adherimos a la opinión de Molina Quiroga, quién manifiesta que “se ha planteado que para evitar esta “prolongación” se podría impugnar el dato de mora en forma general, por ser esto lo que está sujeto al derecho al olvido, sin admitir que la reglamentación del BCRA puede –en su aplicación – modificar el plazo de caducidad de la LPDPA. Es decir que el dato atacado es la mora, y se cuenta desde el comienzo de la mora.”… “En nuestra opinión, estos supuestos deben interpretarse de acuerdo a la LPDPA y al espíritu del legislador, que claramente fijó un plazo de 5 años en materia de información financiera, lo que en modo alguno afecta las actividades del BCRA con fines de supervisión bancaria.”[7]

Por último, la Corte señala que en el caso en análisis el plazo de prescripción es el de diez años, por lo que en la actualidad dichas deudas estarían prescriptas. Con este fundamento rescata el principio de “finalidad para el cual se hubieran obtenido o recolectado los datos” establecido por la normativa, motivo por el cual dicha información debe ser suprimida sin necesidad de que el titular lo requiera.

[1] C.1380. XLII “Catania Américo Marcial c. BCRA (Bases Datos) y otros s/hábeas data.

[2] En el mismo sentido se ha expresado Alejandro Drucaroff Aguiar. La Ley Año LXXV N° 231. 5 de diciembre de 2011.

[3] Martínez, Matilde Susana. Hábeas Data Financiero. P. 323. Ediciones de la República. 2009.

[4] En tal sentido, Peyrano ha expresado: “En el punto, la reglamentación aprobada por dec. 1558 del 2001 ha introducido disposiciones que inciden sobre la interpretación efectuada y modifican los alcances de la misma. Peyrano Guillermo F. Régimen Legal de Los Datos Personales y Hábeas Data. P. 243. Lexis Nexis. Depalma. 2002.

[5] Martínez Matilde S. Cit. P. 325 y 328.

[6] Última Comunicación incorporada “A” 4975 del texto ordenado al 28/08/2009 del BCRA. Martínez Matilde S. Cit. P. 379.

[7] Molina Quiroga Eduardo. Derecho al olvido. Plazo de conservación de los informes crediticios. Derecho al olvido y la interpretación de la Corte Suprema de Justicia argentina. RCyS. 2011.

Nueva ley sobre protección de datos personales en Uruguay

2011-11-19T14:16:00.000-03:00

LEY 18812 - Datos Personales de Riesgos Crediticios de Uruguay
18812, “ Datos de carácter personal inscriptos en la Central de Riesgos ... establece que “ el derecho a la protección de datos personales es inherente a la ...

Derecho al olvido en Europa

2011-11-18T20:35:00.002-03:00

En Facebook lo pasado pisado

La Unión Europea se comprometió a reconocer la figura del "derecho al olvido" para Internet. De esta forma, y modificando su directiva de protección de datos, la UE tratará de terminar con un tema que suscitó distintos debates a lo largo de 2011 y por el que se generaron fuertes cruces con, sobre todo, las redes sociales como Facebook o Twitter.

Derecho al olvido en boletines oficiales en internet

2011-11-14T20:52:00.000-03:00

Derecho al olvido en boletines oficiales
diariojurídico.com
Consciente del hecho que la información no puede ser retirada de los Boletines Oficiales, la Agencia Española de Protección de datos propone la aplicación de medios técnicos que eviten que los buscadores puedan encontrar estos datos personales. ...

El derecho a "desaparecer de internet"

2011-11-11T20:31:00.000-03:00

Bruselas exigirá a Facebook que borre de verdad los datos al darse ...
La Vanguardia
La Comisión Europea exigirá a los principales portales de internet que gestionan información personal de los internautas, como la red social Facebook, que elimine los datos personales de los usuarios que se dan de baja en vez de conservar toda la ...
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Registro de huellas genéticas en Santa Fe

2011-11-05T14:10:00.000-03:00

Diputados aprobó el Registro Provincial de Huellas Genéticas ...
El Protagonista
... considerándose dato personal no sensible sujeto a contraprueba, por lo que el mismo deberá estar inscripto en el Registro creado por la Ley Nacional 25326, en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, para su efectivo contralor”. ...
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Expertos opinan sobre la garantía del derecho al olvido digital

2011-11-05T14:09:00.000-03:00

Debe garantizarse el derecho al olvido digital: expertos
Etcétera
Durante la 33ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el tema del derecho al olvido en el mundo digital fue abordado por ...
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Cuestionario de salud o intromisión a la privacidad de los pacientes?

2011-10-26T16:10:00.002-03:00

Un cuestionario con demasiada curiosidad
Página 12
Son datos sensibles y garantía constitucional hábeas data. Cuando podía atenderme en forma privada jamás me hicieron firmar un cuestionario, se conversa con el profesional en la intimidad del consultorio”, señaló la mujer.

Autos: A. V. C. c.Banco de Galicia y Buenos Aires SA. s/Hábeas Data

2011-10-14T20:48:00.008-03:00

Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Mar del Plata.

AUTOS: A. V. C. C/ BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. S/HABEAS DATA.

EXPEDIENTE Nº MP-27466-2010 .-

Mar del Plata, 07 de Octubre de 2011

AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas "A. V. C. C/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. S/ Habeas Data" Expte. Nº 27.466/2010, traídas a despacho a los fines del dictado de sentencia, y de las cuales;

RESULTA:

Que a fs. 13/21 se presenta el Sr. V. C. A., con el patrocinio letrado del Dr. Horacio Enrique Domínguez y con domicilio constituído en calle Lamadrid nro. 3064 de esta ciudad, promoviendo formal acción de Habeas Data conforme lo establece la ley 25.326, persiguiendo que el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. elimine, actualice o rectifique los datos suministrados y existentes en el informe comercial del actor, por considerar que el mismo resulta inexacto o desactualizado, conforme el art. 33 de la mencionada ley.-

En relación a la legitimación activa, apunta que lo habilita el art. 34 de la ley precitada, en cuanto resulta afectado por la errónea información suministrada por el Banco de Galicia y Buenos Aires. En relación a la legitimación pasiva, aduce que el Banco de Galicia y Buenos Aires resulta ser responsable de brindar la información incorrecta, en los términos del art. 35 de la ley de Hábeas Data.-

Luego se expide en relación a la competencia, y en cuanto a los hechos en que fundan su pedimento, sostiene que sorpresivamente lo anoticiaron en una cadena de electrodomésticos que se encuentra informado por el Banco Central de la República Argentina en situación 5 (deudor incobrable), de acuerdo a datos emergentes del Banco de Galicia y Buenos Aires.-

En tal sentido, destaca que jamás ha tenido relación comercial con la entidad mencionada, por lo que entiende que nunca podría deberle monto alguno, y relata que tal como se puede apreciar en los informes que se adjuntan a la demanda, por el período Abril de 2010 debía 1,4 expresado en miles, luego en el período Junio de 2010 la cifra ascendió hasta 3,7, y por último, en el mes de Agosto del año 2010 la cifra adeudada ascendió a $ 4.500.-

Refiere que tal como indica la ley de actualización de datos, remitió carta documento desconociendo cualquier relación contractual con la entidad en forma directa y/o indirecta, e intimando a la misma para que en el plazo perentorio previsto por el art. 16 de la ley 25.326 modifique de su base de datos el erróneo informe por el cual se encontraba como deudor en situación 5, así como también requiriéndole que se abstenga de continuar informándolo como deudor.-

Agrega que el banco demandado nunca contestó la intimación e hizo caso omiso a la carta documento, y que no sólo nunca lo eliminó de la base, sino que aumentó en forma considerable mes a mes la deuda, como si se tratara de un crédito a plazo o cuotas que se vencen, circunstancia que le produjo un perjuicio de gran magnitud.-

Sostiene que la demandada se encuentra reproduciendo una información que no es correcta, por lo que entiende que deberá indicar el motivo o causa de donde proviene el informe, conforme lo establece el art. 39 de la citada normativa.-

Considera además que la entidad accionada no ha tomado los recaudos necesarios y ha reproducido una información inexistente sin fundamento fáctico, en virtud de que sostiene que ninguna relación lo une con el banco demandado. Asimismo, entiende que existe un "uso arbitrario" de la información, cita jurisprudencia, funda en derecho y se expide en relación a las costas.-

Por último, concluye requiriendo que se ordene la rectificación de los datos obrantes en los Organismos de Informes Comerciales.-

Que a fs. 34 se ordena el traslado de ley según las normas del proceso sumarísimo (vgr. arts. 496 y concdtes. del C.P.C.C.).-

Que a fs. 110/111 se presenta el Dr. Ricardo Mariano Napp, en su carácter de letrado apoderado del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (conforme surge de la copia de poder general instrumentado en la ciudad de Buenos Aires, mediante Escritura Nº 1.531 por ante el Notario Enrique Fernandez Moujan con fecha 4 de septiembre de 2006 -ver fs. 94) y constituyendo domicilio procesal en calle Santa Fe nro. 2709 de esta ciudad, contestando la demanda interpuesta en contra de la entidad bancaria y solicitando su íntegro rechazo, con costas a cargo de la contraria.-

Inicialmente, produce negativas generales y reconoce que su mandante informó al actor como deudor del sistema financiero al B.C.R.A. y, particularmente, niega que se le haya ocasionado perjuicios al actor, ni que existiera conducta que permita endilgar responsabilidad a su mandante.-

Aclara que la entidad bancaria no informa a Organización Veraz sobre la situación crediticia de sus clientes, sino que en cumplimiento de una obligación legal -Comunicación A 3360- debe plasmar en su informe mensual la realidad crediticia de todos sus deudores e informarlo al B.C.R.A.-

Manifiesta que de allí toman información las bases de datos que se dedican a suministrar informes sobre riesgo crediticio, razón por la cual entiende que su mandante cumplió con la obligación legal.-

Sostiene que en el particular el actor es deudor de Tarjetas del Mar S.A., entidad ésta que se encuentra vinculada con el Banco demandado, y que mantiene un saldo impago de la tarjeta de crédito Mira Nº 4210240000479089, por lo que aduce que en cumplimiento de las normas citadas su mandante ha informado al respecto al B.C.R.A..-

De igual manera, niega específicamente que la deuda haya ascendido mágicamente como plantea la actora, expresando que lo que se está informando resulta ser el estado crediticio de la persona para con el grupo, es decir, que informan los distintos productos que mantiene con el Banco de Galicia, con Tarjetas del Mar o Tarjeta Naranja, y agrega que lo mismo pasa con la información brindada por el Bco. Columbia y el Standard Bank que surge del informe de Organización Veraz.-

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, pone en conocimiento que al día de la fecha, el actor ya ha sido dado de baja en los informes de Organización Veraz, razón por la cual sostiene que la presente demanda carece de sentido práctico, por lo cual solicita su rechazo, con costas.- Por último, ofrece prueba.-

Que a fs. 116 el Sr. V. C. A., con el patrocinio letrado del Dr. Horacio Enrique Dominguez, advierte como hecho nuevo que conforme surge del informe adjuntado por el Banco de Galicia y Buenos Aires, la mora por la deuda de tarjeta de crédito Mira es del año 2001, con lo cual considera zanjada cualquier discusión al respecto, entendiendo innecesaria la producción de prueba alguna para probar desde cuándo comienza a contarse el plazo del art. 26 de la ley 25.326.-

Explica que en el caso se dio por cumplido el plazo de cinco años que prescribe la ley para mantener vigente un informe comercial, y refiere que sin perjuicio de lo expuesto no deja de resultar extraña la explicación que realiza la demandada respecto de que es lo mismo a los efectos evaluar la calificación crediticia de las distintas empresas que en teoría pertenecerían al grupo financiero Galicia y que ello daría derecho a informarlo como deudor en categoría 5 arrastrando a todos los cumplimientos en forma correcta, en la medida que considera que esta explicación carece de sentido común, amén de que se encuentra en contradicción con la ley de fondo y los principios básicos del derecho, ya que según se informa por la deuda, no se inició acción judicial, encontrándose según los plazos de la ley específica prescripta, y por lo tanto, se da otro de los supuestos contemplados en la ley 25.326, como resulta ser el "derecho al olvido".-

Que a fs. 117vta. -ap. V- se ha dispuesto el traslado a la contraria del hecho nuevo alegado, el cual mereciera el conteste por parte del Banco de Galicia y Buenos Aires a fs. 118, expresando que su parte nada tiene que agregar al respecto.-

Que a fs. 122/123 se ha resuelto admitir el hecho nuevo alegado por la actora.-

Que a fs. 139/141 el Dr. Horacio Enrique Dominguez en carácter de letrado apoderado del Sr. V. C. A. (conforme surge de la copia de poder general instrumentado en la ciudad de Mar del Plata, mediante Escritura Nº 135 por ante el Notario Gabriel Enrique Santiago con fecha 24 de junio de 2011 -ver fs. 134/135), alega la existencia de un hecho nuevo que entiende pone fin a la litis trabada en autos, haciendo innecesaria la producción de la prueba y considerando que el objetivo del proceso ha encontrado solución.-

Al respecto, adjunta documentación y explica que la empresa Banco de Galicia y Buenos Aires ha cesado de informar como deudor al actor de autos, extinguiendo de esta forma el objeto del presente proceso.-

Manifiesta que la nueva posición asumida por la demandada no la exime del pago de las costas, atento que la misma reconoció en el presente proceso mediante un oficio dirigido al Bco. de Galicia que la deuda informada correspondía al año 2001.-

Agrega que por algún fundamento contable que se desconoce, actualmente la actora aparece informada en la categoría 1 cuando en realidad, considera que no debe ser informada.-

Por último, solicita se tenga por extinguido el proceso, condenándose en costas a la demandada por su accionar tardío y obstruccionista, y por haber provocado con su conducta el inicio de las presentes actuaciones.-

Que a fs. 142 -ap. II- se ha dispuesto el traslado del hecho nuevo detallado en el “resultando” que antecede, expresando la demandada al respecto que su parte nada tiene que agregar en relación al mismo, pero aclara que en modo alguno consiente la imposición de costas pretendida por la actora.-

Que a fs. 145 segundo párrafo se ha admitido la incorporación del hecho nuevo referenciado, a fs. 147vta. -ap. III- se ha declarado la cuestión como de puro derecho y para resolver con las constancias del expediente ante la inexistencia de hechos suceptibles de comprobación, y a fs. 154 se ha dictado el llamamiento de autos para dictar sentencia, providencia que al día de la fecha se encuentra firme, y;

CONSIDERANDO:

I. Encuadre jurídico:

Como punto de partida y dadas las particularidades expuestas en la demanda, deviene oportuno expedirme en este apartado respecto del encuadre jurídico que corresponde atender en el exámen de la litis aquí planteada.-

Así pues, frente a las alegaciones brindadas por la parte accionante en su líbelo inicial, es menester encausar el reclamo dentro del instituto previsto en el tercer párrafo del art. 43 de la Carta Magna, en tando se requiere que se ordene judicialmente eliminar, actualizar o rectificar los datos suministrados y existentes en su informe comercial, al haber sido informado por el Banco Central de la República Argentina en la calificación "5" (deudor incobrable), con motivo de una deuda existente con el Banco Galicia y Buenos Aires S.A.-

Al respecto, el párrafo tercero del art. 43 de la C.N. expresamente dispone que "toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad , que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos".-

Por su parte, el art. 16 inc. 1 de la ley 25.326 (modif. por ley 26.343 public. 09/01/2008) prescribe que "Toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y cuando corresponda suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que estén incluídos en un banco de datos."

Así también, el art. 33 inc. b) de la misma ley establece que "La acción de protección de los datos personales o de hábeas data procederá: (...) en los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata, o el tratamiento de datos cuyo registro se encuentra prohibido en la presente ley, para exigir su rectificación, supresión, confidencialidad o actualización" (véase asimismo Ley Provincial 14.214, reglamentaria del proceso constitucional de habeas data reconocido en el art. 20 inc. 3 de la Constitución Provincial).-

Desde esta perspectiva y con un adecuado criterio hermenéutico, fácil es colegir que en nuestro derecho el habeas data tiene dos momentos o etapas. Una primera, que se refiere al acceso a la información con la que cuenta determinada base, mientras que la segunda, opera eventualmente y con posterioridad a la confirmación de que los datos de mención son falsos o discriminatorios, y está destinada a lograr su corrección, rectificación, su sometimiento a secreto, o directamente, a obtener la supresión del dato falso o discriminatorio (Palazzi, Pablo A., "El Habeas Data en el derecho Constitucional Argentino"; en Gozaini, Osvaldo A., "La defensa de la intimidad y de los datos personales a través del habeas data" 2001, Ed Ediar, p. 26 y ss.).-

En el segundo supuesto, pues, se busca eliminar el dato erróneo, sea falso o discriminatorio, toda vez que afecta la veracidad, la igualdad y puede lesionar derechos de jerarquía constitucional (art. 43 C.N.; 20 inc. 3 Const Pcial., arts, 15, 16 y concs. de la ley 23326, Excma. Cámara Dptal, Sala 2, Ac. "Toyos Pittelli Omar y otros c/ Citibank N.A. s/ Habeas data", del 9-4-2002).-

Conforme lo expuesto, puede decirse que la procedencia de la acción queda supeditada a la condición de que previamente se acredite que el dato que se intenta eliminar es falso o, en su caso discriminatorio, y en este cuadro de situación el interesado debe demostrar los extremos fácticos en que asienta su pretensión, ya sea que el dato es falso o que tiene potencialidad discriminatoria.-

II. Abstracción de la litis:

Ahora bien, introduciéndome al "sub examine" desde la óptica del régimen legal apuntado, es posible adelantar que el "thema decidendum" ha caído en abstracto en la actualidad, en la medida que la entidad bancaria ha informado en el conteste de demanda que "al día de la fecha, el actor ya ha sido dado de baja en los informes de Organización Veraz, razón por la cual la presente demanda carece de sentido práctico", extremo éste que ha sido confirmado por la contraria, al haber expuesto como hecho nuevo en la presentación obrante a fs. 116 y 139/141 que "...vengo a manifestar la existencia de un hecho nuevo que pone fin a la litis trabada haciendo innecesario la producción de prueba, atento que el objetivo del proceso ha encontrado solución. Surge de la página del Banco Central que la empresa BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. ha cesado de informar como deudor al actor de autos a esta fuente de información pública, extinguiendo de esta forma el objeto del presente proceso" (v. fs. 139 y 139 vta.)" .-

Como puede desprenderse de lo enunciado, no existe margen a dudas respecto a que las partes se encuentran contestes en que el objeto del pleito ha perdido virtualidad al día de la fecha, en la medida que se han extinguido los fundamentos que dieran basamento al mentado reclamo, quedando sin utilidad práctica ("interés") una decisión al respecto (arts. 163 inc. 4, 5 y 6 del CPCC).-

En tal sentido, puede decirse que es sabido que la realidad del tráfico litigioso es fluyente, abierta y dinámica, y de allí que es factible que el tiempo tenga incidencia en ese acontecer, operando sobre el conflicto que se dilucida. Así pues y conforme ha sido adelantado, es menester destacar que en el caso el interregno temporal habido entre la interposición de la demanda y la actualidad ha hecho eco en el tema a decidir, pues se ha proyectado directamente sobre las circunstancias fácticas que dan basamento a la contienda, tornándola abstracta desde todo punto de vista.-

De allí he de concluir que la supresión de la supresión de los datos suministrados se trata de un hecho modificativo que torna abstracta la actuación de la pretensión procesal deducida, por lo que este resolutorio, en su faz decisional, se caracteriza por su abstracción (v. PALACIO, "Derecho Procesal Civil", Tomo V, pág. 438, núm. 663, literal A, subliteral "d"; etc.).-

Ergo, si la cuestión principal a resolver tornose abstracta, no cuadra pronunciarse sobre la fundabilidad de la pretensión, concorde a secular doctrina de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues los jueces deciden colisiones efectivas de derechos, y la desaparición de la finalidad del litigio constituye un requisito jurisdiccional que incumbe comprobar de oficio (v. "Fallos", 257:227; Cfr. Cam. Apel. Mar del Plata, Sala Primera, causas nº 126.053, sent. del 18-09-03; nº 125.270, sent. del 23-09-03; etc.).-

De esta manera y en trance de decidir, debo prescindir en definitiva de pronunciarme respecto de la acción de habeas data incoada, pues estimo que la predicha pretensión carece ya de causa (art. 499 del Código Civil) que habilite el dictado de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto (arts. 166 inc. 6 del CPCC), restando sólo expedirme en relación a las costas causídicas del presente procedimiento, único tópico que se mantiene controvertido.- III. Tratamiento de las costas causídicas del proceso:

En esta materia, he de señalar que cuando el objeto litigioso ha perdido pendencia, la jurisprudencia ha considerado como principio general que las costas deben imponerse en el orden causado, porque no se decide sobre el fondo del asunto y la declaración de abstracción es una decisión oficiosa del tribunal, por lo que no existe parte vencido (CC0101 MP 125966 RSI-1398-3 I 30-10-2003, in re "García Fernández, Gerardo c/ Luis, Fiorentini e hijos SACIF s/ Cobro Ejecutivo"; CC0101 MP 128599 RSI-193-5 I 8-3-2005, in re "Vicenzi, Juan y Vicenzi Walter c/ Maleh, Juan Marcelo s/ Pago Por Consignación"; CC0102 MP 100360 RSI-151-97 I 20-3-1997, in re "Banco Cooperativo de Caseros Limitado c/ Gonzalez, Nestor Hugo s/ Ejecución"; CC0101 MP 113960 RSI-315-3 I 27-3-2003, in re "Banco Río de la Plata S.A. c/ Martínez, Oscar E. y Ot. s/ Ejecución Hipotecaria"; arts. 68 y concs. del CPCC; SCBA, ac. 10/12/08, in re "Silva, Diego c/ Veraz S.A. s/ Amparo, c. 92.436).-

Sin embargo, no debe extenderse indiscriminadamente tal solución en todos los casos, en tanto es posible que la aplicación del principio de imposición de costas por su orden pueda derivar en arbitrariedad, motivo por el cual será razonable examinar en cada caso particular las causas que condujeron a ese desenlace (abstracción) y las circunstancias en que tuvo lugar, como así también la medida en que la conducta de cada una de las partes influyó para que la controversia finalizara de esa forma.-

Debe entenderse que el principio objetivo de la derrota no implica una suerte de penalidad para el litigante vencido, sino que tiene por objeto resarcir a la contraria de los gastos en que su conducta lo obligó a incurrir, y de allí que los gastos causídicos importan sólo el resarcimiento de las erogaciones que la parte debe o ha debido efectuar a fin de lograr el reconocimiento de su derecho, de manera que es la actuación con derecho la que da verdadera objetividad a su imposición (cfr. Palacio, L., "Derecho Procesal Civil", T. I, pág. 290), impidiéndose de ese modo que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en un daño de quien se ve constreñido a accionar o a defenderse en juicio para pedir justicia (cfr. Chiovenda, "Ensayos de Derecho Procesal Civil", trad. de Sentís Melendo, T. II, pág.5, citado por Cám. Nacional Apel. Federal., Sala 1, causas nº 5565/98 del 29-12-98, 3223/00 del 7-9-2000 y 7337/99 del 5-10-2000; Sala 2, causa nº 7332/01 del 9-5-2002).-

En este orden de ideas, es posible señalar que en el "sub examine" la abstracción de la litis no se ha producido por motivos ajenos a la voluntad de los litigantes, supuesto que tornaría aplicable el principio general "ut supra" apuntado, sino que surge claramente de las constancias de autos que ha sido la demandada quien obligó al accionante a iniciar el juicio como único medio para obtener el reconocimiento de su derecho, y de allí que sea el Bco. de Galicia y Buenos Aires S.A. quien deba cargar con las costas causídicas, por haber sido el único responsable de que las mismas se hayan generado.-

A tal efecto, cabe observar en primer lugar que el actor ha interpelado extrajudicialmente a la entidad bancaria por carta documento a que modifique de su base de datos el informe por el cual se encontraba en situación 5 y a que se abstenga de continuar informándolo como deudor, habiendo sido recibida la misma en fecha 24 de agosto del año 2010 (v. fs. 8 y 9), cumpliendo de este modo con el requerimiento exigido por el art. 16 de la ley 25.326 (mod. por ley 26.343).-

No obstante lo anterior, puede advertirse que no ha mediado respuesta de parte de la entidad bancaria ante la mentada interpelación, por lo que el afectado se ha visto habilitado por ley a promover la acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en el cuerpo legal citado (art. 16 inc. 3; véase asimismo art. 5 de la ley provincial 14.214, reglamentaria del proceso constitucional de habeas data reconocido en el art. 20 inc. 3 de la Constitución Provincial), vía que ha sido instada en fecha 09 de noviembre del año 2010 (v. fs. 21vta.), es decir, luego de vencido el plazo de interpelación reglado por el inc. 2 del art. 16 de la ley 25.326 (mod. por ley 26.343).-

Puede observarse asimismo, que de los informes brindados por el BCRA obrantes a fs. 10, 11 y 12 (expedidos en fechas 01/11/10, 27/9/10 y 21/7/10) emerge que los datos existentes en el registro de deudores no habían sido suprimidos o modificados en forma previa a la interposición de la demanda, dado que el Sr. V. C. A. continuaba informado por el Bco. de Galicia y Buenos Aires S.A. en "situación 5".-

Bajo estas circunstancias se ha instado la presente acción judicial, de donde se puede advertir que la entidad bancaria ha reconocido en su conteste de demanda que informó al actor como deudor del sistema financiero (v. fs. 110 último párrafo), aduciendo que el nombrado es deudor de Tarjetas del Mar S.A. y que dicha entidad se encuentra vinculada al Bco. de Galicia y Buenos Aires S.A., así como también con Tarjeta Naranja, y explicando que han comunicado los distintos productos que el actor mantiene con todas las entidades vinculadas (art. 354 inc. 1 y ccdtes. del CPCC).-

Sin embargo y como apuntara párrafos atrás, de seguido refiere el demandado que al día de contestación de la demanda el actor ha sido dado de baja en los informes de Organización Veraz, situación que resulta en todo aspecto contradictoria con lo argumentado en el resto de la réplica que ha sido explicado.-

De allí que existe una clara contradicción, pues mientras que por un lado se sostiene que la entidad bancaria ha cumplido con una obligación legal de informar ante el estado de la deuda mantenida por el Sr. V. C. A., por el otro indica que ha sido excluído de los registros, sin siquiera mencionar los motivos que han derivado en su exclusión, evidenciando tal actitud una aceptación de la legalidad y oportunidad del reclamo impetrado (art. 354 inc. 1 y ccdtes. del CPCC).-

En síntesis, la abstracción de la materia a decidir ha sido derivación directa de la conducta desplegada por la entidad bancaria, quien arbitró los medios para corregir los registros después de iniciada la presente acción y desoyendo la interpelación extrajudicial efectuada, de lo que se sigue que la nombrada resulta ser la única responsable de que la litis arribara a esta sede jurisdiccional, debiendo por ello cargar con las costas causídicas del presente procedimiento.-

De igual manera, no puedo dejar de observar en este punto que los informes y documental aportados por la entidad financiera demuestran que la registración del actor encontraba su causa en una deuda cuya fecha de inicio de la mora se ubica en el día 12/10/2001 (v. fs. 35, 38/91, y 95), habiéndose violado de esta forma el límite temporal acotado (5 años) para la conservación de los datos comerciales, caracterizado como "derecho al olvido", que tiene base en derecho comparado y que ha sido consagrado en el inc. 4 del art. 26 de la ley 25.326 (reglamentada por Decreto 1558/2001; mod. por ley 25326).-

Así también he de agregar que la deuda no ha sido generada como producto de una contratación celebrada con el Bco. de Galicia y Buenos Aires S.A., sinó con la firma Tarjetas del Mar S.A., no habiendo la accionada acreditado en modo alguno la existencia de un grupo económico que justifique que el Bco. de Galicia y Buenos Aires S.A. se encontraba obligada legalmente a producir la información brindada (según Comunicación "A" 3360).-

Léase que todas estas argumentaciones se insertan dentro de los márgenes de razonabilidad y legalidad tolerados, por cuanto, aun cuando no puede hablarse en rigor de condición de vencida de la demandada, por haberse tornado abstracta la controversia, el examen de los hechos habidos y del comportamiento de las partes en forma anterior y posterior al inicio de la acción constituye base suficiente para validar la decisión adoptada.-

Por supuesto, debe quedar en claro que no se trata de quebrantar la regla inveterada de que las costas se imponen por su orden cuando la materia ha quedado sustraída por una causa exógena a la voluntad de las partes, pero debe recalcarse que las especiales características del juicio hace que el Juzgador deba atender al imponer los gastos del juicio a la causa y razón de ser de la promoción del litigio, a las condiciones de concertación, y muy especialmente, al comportamiento y a la conducta asumida por las partes en el desarrollo del proceso (cfr. Gozaíni, Osvaldo A., "Costas Procesales", Ed. Ediar 1991, pág. 431 y s.s.).

Conforme lo anterior y en definitiva, encuentro ajustado a derecho que las costas sean impuestas en su totalidad a la parte demandada (arts. 68, 69, 71 y ccdtes. del CPCC).-

IV. Base regulatoria:

Siendo que el objeto expuesto en la demanda consiste en la eliminación, actualización, o rectificación de datos suministrados a los registros de deudores, cabe precisar que la acción carece de contenido económico (v. en similar supuesto CC0102 MP, 78.112, resol. del 21-II-1991).-

Conforme lo anterior, considero que para la justipreciación de la tareas profesionales cumplidas, deben adoptarse las pautas conferidas por los arts. 16 y 28 de la ley 8904, además de evaluarse los intereses comprometidos en la misma y las tareas desarrolladas en cada caso particular.-

Por todo lo indicado, citas legales y jurisprudenciales, y lo dispuesto por el art. 163 del C.P.C., FALLO:

1) Declarando abstracto la pretensión incoada por el Sr. V. C. A. contra el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., tendiente a eliminar, actualizar o rectificar los datos suministrados en el informe comercial del actor;

2) Imponer las costas a la demandada, de conformidad con lo resuelto en el "considerando tercero" (arts. 68, 69, 71 y ccdtes. del CPCC);

3) No resultando el presente caso susceptible de apreciación pecuniaria, siguiendo las pautas expuestas en el considerando IV, se regulan los honorarios del Dr. HORACIO ENRIQUE DOMINGUEZ (CUIT xxxxx) -en su carácter de letrado patrocinante y luego apoderado a partir de fs. 134 de la parte accionante - en las suma de pesos xxxx ($ xxxxx), y a favor del Dr. RICARDO MARIANO NAPP(CUIT 20-12516798-6) -por su actuación en calidad de apoderado de la parte demandada- en la suma pesos xxxx ($ xxxx) (arts. 10, 12, 13, 14, 16, 28 y ccdtes. de la ley 8904). Asimismo, por la incidencia resuelta a fs. 122/3 y tomando iguales párametros que los "ut supra" explicitados, regúlanse los honorarios del Dr. HORACIO ENRIQUE DOMINGUEZ en la suma de pesos xxxx ($ xxxx), y a favor del Dr. RICARDO MARIANO NAPP en la suma de pesos xxxxx ($ xxxx) (arts. 10, 12, 14, 16, 28, 47 y ccdtes. de la ley 8904); en todos los casos con más los aportes de la ley 6716 e Iva en el caso de tratarse de profesionales inscriptos en tal impuesto (arts. 3 inc. e, 10, 11, 37 y 38 de la ley 23349 modif. por ley 23871; art. 21 ley 6716 t.o. por dec.ley 4771/95; arts. 154 y 155 de la Disposición Normativa B-1/95 de la Dirección General de Rentas;

4) REGISTRESE - NOTIFIQUESE por Secretaría (art. 483 del CPCC).-

Luis Diego Benvenuto Vignola

Juez Civil y Comercial

Juzgado Civil y Comercial Nº 3

Este fallo fue cedido por el Dr. Horacio Enrique Domínguez, a quien agradecemos su gentileza.

Mesa redonda sobre Protección de Datos Personales -Ausbanc Internacional-

2011-10-10T16:01:00.001-03:00

Mesa redonda: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Participantes de la Mesa Redonda "Protección de Datos Personales". De derecha a izquierda: Isabel Davara, Francisco Mantilla (Moderador), ´María Mateos, ...

Ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de protección de datos personales en Santa Fé

2011-10-08T10:02:00.002-03:00

Proyecto sobre la protección de los datos personales
Agencia Fe
La diputada Alicia Gutiérrez (SI) ingresó ayer a la Cámara de Diputados de la provincia el proyecto de Ley sobre Protección de los Datos Personales o Habeas Data. Por el mismo toda persona física o jurídica puede interponer acción de Hábeas Data, ...

La Corte Constitucional avaló la ley de hábeas data en Colombia

2011-10-08T09:59:00.001-03:00

Ley de Habeas Data pasa examen en Corte Constitucional
Radio Nacional de Colombia
Aunque declaró inexequibles tres artículos, la Corte Constitucional, avaló la Ley de Habeas Data que entrega beneficios a los deudores morosos reportados en las centrales de riesgo de entidades financieras. La norma examinada por segunda vez por el ...
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Funcionamiento de los ficheros de morosidad en España

2011-09-29T18:02:00.000-03:00

Ficheros de morosidad: ¿Cómo se puede salir de ellos?
ecodiario
Siempre que lo desee el afectado puede solicitar al responsable del tratamiento del fichero de morosos sus datos personales, las evaluaciones y apreciaciones que le hallan sido hechas en los últimos 6 meses, así como el nombre o entidad a quienes se ...

Buscan Tipificar Delitos Sexuales Hacia Menores Vinculado con Internet

2011-09-27T10:31:00.000-03:00

Buscan Tipificar Delitos Sexuales Hacia Menores Vinculado con Internet

En el día de hoy, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado Nacional analizará dos proyecto de ley que contemplan la tipificación de los delitos sexuales hacia menores relacionados con el uso de Internet, conocido como “grooming”.

Una de las iniciativas presentada por la senadora María José Bongiorno, establece la pena de reclusión o prisión de tres a diez años para los que “utilizando medios electrónicos, perturbaren a menores de 18 años con fines de someterlos sexualmente”.

A través de un comunicado, la legisladora remarcó que “el proyecto tiene como objeto la tipificación de lo que hoy se conoce como ‘grooming’, que consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto, de cara a establecer lazos de amistad con un niño en Internet, con la intención de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor, o incluso como preparación para un encuentro sexual, posiblemente por medio de abusos”.

En tal sentido, la senadora agregó que “el uso responsable de la tecnología es también una manera de hacer de ella una utilización a conciencia de sus beneficios, sin dejar de lado los limites necesarios para su aprovechamiento, tanto en la faceta social como laboral”, según publicó Parlamentario.com.

Cabe remarcar que la otra iniciativa que será debatida fue presentada por los senadores Carlos Verna y María Higonet.

Por Abogados.com.ar

Procedencia de hábeas data contra obra social

2011-09-17T14:01:00.003-03:00

Determinan Procedencia de Hábeas Data para Obtener de una Obra Social la Entrega de Informes Médicos Realizados por Clínicas Prestadoras

Al hacer lugar a una acción de hábeas data iniciada para que una obra social entregue al actor informes de índole médica elaborados por dos clínicas prestadoras en virtud de las denuncias de las denuncias de la actora, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal entendió que no se configuraba el riesgo de divulgar información secreta ante extraños, debido a que la información médica que estos instrumentos contengan están referidos a los demandantes y sólo se pondrán en conocimiento de las personas involucradas en el caso.

En el marco de la causa “C. M. E. y otro c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ hábeas data”, el juez de primera instancia había hecho lugar a la acción presentada, ordenando a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación entregar las copias oportunamente solicitadas por la parte actora.

La resolución había sido apelada por la demandada, quien alegó que el magistrado de grado omitió considerar que los informes requeridos no habían sido confeccionados por ella sino por las clínicas “Proesa” y “Atenea”, por lo que otorgar la vista reclamada implicaba la violación del secreto médico, sin que exista una causal justificada que la releve de esa obligación.

A su vez, la recurrente sostuvo que de haber existido causas “morales”, deberían haber sido analizadas y evaluadas por quienes emitieron los informes, agregando que éstos fueron enviados en sobre cerrados, por lo que controvirtió su legitimación pasiva, atribuyéndola a los profesionales aludidos.

Al analizar el recurso presentado, los jueces de la Sala II entendieron que la negativa de la recurrente “no está suficientemente justificada, ya que si bien es cierto que se reclama el acceso a informes que están dirigidos a la obra social, el origen de tales documentos está en los requerimientos que ese ente formuló ante los prestadores en virtud de las denuncias y quejas de la coactora C”.

En tal sentido, los magistrados señalaron que “es dable estimar que la información de índole médica que esos instrumentos contengan estará referida a los demandantes; y dado que lo que dichos profesionales hayan manifestado sólo se pondrá en conocimiento de las personas involucradas en el caso, no se configura el riesgo de divulgar información secreta ante extraños”, por lo que “no es posible considerar que asiste razón a la apelante cuando afirma que estaría revelando el secreto profesional concerniente a terceros”.

En la sentencia del 28 de abril pasado, los jueces remarcaron al confirmar el pronunciamiento apelado que “si bien es cierto que -al menos en el plano teórico- existía la posibilidad de que la petición fuera planteada ante quienes elaboraron los informes, ello no puede erigirse en obstáculo a la pretensión”.

Por último, con relación a las costas, los jueces consideraron que correspondía distribuirlas en el orden causado, ya que “la caracterización de los documentos en cuestión como información amparada por el secreto médico no resulta desatinada en función de los antecedentes del caso; incluso el sobre cerrado que contiene una de esas piezas ostenta una leyenda que así lo indica”.

Por Abogados.com.ar

Robo de Datos por Internet

2011-09-15T19:17:00.003-03:00

Proponen que el Robo de Datos por Internet Se Prevea en el Código Penal de la Nación

En el Senado Nacional, fue presentado un proyecto de ley que propone que la sustracción de datos personales a través de Internet constituya un delito autónomo dentro del Código Penal, contemplando sanciones que podrían llegar hasta los dos años de prisión.

El proyecto de ley fue presentado por los senadores pampeanos María Higonet y Carlos Verna, quienes procuran regular en el plano nacional un delito que ya se encuentra legislado internacionalmente.

La iniciativa contempla modificar el artículo 157 bis del Código Penal en lo vinculado a la sustracción de datos personales, con el fin de que se reprima la conducta de quien engañe, por cualquier medio, a otro para obtener indebidamente datos personales, financieros o confidenciales.

Específicamente, el comportamiento que los senadores pretenden encuadrar es la utilización del método conocido como phishing, que consiste en engañar al usuario de Internet para que crea que opera dentro de un sitio seguro de su entidad financiera y, así, revele una serie de contraseñas, números de tarjetas de crédito, o cualquier tipo de información bancaria que luego serán utilizadas para defraudar.

De esta manera, se sugirió la sanción por medio de multas que van desde $10.000 hasta $100.000 , o bien, penas que irían de un mes hasta dos años de prisión a quien “mediante cualquier forma de ardid o engaño, indebidamente obtuviere o captare datos personales, financieros o confidenciales”, según la redacción propuesta por el proyecto.

Asimismo, uno de los propulsores de la iniciativa, el senador Higonet, consideró que “es necesaria la tipificación de esta conducta por ser la raíz y el acto preparatorio de otro tipo de delitos vinculados al fraude electrónico, como la transferencia de activos de cuentas bancarias, acceso indebido a casilla de correos electrónicos y diversos delitos relativos al robo de identidad”.

Por Abogados.com.ar

Capacitación en la Universidad de la Patagonia

2011-09-14T18:25:00.000-03:00

Advierten sobre delitos informáticos en redes sociales y páginas ...
Diario de Madryn
Una gran cantidad de alumnos y profesionales del Derecho, asistieron a una charla de capacitación sobre “Protección de Datos Personales; Delitos informáticos relacionados, Responsabilidad civil, Las redes sociales y el régimen de protección de los ...

XV CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO E INFORMATICA

2011-09-10T15:58:00.004-03:00

Para una completa información ingrese a la página

Fallo CCyCF, Sala II: D.M.P. c/Estado Nacional s/hábeas data

2011-08-28T22:44:00.003-03:00

Fallo CCyCF, Sala II: D.M.P. c/Estado Nacional s/Hábeas Data

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011.
VISTO: el recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 198/200, que contó con la réplica de fs. 210, contra la sentencia de fs. 194/196; y CONSIDERANDO:
1) Que el señor juez desestimó la acción de habeas data incoada por D. M. P., con costas en el orden causado.
Al apelar esa decisión, el actor destacó que el a quo reconoció que la demandada asignó igual número de documento nacional de identidad a dos personas distintas, debiéndose analizar si lo que el juzgador denominó "desajuste administrativo" implica un acto arbitrario, y en tal caso si existen otras vías para hacer cesar sus efectos. Dijo que los individuos no cuentan con las herramientas necesarias para solucionar tales situaciones por sí, añadiendo que la inexactitud de la información surge de la circunstancia de que diferentes personas están identificadas con el mismo número de documento. Destacó además que el propio magistrado pudo advertir la gravedad del caso, exhortando a la demandada a arbitrar los medios necesarios para clarificar la cuestión.
Aun cuando no se corrió traslado de ese escrito, el Estado Nacional presentó la contestación obrante a fs. 210, acompañando en esa oportunidad las fotocopias certificadas que se encuentran agregadas a fs. 206/209.
2) Que inicialmente es preciso recordar que -como lo destaca el señor Fiscal General- los jueces deben atender a las circunstancias existentes al tiempo de pronunciarse y sus consecuencias sobre el conflicto sometido a su decisión, de acuerdo con conocida jurisprudencia citada a fs. 216 vta.
En función de ello y de lo que surge de la resolución que en copia certificada obra a fs. 208/209, es claro que la cuestión principal se ha tornado abstracta. En efecto, por resolución emanada de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas se dispuso la rectificación del número 30.132.000 en la identificación del señor D.A.M. -a quien le corresponde el número 30.133.000-, así como "declarar la plena vigencia de la identificación Nº 30.132.000 a nombre de D.M.P."
De este modo, la autoridad con competencia en el área ha adoptado las medidas del caso para dar solución al error que motivó el reclamo; y lo que es relevante en cuanto aquí interesa es que ese acto administrativo satisface la pretensión deducida en autos, al confirmar que el número de documento nacional de identidad que corresponde al actor es el que consta en su partida de nacimiento.
3) Que en lo concerniente a las costas del proceso, no es posible soslayar que en la génesis del caso medió un error del demandado que dio lugar a que dos personas distintas tuvieran sus respectivos documentos de identidad con idéntica numeración. Desde esta perspectiva, estima el Tribunal que la pretensión deducida en autos no excede el ámbito previsto para la acción deducida, pues la mera existencia de la duplicidad mencionada en el párrafo precedente implica una situación irregular que el actor -como lo destaca en su recurso- no podía solucionar por sus propios medios. En este orden de ideas es dable recordar lo expresado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Carlos S. Fayt en la causa "Ganora Mario Fernando y otra s/ habeas corpus" (Fallos:322:2139), al sostener que la protección legal que establece el habeas data se dirige a que el particular interesado tenga la posibilidad de controlar la veracidad de la información que lo involucra.
Va de suyo que si un ciudadano consulta el padrón electoral y encuentra que bajo el número de documento que tiene en su poder aparecen un nombre y apellido que no son los suyos resulta evidente que en algún punto existen datos incorrectos; y dado que ante la mera presunción de inexactitud de la información la ley 25.326 contempla la procedencia de la acción (confr. art. 33), se debe concluir en que el planteo del demandante resultó adecuado a la situación fáctica descripta.
Por consiguiente, sin perjuicio de la conclusión establecida en el considerando que antecede en lo relativo al fondo del asunto, las costas del proceso deberán ser soportadas por el Estado Nacional, ya que fue su actividad defectuosa lo que generó tal situación. Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General, SE RESUELVE: modificar la sentencia apelada, declarando abstracta la cuestión sustancial e imponiendo a la demandada las costas del proceso en ambas instancias. Por las tareas de alzada, teniendo en cuenta la entidad y el resultado obtenido, fijase los honorarios del letrado patrocinante del actor, Dr. David Efraín Villarreal, en la suma de ($.) (arts. 6 y 14 de la ley 21.839, texto según ley 24.432).
El señor juez de Cámara Dr. Alfredo Silverio Gusman no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
RICARDO VICTOR GUARINONI.

SANTIAGO BERNARDO KIERNAN

Algunos consejos para que tu información esté protegida

2011-07-09T14:05:00.001-03:00

¿Su información está a salvo? ElHeraldo.hn Los expertos también aseguran que cuando recibe correos fraudulentos de supuestos bancos o empresas que lo invitan a enviar datos personales, es porque algo anda mal. Pablo Ramos, especialista de Awareness & Research de ESET Latinoamérica, ...

El Congreso de Perú aprobó la ley de datos personales

2011-06-24T18:56:00.002-03:00

CONGRESO APROBÓ LEY DE DATOS PERSONALES Perú al día El Congreso de la República aprobó la Ley de Datos Personales, esta ley tiene como finalidad garantizar el derecho de las personas a la protección de sus datos personales y prohíbe la captura de datos de forma fraudulenta y sin consentimiento, ...
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El "derecho a ser olvidado"

2011-06-18T15:00:00.002-03:00

75% de los europeos quieren ser olvidados en internet La Primera Plana Europeos reclaman el derecho a obtener datos personales que depositan en redes sociales y otro sitios, ya que les preocupa la forma en la que puede ser utilizada esta información. El “derecho a ser olvidado” es el nombre que se le ha dado a la acción ...
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La Unión Europea arremete nuevamente contra internet

2011-06-05T20:03:00.005-03:00

En 2011, primero fue el derecho al olvido, con una medida que pretendía que se borren los datos de las personas que decidieran dejar de formar parte de sitios webs o redes sociales. Ahora, van por el derecho a la privacidad. UE pretende que los datos geográficos sean considerados como datos personales.
Los datos personales como edad, estudios, trabajo y otras cuestiones son considerados personales y por ende, no pueden ser divulgados con libertad por los sitios de internet, redes sociales o canales de chat.
Manteniendo el espíritu de esa normativa, la Unión Europea se pronunció declarando que ahora irán por los datos de ubicación geográfica. La idea es que ese tipo de información adquiera carácter personal para, de esta forma, proteger el derecho a la privacidad de los usuarios de la web.
Esto forma parte de una iniciativa de la comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding, cuya intención es ampliar la protección de datos a otras áreas y preservar los derechos de usuarios. En este orden, Reding también aseveró que “debemos actualizar nuestras leyes para adaptarlas a los cambios que la globalización y las nuevas tecnologías han traído consigo".
Una de las motivaciones para implementar la medida es que, según afirmaron, esta información permite a las empresas publicitarias segmentar y personalizar su oferta por el conocimiento de usos y costumbres regionales.
En Francia, Alemania, Italia, Irlanda y Reino Unido y otros países de la UE ya iniciaron investigaciones para determinar este supuesto. “Hemos recibido quejas de personas afectadas porque sus movimientos se han seguido sin su consentimiento”, aseguró Diarmuid Hallinan, representante irlandés en la Comisión de Protección de Datos.Desde Google salieron al cruce de lasfuturas medidas. “Los datos de localización que se envían a los servidores de ubicación de nuestro portal son anónimos y no están vinculados o atribuidos a un usuarios específico”, dijo William Echikson, portavoz del más grande buscador del mundo.
Cuando la UE propuso en marzo de este año la posibilidad de borrar fotos, datos, fechas de nacimiento, aniversarios, notas sobre los más diversos temas y todo tipo de archivos que pueda tener una persona en Internet, otras empresas se sintieron afectadas e hicieron declaraciones al respecto.
Richard Allan, representante del área de privacidad de Facebook, estimó que “lo que necesitamos es encontrar mecanismos que puedan ocuparse de las excepciones en vez de imponer cosas a los usuarios mayoritarios que se sienten cómodos poniendo información online”.

Fuente: Diario Judicial.com

Las Empresas Pierden Dinero y Buen Nombre por "Hábeas Data"

2011-05-31T18:25:00.003-03:00

Por: Nelson Remolina Angarita
Portafolio.co Las empresas del sector real están perdiendo dinero y afectando su buen nombre debido al desconocimiento sobre las implicaciones de las leyes de protección de datos personales. Lo mismo sucede, aunque en menor proporción, en el sector financiero. ...

El secreto de tus msm...

2011-05-28T14:00:00.002-03:00

El secreto de tus sms Diario El País En Uruguay, la ley 18.331 -llamada también Protección de Datos Personales y Habeas Data- es la referencia. En ella, entre otras cosas, se distingue entre bases de titularidad pública y privada. Solo en el caso de esta última se estipula un plazo de ...

La DNPDP recibe 12.000 denuncias por año por revelar datos personales

2011-05-23T18:28:00.002-03:00

Los bancos, los que más revelan datos personales Lanacion.com (Argentina) El Ministerio
de Justicia de la Nación informó ayer que se producen "más de 12.000 denuncias anuales por infracción a la ley de protección de datos personales" y los bancos son los más demandados. Según los datos oficiales, las entidades financieras ...
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Avanza la ley de protección de datos personales en Perú

2011-05-21T15:44:00.001-03:00

Avanza la Ley de Protección de Datos Personales El propio Proyecto de Ley lo reconoce y señala que el nuevo procedimiento administrativo ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales no ...

Fallo "Arias Luis Federico c. Yahoo Argentina s/ hábeas data"

2011-05-18T20:55:00.006-03:00

Fallo - Habeas Data contra Yahoo.com.ar La acción fue iniciada por el titular del juzgado contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias.-
En su acción el Juez Arias reclama lo estatuido en el artículo 4 de la ley 25326 de la república Argentina...
Entrando al link puede consultar el fallo completo.

Crean Secretaría de Protección de Datos Personales en México

2011-05-01T15:41:00.003-03:00

Crean Secretaría de Protección de Datos Personales El Universal.mx (Foto: Archivo/EL UNIVERSAL ) Como parte de su reestructuración interna, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) creó la Secretaría de Protección de Datos Personales y seis nuevas direcciones generales. ...

Propician la incorporación del Hábeas Data en la Constitución Chilena

2011-04-30T15:01:00.002-03:00

Senador Pizarro llama a apoyar reforma para proteger datos personales Radio Santiago El senador DC Jorge Pizarro hizo un llamado a las autoridades para que respalden el proyecto de reforma constitucional “que consagra en la Carta Fundamental el resguardo y la protección de los datos personales” y crea una agencia que se encargue del ...

Nuevo Fallo a favor del "Derecho al olvido"

2011-04-30T13:24:00.008-03:00

Fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Sala F

Autos: R. H. E. c/ Banco Itau Buen Ayre SA s/ amparo

En Buenos Aires a los 16 días del mes de noviembre de dos mil diez, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos R. H. E. contra BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. sobre AMPARO (Registro de Cámara N° 24749/2008; Causa N° 54527; Juz. 18 Sec. 35) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Ojea Quintana, Tevez y Barreiro. El doctor Barreiro no interviene por hallarse excusado en fs. 159 (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 115/129?
El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana dice:
I.-La causa
1. Se presentó a fs. 21/26 H. E. R. promoviendo acción de habeas data contra Banco Itaú Buen Ayre S.A. a fin de que se eliminen los datos personales que la entidad bancaria envió al Banco Central de la República Argentina relativos a su persona y que, por interconexión, figuran en otras bases de datos -Nosis S.A., Organización Veraz S.A., etc.-
Manifestó que está legitimado para iniciar esta acción pues es el titular de esa información y que, por su parte, el Banco Itaú está legitimado pasivo al ser usuario de los datos. Explicó que el 18.02.2008 obtuvo un informe de su persona en Organización Veraz S.A. y de ese modo se anotició que estaba registrado como deudor del Banco Itaú S.A. por la suma de $ 6.900 en situación 5.
En consecuencia, le envió a la accionada la carta documento nº 47567 para que le comunique la totalidad de los datos crediticios que se informaron y acompañe la documentación que los respalda. A su vez, solicitó que los rectifique. La demandada nunca contestó a dicha misiva.
Resaltó que el 9.6.2008 obtuvo un informe en la Central de Deudores del B.C.R.A. y también uno en la empresa privada Nosis S.A. y comprobó que aún se comunicaban los mismos datos cuya supresión había solicitado.

Hizo referencia a la acción de habeas data y a la competencia de la Justicia Comercial para entender en la causa.
Por último, fundó en derecho y ofreció prueba.

2. Corrido el traslado de la demanda, a fs. 37/41 se presentó, por medio de apoderamiento judicial, Banco Itaú Buen Ayre S.A.
Liminarmente, opuso como defensa de fondo su falta de legitimación para ser sujeto pasivo de esta demanda, pues señaló que la finalidad principal de las entidades financieras no es "proveer informes".
De seguido, formuló una negativa pormenorizada y categórica de los hechos alegados por el actor en su libelo de inicio.
Solicitó el rechazo de la acción pues señaló que ya no hay registros del Sr. H. E. R. en las bases de datos.
No obstante, mencionó que bien pudo informar al Sr. H. E. R. como deudor pues no estaba vencido el plazo para hacerlo.
En tal sentido, destacó que inició un juicio ejecutivo para reclamar el cobro del saldo impago que motivó la información cuestionada y que el plazo para que proceda el "derecho al olvido" comienza desde la prescripción de la deuda -5 años desde la última información adversa archivada que revela la exigibilidad de la deuda-. En el sub lite, ese término empieza a los 10 años de haber adquirido firmeza la sentencia ejecutiva dictada contra el Sr. Romano, lo cual acontecería en el año 2015.
Finalmente, explicó que cedió ese crédito que tenía a "Assets Solutions S.A." y por eso dejó de informarlo.
Fundó en derecho y ofreció prueba.
3. A fs.45/50 amplió demanda el actor.
Solicitó la cancelación y/o supresión de la totalidad de la información obrante en las distintas empresas de Bases de Datos en los términos del artículo 16 de la ley 25.326. Alegó la improcedencia de la excepción de falta de legitimación pasiva ensayada por la accionada, ya que es la "usuaria de datos" en los términos del artículo 2 de la ley 25.326. Mencionó nuevamente el "derecho al olvido" -art. 26 de la ley 25.326-.
Citó jurisprudencia, fundó en derecho y ofreció prueba.
4. La demandada contestó, a fs. 53/58, la ampliación de la demanda y solicitó su rechazo con expresa imposición de costas.
Explicó que sería un abuso exigirle que cancele la información que surge de todas las bases de datos pues son aproximadamente 225 las empresas que se dedican a eso.
En segundo término, indicó que se vulneró su "derecho de defensa" pues el actor actuó de manera desleal al explayarse sobre el "derecho al olvido" en su ampliación de demanda. II.-La sentencia de primera instancia
Mediante el pronunciamiento de fs. 115/129 el juez a quo declaró abstracto el reclamo de autos en lo concerniente a la eliminación de los datos "actualmente" difundidos, ya que no hay registros que revelen su existencia.
De seguido, condenó a la entidad bancaria a que implementara las medidas necesarias para que se supriman los datos históricos del accionante de los registros del BCRA y para que oficie a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales a fin de que comunique el contenido de este decisorio a las diversas entidades de informes comerciales.
Impuso las costas a la demandada vencida dado que con su proceder "desinteresado e indiligente" obligó a la actora a iniciar a la presente acción.
Para decidir como lo hizo, en primer término rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la demandada.Ello pues señaló que si bien es una entidad que no se dedica a "proveer informes", sí tiene el deber de suministrar determinados datos conforme lo ordenado por numerosas circulares del BCRA -cfr. art. 35 de la ley 25.326-.
Refirió a la falta de información actual, mas destacó que sí existen registros históricos del Sr. H. E. R., los cuales se mantuvieron por un plazo mayor que el permitido por la norma -5 años desde el 30.9.97, fecha de la sentencia de trance y remate-.
III.-Los recursos
1. Apelaron esta decisión ambas partes: (a)la demandada a fs. 133 -recurso concedido libremente a fs. 134-; y, (b)los letrados patrocinantes del actor a fs. 131, que cuestionaron únicamente la regulación de honorarios -concedido en relación a fs. 137-.
2. Banco Itaú S.A. expresó agravios a fs. 148/154, los cuales no merecieron respuesta del actor. Pretendió sustancialmente la revocación del pronunciamiento de grado pues: (a)se agravió del dies a quo fijado por el anterior sentenciante para el cómputo del plazo del "derecho al olvido"; y, (b)criticó el modo en que fueron impuestas las costas del juicio toda vez que, según adujo, la acción se declaró abstracta.
IV.-La solución
1 .El primer cuestionamiento de la recurrente se dirige contra la aplicación del mentado "derecho al olvido" contemplado por el artículo 26 de la ley 25.326 decidida por el magistrado de grado.
En tal sentido, señaló que su tesis no fue analizada en la sentencia y que la interpretación allí realizada habría sido incorrecta, pues el esquema argumental desarrollado contradice lo que su parte postuló en diversas presentaciones e incorpora fundamentos que nunca enunció. Así las cosas, realizaré una reseña de los argumentos formulados por las partes:
(a)El actor, tanto en su libelo inicial como en presentaciones posteriores, arguyó que los datos informados eran incorrectos y, aún de ser ciertos, no podían publicarse ya que había transcurrido el plazo previsto por el artículo 26 inc.4 de la ley 25.326, cuyo cómputo comienza desde que se verifica la mora del deudor -v. fs. 48 vta.-.
(b)Por su parte, el demandado afirmó que tenía derecho a informar la deuda hasta 10 años después de que la sentencia dictada en juicio ejecutivo quedara firme, es decir, hasta el año 2015. Arguyó que el último día del plazo de prescripción califica como "información adversa" en los términos establecidos por la normativa en cuestión y que el cómputo de 5 años comienza "a partir del último día en el cual la deuda es exigible" -v. fs. 39 vta.-.
(c)El magistrado de grado decidió que, si bien actualmente el accionado no envía información del accionante a la Base de Datos del BCRA, sí lo hizo anteriormente (durante el período comprendido "entre el mes de octubre de 2003 hasta agosto de 2007" -cfr. fuera informado por el BCRA a fs. 101/111- y desde "noviembre de 2003 a agosto de 2007" -cfr. informe de Organización Veraz S.A., v. fs. 67-).
Luego de ello, señaló que el plazo para que opere el "derecho al olvido" debiera computarse desde la fecha de mora, es decir, a partir del 30.9.1997 -fecha del certificado de saldo deudor- y, en la peor de las hipótesis para el demandante, desde el 16.2.2000 -fecha de la sentencia de trance y remate-. Señaló que de fijarse cualquiera de las dos posibilidades el plazo para informarlo transcurrió holgadamente.

2. Sentado ello, corresponde dirimir el planteo formulado por la demandada. Liminarmente, cabe resaltar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquéllas que se estimen conducentes para fundar sus conclusiones y resulten decisivas para la solución de la controversia (CSJN, fallos 307:2216 y precedentes allí citados).
Cierto es que pudo traer a confusión lo referido por el anterior sentenciante a fs.127, al expresar que arribó a una conclusión "siguiendo la tesis ensayada por la defensa", mas eso no la convierte en "autocontradictoria" como cuestionó la recurrente a fs. 149 vta. Ello pues en el mencionado párrafo puntualmente se estaba pronunciando sobre la existencia de la deuda, al exponer que "la información guarda relación con la existencia de un saldo deudor en cuenta corriente, cuya falta de pago fue verificada por la entidad el 30.9.97". De dicha alusión no puede inferirse, de modo alguno, que el magistrado de grado hubiera malinterpretado la pretensión de la accionada; sino que simplemente no compartió su tesis con relación al denominado "derecho al olvido"; específica mente, en punto al momento a partir del cual corresponde su cómputo.
En tal sentido, el juez a quo decidió que aún de calcularse desde la fecha ulterior, es decir, la de la sentencia de trance y remate -16.2.2000-, el plazo para informar al actor como deudor moroso había vencido. De ello se desprende con claridad que no consideró que el último día del plazo de prescripción tenga el carácter de "información relevante" en los términos de la ley 25.326 y su decreto reglamentario. Más aún, la accionada afirmó que lo comunicó por más tiempo del permitido al demandante sin que acontecieran actualizaciones significativas.
Por ello, el planteo contra la supuesta arbitrariedad de la sentencia debe desecharse pues no cabe duda que el magistrado de grado no resolvió en función de la postura de la demandada. 3. La apelante también cuestionó el modo en que aplicó la normativa en cuestión y arguyó que el decr. 1558/2001 es un "dechado de oscuridad y falta de claridad absoluta". Luego, repite que para su parte el derecho al olvido es válido recién a los 10 años de la sentencia de trance y remate.
Corresponde pues, determinar la fecha a partir de la cual debe computarse el plazo de caducidad de la información asentada en las diferentes bases de datos.
El inc.4 del art, 26 de la ley 25.326 prescribe que: "Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar ese hecho".
Dicha previsión normativa consagra el denominado "derecho al olvido", el cual ha sido caracterizado como "el principio a tenor del cual ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos transcurrido un determinado espacio de tiempo desde el momento en que acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado" (v. op. cit. Pablo A. Palazzi, págs. 143).
El decr. 1558/01 reglamentó la ley de protección de datos personales y el artículo 26 fue reglado de la siguiente forma "Para apreciar la solvencia económica-financiera de una persona, conforme a lo establecido en el art. 26, inc. 4, de la ley 25.326, se tendrá en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de cinco años, éstos se contarán a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible".
Existen muchas opiniones diversas sobre cuándo se empieza a computar el plazo del derecho al olvido, aunque siempre prevalecen los extremos: esto es, contarlos desde la fecha a partir del origen de la deuda hasta la última información disponible (v. op. cit. Pablo A. Palazzi, págs. 198).
Tal como expuso la Sra. Fiscal General de Cámara en su dictamen de fs. 163/164, se desnaturalizaría el derecho al olvido tutelado por la ley 25.326 al interpretar que el decr. 1558/01 refiere a datos que no agregan nada a la información original.
Por virtud de lo expuesto, considero que no hay dudas que se encuentra agotado el plazo previsto por el inc.4 del artículo 26 de la ley 25.326, es decir, en cuanto dispone que solo podrán publicarse datos significativos para evaluar la solvencia económica financiera de los afectados durante los últimos cinco años.
Y así lo manifestó el anterior sentenciante, quien concluyó que de computarse el plazo desde la última información significativa que reveló la existencia y cuantía de la deuda -fecha de la sentencia, 16.2.2000-, se encuentra vencido el término fijado por la normativa referida. En consecuencia, corresponde confirmar lo decidido por el magistrado de grado y declarar la imposibilidad del archivo, registro o cesión de los datos del Sr. H. E. R.
4. Costas
El apelante solicitó principalmente que se modifique el régimen de imposición de las costas del juicio, pues indicó que "la cuestión pudo y fue objeto de disímiles conclusiones". En ese sentido, el artículo 16.2 establece que "El responsable o usuario del banco de datos, debe proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo de cinco días hábiles de recibido el reclamo del titular de los datos o advertido el error o falsedad". En el punto siguiente habilita al interesado, frente al incumplimiento de dicha petición, a que promueva la acción de protección de los datos personales o de habeas data prevista en la mentada ley.
De la conducta de la accionada no puede inferirse que haya asumido esa carga de colaboración activa pues:
(a)El actor solicitó que le comuniquen el origen de la información mediante la carta documento n° 0001-00047567 del 14.5.2008 -cfr.artículo 14 de la ley 25.326-. (b)La accionada no contestó esa misiva pero los datos "históricos" del actor siguieron informados. No hay otras constancias en la causa de las que pueda inferirse un obrar diligente de la entidad bancaria, quien solo se limitó a dejar de informarlo como deudor, pero no acreditó haber realizado las operaciones necesarias para que no se registraran más los datos históricos del Sr. H. E. R. en la central de deudores.
De ello se sigue que la accionada no asumió la conducta exigida por la normativa vigente en la materia, la cual hubiera consistido en hacer una petición expresa al BCRA para que se rectifiquen los datos del Sr. H. E. R., luego de recibir la intimación para hacerlo. Por ello, advierto que el Sr. H. E. R. sí tuvo motivos para demandar como lo hizo y bien pudo la recurrente evitar la promoción de la acción con tan sólo contestar la carta documento que recibió y realizar las gestiones para que se rectifique la información que a él se refería. Mas no lo hizo y, en consecuencia, nada puede reprochársele al actor en orden a la promoción de la acción de habeas data que la ley 25.326 le habilita.
Por todo lo expuesto, considero adecuada la decisión que le impuso las costas del juicio. V. Conclusión
Por ello, si mi criterio fuera compartido, corresponderá confirmar el pronunciamiento de fs. 115/129, por los fundamentos expuestos precedentemente. Sin costas de Alzada por no mediar contradictor.
Así voto.
La Dra. Tevez dice:

Concuerdo con la solución adoptada por mi distinguido colega Dr. Ojea Quintana. Solo debo aclarar que como Juez de primera instancia en el Juzgado Comercial Nro. 13, en los autos caratulados "Segretin Carlos Alberto c/ ABN Amro Bank N.V. Suc. Arg. s/ sumarísimo", Expte. Nro. 091600 del registro de la Secretaria Nro. 25, el 29.06.07 me pronuncié en sentido análogo a lo aquí decidido, solución que fuera confirmada por la Sala E de esta Excma.Cámara el 07.11.07
Con esta aclaración, adhiero, en lo principal, a la solución adoptada por mi distinguido colega Dr. Ojea Quintana.
Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara doctores: Juan Manuel Ojea Quintana
Alejandra N. Tevez
Fernando I. Saravia
Secretario Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010.
Y VISTOS:
1.Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede se resuelve: confirmar el pronunciamiento de fs. 115/129. Sin costas de Alzada por no mediar contradictor.

2.Los honorarios:
En cuanto a la queja relativa a los emolumentos fijados a favor de los profesionales intevinientes en autos, su fijación debe efectuarse teniendo en cuenta el objeto del juicio y de acuerdo a las pautas establecidas por la ley arancelaria.
Ello sentado, no puede soslayarse que la pretensión deducida por el actor -habeas data- carece de contenido patrimonial directamente ponderable.
Por tanto, los mismos serán regulados atendiendo las pautas impuestas por la ley 21.839 : 6, incs. b) a f), 37, 38, 39, y 49 modificada por ley 24.432; y en lo pertinente por el dec. ley 16.638/57: 3, teniendo en cuenta la naturaleza, calidad, importancia y extensión de la labor desarrollada en el proceso.
Consecuentemente, atento el mérito de la labor profesional cumplida, apreciada por su calidad, eficacia, extensión y ponderando la complejidad e importancia de los trabajos realizados en autos, se elevan a dos mil pesos ($ 2.000) los estipendios regulados a favor de letrado patrocinante de la parte actora, doctor Manuel Pardi; se confirman en cien pesos ($ 100) los del letrado patrocinante de la misma parte, doctor Gastón Dell´ Oca; y se confirman, por el sentido del recurso, en novecientos noventa pesos ($ 990) los del letrado apoderado de la parte demandada, doctor Ignacio Flores.
El Doctor Rafael F. Barreiro no interviene en la presente decisión por encontrarse excusado en fs. 159 (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Notifíquese. Juan Manuel Ojea Quintana, Alejandra N. Tevez.
Ante mí: Fernando I. Saravia.
Es copia del original que corre a fs. de los autos que se mencionan en el precedente Acuerdo. Fernando I. Saravia
Secretario

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La Corte Suprema hizo lugar a un hábeas data y obliga a la SIDE a brindar información

2011-04-21T10:50:00.005-03:00

Recurso de hecho: R.P.R.D. c. Estado Nacional- Secretaría de Intelingencia del Estado.

Buenos Aires, 19 de abril de 2011
Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación en la causa R. P., R. D. c/ Estado Nacional - Secretaría de Inteligencia del Estado”, para decidir sobre su procedencia.
Considerando:
1º) Que los hechos relevantes de la causa, los fundamentos de la sentencia apelada y los agravios del recurrente han sido adecuadamente expuestos por el señor Procurador General en su dictamen. Asimismo, el Tribunal comparte lo allí expresado en cuanto al alcance y aplicación al caso de las disposiciones de las leyes 25.326 y 25.520 y del decreto 950/2002 (punto IV del dictamen), con las salvedades que a continuación se formulan.
2º) Que, tal como se concluye en el dictamen, las normas aludidas confieren al actor el derecho de obtener toda la información que pueda existir en la Secretaría de Inteligencia y sea útil para acceder al beneficio jubilatorio que invoca.
3º) Que, sin embargo, para que tal derecho tenga efectiva concreción, la Secretaría se encuentra obligada a manifestar si tiene o no los datos requeridos; y si los tuviese sólo podría negarse a revelarlos en los términos del artículo 17, incisos 1º y 2°, de la ley 25.326, vale decir, mediante “decisión fundada (...) en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad pública, o de la protección de los derechos e intereses de terceros”. Por su parte, los jueces cuentan con la potestad de verificar, a instancias del interesado, si las razones dadas por el organismo justifican la negativa a suministrar la información, para lo cual podrán “tomar conocimiento personal y directo de los datos solicitados asegurando el mantenimiento de su confidencialidad” (artículo 40, inc. 2º, de la ley aludida); confidencialidad o secreto que también imponen los artículos 17 de la ley 25.520 y 12 del decreto 950/2002.
4º) Que a lo expuesto cabe añadir que la clasificación de la información de los organismos de inteligencia (artículos 23, inc. 2º, de la ley 25.326 y 16 de la ley 25.520) no es óbice para que los jueces, a pedido de parte, puedan verificar si está comprometido el interés público y hacer efectiva la garantía del hábeas data (artículo 43, tercer párrafo de la Constitución Nacional).
Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas. Reintégrese el depósito de fs. 2. Agréguese la queja al principal, notifíquese y remítase. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY.

Mil ojos te miran... no todos son amigos

2011-04-17T14:28:00.001-03:00

Mil ojos te miran... no todos son amigos Vanguardia.com.mx En el piso de arriba se aboga por una mayor protección de datos y en contra del bloqueo de la redes, pero abajo, todos quieren permanecer de incógnito y sin ser molestados. El año pasado los hackers bajaron datos personales de una web de contactos ...

Guía práctica para proteger tu privacidad en las redes sociales

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Tu privacidad online Cómo proteger tu información personal y la de tu familia en las redes sociales. Las conductas correctas y la configuración óptima de Facebook, Twitter, Sonico, Flickr y Picasa .......

Por La Nación 09/04/2011

La AEPD informa y ayuda a proteger los datos personales de los ciudadanos

2011-03-30T22:02:00.003-03:00

TU DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS Infomiño.com Reconoce al ciudadano la facultad de controlar sus datos personales y la capacidad para disponer y decidir sobre los mismos. ¿Qué es la Agencia Española de Protección de Datos? INFORMA y AYUDA al ciudadano a ejercitar sus derechos ya las entidades ...

XV edición del Premio de Protección de Datos Personales de Investigación

2011-03-30T21:47:00.005-03:00

La Agencia Española de Protección de Datos convoca la XV edición del Premio de Protección de Datos Personales de Investigación. Los trabajos deberán ser dirigidos a la Secretaría General de la Agencia Española de Protección de Datos, terminando el plazo de presentación de los mismos el 15 de octubre de 2011.

Fuente: Editorial iuspel

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Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales en Costa Rica

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Proteger datos personales El Capital Financiero La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales , destinada a salvaguardar a los ciudadanos frente a la recolección, transferencia y uso que terceras personas le brindan a su información ...

El "Abc del hábeas data" para operaciones financieras en Colombia

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Conozca sus derechos al momento de pedir crédito LaRepública.com.co El derecho al Hábeas Data es la facultad que tiene toda persona de conocer, ... ¿Que derechos tienen los ciudadanos como titulares de habeas data? ...

Fallo CCyCC, Tucumán. A.A.M. c. Banco Columbia y otro s/hábeas data

2011-03-24T10:40:00.004-03:00

Acción de protección de los datos personales contra entidad bancaria
Habeas Data. Cesión de clientes entre dos entidades bancarias. Pedido de informe sobre el origen y composición de la deuda.

La Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala III, integrada por el vocal Carlos Miguel Ibañez, se refirió a este tema en sentencia del 10 de Septiembre de 2010 en los autos: ""A.A.M. C/ BANCO COLUMBIA S.A. Y EQUITY TRUST COMPANY (ARGENTINA S.A.) S/ HABEAS DATA"- Expte. N°2150/08RESULTA:A fs. 1/4 se presentó A.A.M. e inicia acción de amparo informativo (habeas data), en contra de Banco Columbia S.A. con domicilio en calle Crisóstomo Álvarez Nº 602 de esta ciudad, y de Equity Trust Company (ARGENTINA S.A.) con domicilio en calle Victoria Nº 360, Piso 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de permitir tomar conocimiento de los datos que sobre su persona consten en los registros que las mencionadas entidades posean e informe acerca de la finalidad de aquellos datos, y en su caso las personas a las que ha sido remitida la información. Asimismo solicita se corra vista (en los términos del artículo 42 de la Ley 25326) con el objeto de ejercer el derecho de rectificación y/o supresión de la información.Relata que con el objeto de adquirir préstamos y/o tarjetas de crédito para mejorar su nivel de ingresos, la actora, empleada del municipio capitalino, se dirige a varios negocios comerciales.
Grande fue su sorpresa cuando le informan que no podrían otorgarle crédito, al tener antecedentes crediticios negativos generados por una entidad desconocida para ella, con quien jamás había operado: Fideicomiso Financiero Privado Columbia. En ese orden, recibe en su domicilio particular una misiva del Fideicomiso Financiero Columbia, intimándole a pagar una deuda, sin hacer mención a su origen, capital e intereses adeudados, todo ello, bajo apercibimiento de embargos e inhibiciones. Agrega que las inhibiciones fueron llevadas a la práctica, ya que al realizar una consulta por Internet, en la Central de Deudores del Sistema Fiduciario del B.C.R.A., quedó desconcertada al corroborar que tenía antecedentes crediticios negativos generados por el Fideicomiso Financiero Privado Columbia. Se adjuntó copia del informe de la Central de Deudores del BCRA de fecha 16 de mayo de 2008.
La calificación que le asignó la entidad es la Nº 5; que a tenor de la circular Comunicación A-2216 del B.C.R.A., significa "IRRECUPERABLE".
Ante tal situación remite Carta documento a Equity Trust Company y misiva simple a Banco Columbia. La carta documento nunca fue contestada.
En cuanto a la misiva: "según los asientos contables de mi mandante, Ud. es titular de la cuenta Nº 210007222952, la cual fue cedida en fecha 28 de junio de 2007, al Fideicomiso Privado Columbia y que el cliente se encuentra correctamente calificado en la Central de Deudores".
Así se toma conocimiento de una cesión entre dos entidades, y que en la cedente registraba una deuda. A lo que se remite nueva misiva al Banco Columbia S.A. con el objeto que le informen en forma concreta el origen y composición de la deuda, así como también la documental en que sustenta la acreencia. Esta misiva nunca fue contestada. Ante el silencio de la demandada y teniendo en cuenta el informe histórico del B.C.R.A. de donde surge que Banco Columbia S.A., también ha remitido información crediticia, la actora vio la necesidad de tutelar sus derechos por esta vía, con el objeto de que le informe origen y composición de la deuda así como la documental en que sustenta la acreencia. Que en fs. 51 se apersona el Dr. C.M.G. en representación de la demandada Banco Columbia S.A. contesta la demanda.
Expresa que la Sra. A. tuvo una tarjeta de crédito emitida a través de su mandante, que la misma generó un saldo deudor por la mora en la que incurrió, y que fue por ello que el Banco Columbia S.A. informó en la central de deudores del BCRA ; y teniendo en cuenta que con posterioridad dicha deuda fue transferida al Fideicomiso Financiero Privado Columbia, y desde allí el mismo Banco Columbia dejó de informar a la accionante ante el BCRA, por lo que resulta evidente que el obrar de dicho Banco, halla sido en todo momento ajustado a derecho.
En virtud de ello es que solicita se tenga por evacuado el informe requerido y se declare que toda la información que pudo haberse remitido se encuentra ajustada a los términos de la Ley 25.326.
Además hizo expresa reserva de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario previsto por el artículo 14 de la Ley 48, ya que se afectarían las garantías constitucionales de la propiedad y de la defensa en juicio (artículo 17 y 18 de la Constitución Nacional) al obligarse al Banco a pagar ciertos daños inexistentes. Por lo que pide reserva del caso federal.
Que en fs. 78 se apersona la Dra. A.M.C.A. en calidad de apoderada de Equity Trust Company (Argentina S.A.) y contesta la demanda.
Niega expresamente que la actora con el objeto de adquirir préstamos y/o tarjetas de crédito se haya dirigido a varios negocios comerciales, puesto que la misma obtuvo del Banco Columbia S.A. una tarjeta de crédito, con número de producto 7222952, número de cliente 6690602. Dicho crédito fue cedido al Fideicomiso Financiero Privado Columbia, pero la mencionada transferencia se realizó mediante soporte magnético, no mediante legajo físico, por lo que su representada carece de documental al respecto, debiendo la actora efectuar reclamo al Banco Columbia S.A.. Afirma que conforme surge de la copia del informe de BCRA, la actora no se encuentra informada como deudora del Fideicomiso Financiero Privado Columbia por lo que la demanda incoada deviene abstracta.
A fs 84 se abre la causa a pruebas, ofrecidas y producidas las mismas, pasan los autos a despacho para el dictado de sentencia, y
CONSIDERANDO:
Antes de entrar al fondo de la cuestión sería correcto ver qué es lo que se entiende por Habeas Data; esta acción fue acogida por nuestra Constitución Nacional y constituye un remedio urgente para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de datos que consten en registros o bancos de datos públicos o privados, siempre y cuando estos sean erróneos y existiera arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta de parte de estos establecimientos.-
Ya Pérez Luño en su libro "Del Habeas Corpus al Habeas Data", nos explica: "El Habeas Data constituye, en suma, el cauce procesal para salvaguardar la libertad de la persona en la esfera informática".
Este instituto regula diversos aspectos de lo que se da a llamar la "acción de protección de los datos personales" teniendo como finalidad que en casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata o el tratamiento de datos cuyo registro esté prohibido por la proyectada ley; sirve todo ello, para exigir su rectificación, supresión, confidencialidad o actualización.
“El Habeas Data busca la protección de manera inmediata de una diversidad de derechos (a la verdad, a la autodeterminación informativa, a la intimidad, a la privacidad, a la voz, a la imagen, a los valores familiares, al honor, al patrimonio, entre otros).- Sin perjuicio de ello, debe encuadrárselo en un marco protector de la libertad y de la dignidad humana, coherente con la norma constitucional y comprensiva de registros informáticos y ficheros manuales”. ( "Procedimiento y Aspectos Procesales del Habeas Data" - Por Hector Eduardo Leguisamón- ).
Entrando a analizar el presente caso la actora solicita que se brinde información detallada, completa y veraz, ya que no señala origen, ni respaldo documental de la deuda que se le imputa.
En la contestación de fs. 50/55 el Banco Columbia S.A. niega los hechos invocados por la actora y sostiene que la accionante contrató con el Banco Columbia S.A. una tarjeta de crédito MasterCard y utilizó la financiación que la misma otorgaba. Que en determinado momento, comenzaron a registrarse ciertos atrasos en el pago de los consumos efectuados mediante su tarjeta de crédito, hasta que con fecha 18/08/2004, atento a la mora habida, se procedió a dar de baja la tarjeta y crear la Cuenta Columbia Nº 210007222952 con un saldo deudor $574,15. Como consecuencia de dicha deuda, se informó a la Central de Deudores de BCRA la deuda mantenida, primero en situación 4 y luego en situación 5, hasta que con fecha 28/06/07 dicha cuenta fue cedida al Fideicomiso Financiero Privado Columbia, el que se encuentra administrado en calidad de fiduciario por Equity Trust Company- codemandada en autos.
Agrega que la información suministrada oportunamente a la Central de Deudores relativa al actor se encontraba justificada en la mora por éste registrada y no resultaba errónea ni abusiva.
Manifiesta además que al mes siguiente de haberse realizado la cesión, Banco Columbia dejó de informar a la Sra. A. como deudora en la Central de deudores, debiendo hacerlo en adelante, conforme su condición de cesionario, al mentado Fideicomiso. Agrega que prueba de ello lo consiste la intimación cursada por el Fideicomiso Financiero Privado Columbia, que le habría realizado a la actora en enero de 2008, para que cancele la deuda que mantiene con dicha entidad.
En la contestación por parte de la codemandada a fs. 77/79 el Equity Trust Company (Argentina) afirma que el crédito fue cedido por el Banco Columbia S.A. al Fideicomiso Financiero Privado Columbia, pero que la transferencia se realizó mediante sistema de soporte magnético y no mediante legajo físico. Careciendo de esta manera, de prueba documental que acredite la deuda.
Analizando lo manifestado por el demandado y co- demandado entiendo que la entidad bancaria sostiene que la actora es titular de la cuenta Nº 210007222952, y que la misma fue cedida al Fideicomiso Financiero Privado Columbia.
Pero no brinda el Banco información detallada, al no señalar origen, composición, ni respaldo documental de la deuda que se le imputa.
Además el Banco Columbia a su vez, señala que la deuda fue cedida al codemandado EquityTrust Company, y que la documental la posee esta entidad, desconociendo de esta manera la deuda que se imputa a la actora. Situación por la cual el codemandado Equity se presenta indicando que no posee tal documentación y que actualmente se encuentra la actora desafectada conforme al informe del BCRA agregado en autos. De ello se desprende que ambas instituciones no brindan la información que requiere la actora. Entrando a valorar las pruebas formuladas por las partes se observa que la actora solicito prueba de reconocimiento, peticionando que comparezca el supervisor operativo del Banco Columbia S.A., Sucursal Tucumán, Sr. B.D. a reconocer firma y contenidos de la documentación aportada en los presentes autos, el cual fue notificado (fs.122), no asistiendo a tal audiencia.
En lo que respecta a la solicitud de la pericial contable formulada por la demandada Banco Columbia, la misma no fue producida al respecto para que informe si la Sra. A. ha sido titular de una tarjeta de crédito Mastercard, o si hubo mora o dada de baja esa tarjeta, etc.
Destaco que el Habeas Data protege a los individuos cuando requieren información o ven afectados sus derechos personales, lo cual la entidad bancaria debe brindar ante el requerimiento de sus clientes tal información. De lo expuesto se desprende que los demandados no respondieron al pedido de informes que solicitó la accionante oportunamente, por tal motivo hace expedita tal acción.
Asimismo se observa que actualmente la actora no se encuentra afectada en la Central de Deudores del BCRA por el Fideicomiso Financiero Privado Columbia, suprimiéndose la información histórica que figuraba en la base de datos por lo que resulta de aplicación el citado contexto lo normado específicamente por la norma del artículo 63 último párrafo de la Ley 6.944, esto es que al desafectarse a la actora por la demandada, hecho que surge acreditado recién con el informe acompañado por la accionada, la cuestión debatida y peticionada por la parte actora deviene en abstracta. Y así lo declaro.
Entrando al estudio de la imposición de costas, analiza la discente que la actora tuvo que realizar tal acción para requerir información sobre la afectación que poseía, pero las entidades bancarias no contestaron al respecto por tal motivo las mismas se aplican a las partes vencidas (art. 26 del C.C.P.).
Por ello,
RESUELVO:I) DECLARAR ABSTRACTA la presente acción de Habeas Data, interpuesta por A.A.M. contra Banco Columbia S.A. y Equity Trust Company, por lo ut-supra considerado.
(Fuente: El Siglo de Tucumán)

Facebook está molesto con la UE

2011-03-24T09:50:00.001-03:00

Facebook no quiere que llegue el "derecho al olvido" a la Web
"Lo que necesitamos es encontrar mecanismos que puedan ocuparse de las excepciones, en vez de imponer cosas a los usuarios mayoritarios que se sienten cómodos poniendo información online. " Con esta frase el responsable europeo de la privacidad en Facebook, Richard Allan, salió al cruce del intento de la Unión Europea (UE) de incorporar el derecho al olvido en la Web.

Progresa la legalización del "derecho al olvido" en la web

2011-03-18T08:32:00.002-03:00

Intentan legalizar el "derecho al olvido" en la Web

Como si se tratase de una relación sentimental que se termina donde uno quiere borrar y olvidar todo lo pasado, la comisionada europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, adelantó que la Unión Europea (UE) analiza modificar las leyes de protección de datos para obligar a las compañías de Internet a borrar los datos de los usuarios que así lo deseen.

Ley de garantía al "derecho al olvido" en redes sociales

2011-03-17T19:45:00.001-03:00

Bruselas garantizará por ley el 'derecho al olvido' en redes ... Europa Press El reconocimiento de este 'derecho al olvido' se incluirá en la reforma de las normas de protección de datos de la UE, que tiene como fin adaptarlas a los cambios provocados por las nuevas tecnologías. "Al modernizar la legislación, quiero clarificar ...

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"Protección de datos personales frente a la informatización

2011-03-12T14:57:00.000-03:00

Consideran necesario regular la tecnología en el manejo de Hábeas ... SANTO DOMINGO. La evolución tecnológica, con la que todos estamos de acuerdo, no debe aparejar una involución cualitativa de ...

"Internet es un marco global y necesita una norma global"

2011-03-07T12:42:00.000-03:00

Quiero que Internet se olvide de mí

El País.com (España) La reforma va enfocada a regular el almacenamiento en Internet de datos personales que no son de interés público. Y también a hacerlos desaparecer de Google ...

La Corte Suprema Salvadoreña le ordena a INFORNET no revelar datos personales

2011-03-05T21:48:00.001-03:00

Corte Suprema le ordena a INFORNET no revelar datos personales de ... Diario La Página El Salvador La distribución de datos no debe de ser indiscriminada y sin autorización de las personas. La Sala de lo Constitucional emitió hoy un fallo que ampara la demanda interpuesta por la Asociación Salvadoreña para la Protección de Datos e Internet (INDATA), ...

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Las filmaciones por cámara de vigilancia tienen límites

2011-03-05T21:46:00.000-03:00

EL CASO DEL CONSUMIDOR FILMADO

LaRepública.com.uy Estas filiaciones tiene límites: la ley 18.331 de Protección de Datos y Acción de Hábeas Data (LPDP). El lector de iniciales JPHD señala que no puede ...

Entidades crediticias venden acreencias a empresas que no están vigiladas

2011-02-23T15:40:00.000-03:00

Evaden cumplimiento del Habeas Data: Velasco A los colombianos se les están conculcando sus derechos cuando las entidades crediticias, para no cumplir con la ley de Habeas Data, venden las acreencias a ...

Procedimiento de la acción de hábeas data en Tucumán

2011-02-22T17:12:00.006-03:00

Procedimiento de la acción de habeas data El Siglo de Tucumán
Conforme lo dispuesto por el art. 44 de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, sus disposiciones se integran con la Ley 6944 y son aplicables en Tucumán, con excepción de las disposiciones contenidas en los artículos 29 a 31 y 33 a 43 de la precitada normativa, que por estar referidos al procedimiento de la acción de habeas data, integran la esfera de reserva que en la Provincia está regulada por el digesto procesal constitucional

Reglamento para la protección de datos personales en México

2011-02-20T21:21:00.000-03:00

Prevén para julio regulación de datos personales El Universal.mx El organismo garante de la transparencia y la protección de datos personales dijo que el Reglamento será el resultado del trabajo coordinado por el IFAI con la Administración Pública Federal (APF) y sometido a una amplia consulta pública. ...

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Ley de reglamentación del hábeas data en la provincia de Buenos Aires

2011-02-06T11:39:00.001-03:00

Ley PBA Nº 14.214. Habeas Data. Reglamentación.
14/1/2011
El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionan con fuerza de Ley
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º: Objeto. La presente Ley tiene por objeto la reglamentación del proceso constitucional de hábeas data, de conformidad a lo establecido en el artículo 20º inciso 3) de la Constitución.
ARTÍCULO 2º: Legitimación activa. Estará legitimada para interponer esta acción toda persona física o jurídica afectada. Asimismo están legitimados los herederos universales forzosos de la persona de la cual consten los datos, cuando la indagación tenga el propósito de defender el honor familiar.
En el caso de afectaciones colectivas la demanda podrá iniciarla el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y/o las asociaciones o grupos colectivos que acrediten legitimación suficiente en la representación de esas afectaciones.
ARTÍCULO 3º: Legitimación pasiva. La acción procederá respecto de los titulares y/o responsables y usuarios de bancos de datos públicos, y de los privados destinados a proveer informes, administradores y responsables de sistemas informáticos.
ARTÍCULO 4º: Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción le corresponderá al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juez de Paz Letrado, donde existiere, cuando se trate de archivos privados destinados a dar informes; y al Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo cuando se trate de archivos públicos de la Provincia de Buenos Aires.
Será competente para entender en la acción constitucional de hábeas data el juez del domicilio del actor; el del domicilio del demandado; el del lugar en el que el hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección del actor.
TÍTULO II
DEL PROCESO
ARTÍCULO 5º: Intimación Previa. Para el ejercicio de la acción de hábeas data, el peticionante deberá notificar fehacientemente su pretensión al titular del banco de datos o registro. Solo ante la negativa o silencio de éste quedará expedita la acción judicial.
Para el caso que deba tomar vista de los registros, archivos o banco de datos, que se le deben exhibir, el requirente podrá ser asistido por asesores técnicos o jurídicos.
En todos los casos el interesado podrá requerir que a su costa se le expida copia certificada de la misma.
No será exigible el reclamo administrativo previo, o la intimación fehaciente previa, cuando el pasaje por esta vía produzca un perjuicio de imposible reparación ulterior.
ARTÍCULO 6º: Contestación. Se entenderá que existe silencio del titular requerido si la requisitoria no es contestada en cinco (5) días hábiles, si se tratare de personas privadas, y de quince (15) días hábiles si se tratare de personas jurídicas de carácter público.
ARTÍCULO 7º: Plazo para la interposición de la demanda. La demanda de hábeas data deberá ser interpuesta dentro de los sesenta (60) días hábiles judiciales de haber sido notificada la negativa. En caso contrario, operará la caducidad del procedimiento y deberá procederse nuevamente como estipula el artículo 5°.
ARTÍCULO 8º: Aplicación supletoria. El proceso de hábeas data tramitará según las disposiciones de la presente Ley y, supletoriamente, por las normas del Código de Procedimiento Civil y Comercial en lo atinente al proceso sumarísimo.
ARTÍCULO 9º: Demanda. La demanda se propondrá por escrito y deberá contener:
a) Nombre y apellido o denominación social, tipo y número de documento o personería jurídica, domicilio real o legal y domicilio constituido.
b) La identificación del archivo, registro o banco de datos público o privado, administrador y/o responsable informático, indicando su domicilio. Cuando se trate de personas jurídicas demandadas, deberá notificarse en el domicilio social registrado ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
En el caso de los archivos públicos, se deberá indicar la dependencia estatal del cual dependen.
c) La cosa demandada designándola con toda exactitud. Cuando se trate solamente del pedido de tomar conocimiento de los datos personales archivados, el proceso tramitará como si fuera una diligencia preparatoria de la demanda, a cuyos efectos, los requisitos se reducirán a los plazos y modos establecidos en el Código Procesal Civil y Comercial.
d) Las razones por las cuales entiende que en el archivo, registro o banco de datos individualizado obra información referida a su persona; los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta discriminatoria, falsa o inexacta, y justificar que ha dado cumplimiento con la reclamación previa prevista en el artículo 8º.
En su caso, indicará las razones por las cuales aún siendo exacta la información, entiende que debe ser de tratamiento confidencial e impedirse su divulgación y/o transmisión a terceros.
e) Ofrecer toda la prueba de que intente valerse. La prueba documental se acompañará con el escrito de demanda o se la individualizará en caso de no tenerla en su poder.
f) Exponer el derecho sucintamente.
g) La petición en términos claros y precisos.
ARTÍCULO 10: Medidas cautelares. Luego de presentada la demanda, y en cualquier estado del proceso, el Juez, de oficio o a petición de parte, podrá decretar la medida cautelar que considere apropiada.
El afectado podrá solicitar que mientras dure el procedimiento, el archivo, registro o banco de datos asiente que la información cuestionada está sometida a un proceso judicial.
No obstante, el Juez de oficio, o a pedido de parte, podrá disponer el bloqueo provisional del archivo en lo referente al dato personal motivo del juicio cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto de la información de que se trate.
ARTÍCULO 11: Ampliación de la demanda. La garantía de hábeas data, podrá ser modificada o ampliada por el accionante en cualquier estado del proceso, en caso de conocerse con posterioridad la existencia de otros registros, archivos o banco de datos, o en lo referente a la modificación de la información requerida, su rectificación, actualización, cancelación o confidencialidad.
ARTÍCULO 12: Intervención de terceros. Integración del proceso. Cuando de la demanda surja manifiestamente la afectación de derechos de terceros que no hubieran sido relacionados o requerido su emplazamiento, el Juez podrá integrarlos al proceso, notificándoles de la demanda y haciéndoles saber que una eventual sentencia condenatoria podría afectarlos.
La negativa a comparecer no impedirá el ejercicio de derechos propios del tercero afectado por el alcance de la sentencia.
ARTÍCULO 13: Del trámite del juicio. El juez deberá pronunciarse sobre la admisión formal de la demanda en el plazo de dos (2) días.
1. Admitida la demanda el Juez emplazará al demandado para que produzca el informe correspondiente.
El plazo para contestar el informe será de cinco (5) días hábiles para las personas de carácter privado y de diez (10) días hábiles para las de carácter público.
Los plazos podrán ser ampliados prudencialmente por el juez ante circunstancias debidamente fundadas.
2. No se admiten en este proceso la acumulación por el actor, de pretensiones de carácter económico. Es improcedente la recusación sin causa y no pueden articularse incidentes, ni reconvención.
3. Solamente proceden las excepciones de:
a) Incompetencia.
b) No haberse deducido el reclamo administrativo o intimación previa.
c) Falta de personería o insuficiencia de la misma.
d) Falta de legitimación para obrar en el demandante o en el demandado.
e) Cosa juzgada o litispendencia.
4. En su contestación el accionado deberá expresar las razones por las cuales incluyó las informaciones cuestionadas, el uso o destino que ha dado a las mismas y en su caso, las razones por las cuales no ha evacuado el reclamo previo efectuado por el interesado y ofrecer la prueba de la que intente valerse.
ARTÍCULO 14: Apertura a prueba. Si existiesen hechos controvertidos, el Juez abrirá inmediatamente la causa a prueba, estableciendo el plazo que estimare necesario para su producción.
ARTÍCULO 15: De la sentencia. Vencidos los plazos para contestar el informe o contestado el mismo, y habiendo sido, en su caso, producida la prueba, el Juez dictará sentencia en el término de diez (10) días. No se admitirán alegatos.
En el caso de estimarse procedente la demanda, se especificará si la información debe ser suprimida, rectificada, actualizada o declarada confidencial, estableciendo un plazo para su cumplimiento.
La sentencia deberá indicar con precisión el derecho vulnerado y los actos, tiempo y modo como deberá cumplirse la condena.
El rechazo de la demanda no constituye presunción respecto de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el demandante.
Con la sentencia se establecerán las condenaciones accesorias y se establecerá el curso de las costas y la regulación de honorarios profesionales.
ARTÍCULO 16: Recursos. Contra la resolución que dictamine sobre medidas cautelares y contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, que deberá ser interpuesto fundado dentro de los dos (2) días hábiles para las primeras y dentro de los cinco (5) días hábiles para las segundas de notificada la resolución.
El recurso se concederá o rechazará de inmediato, dentro de las veinticuatro (24) horas de haberse interpuesto.
En caso de concederlo lo hará con efecto devolutivo, salvo que el cumplimiento de la resolución pueda ocasionar un gravamen irreparable, en cuyo caso, con carácter excepcional, se podrá otorgar con efecto suspensivo.
Contestado el traslado o vencido el plazo de dos (2) o cinco (5) días respectivamente para hacerlo, se eleva inmediatamente el expediente al respectivo tribunal de alzada.
ARTÍCULO 17: Subsistencia de acciones. La sentencia deja subsistente el ejercicio de las demás acciones que puedan corresponder con independencia de hábeas data.
ARTÍCULO 18: Costas. Las costas del proceso se impondrán a quien resulte vencido.
ARTÍCULO 19: Tasas. Las actuaciones del proceso de hábeas data están exentas del pago previo de tasas de justicia y de cualquier impuesto, sin perjuicio de la reposición que se realizará cuando exista condenación de costas.
ARTÍCULO 20: Además será de aplicación la presente Ley cuando quien tenga legitimación activa, sea afectado por la Ley 12.475.
ARTÍCULO 21: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los dos días del mes de diciembre de dos mil diez.

Google asegura que borrar datos va contra la "objetividad" de internet

2011-02-05T11:18:00.001-03:00

Por Rosario G. Gómez. Elpais.com Madrid 20/01/2011

La Audiencia juzga la negativa del buscador a proteger el derecho al olvido.
Si se eliminan o modifican los contenidos, Internet perdería la "objetividad" y el primer perjudicado sería la sociedad de la información. Si los particulares pudieran borrar todo lo que les perjudicara, la Red se convertiría en un "álbum de familia". Si alguien ordena que se desindexe un contenido, vulneraría la libertad de expresión y eso sería "censura". Con estos argumentos, Google defendió ayer ante la Audiencia Nacional su negativa a cancelar datos personales de cinco ciudadanos que vieron lesionados su derecho a la privacidad y a la dignidad. ...

Google se enfrenta a España por el borrado de datos personales

2011-02-05T11:09:00.004-03:00

Por Rosario G. Gómez. Epais.com Madrid. 18/01/2011
La libertad de expresión y la privacidad en la Red chocan en los tribunales.
El derecho a la protección de datos y a la privacidad choca de nuevo con Google. El gigante de Internet ha recurrido ante la Audiencia Nacional alrededor de 75 resoluciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Por primera vez, mañana se verán las caras ante el juez, que tendrá que dictaminar sobre la colisión de dos derechos: el derecho a la libertad de expresión online, que esgrime Google, y el derecho a la dignidad personal por el que vela la Agencia de Protección de Datos. ...

Nuevo fallo hizo lugar a una acción de hábeas data

2011-02-01T20:25:00.000-03:00

Fallo hizo lugar a una acción de hábeas data. El Ciudadano (Bariloche) El juez civil, de primera instancia, Emilio Riat, hizo lugar a una acción de hábeas data y ordenó a Equity Trust Compañy (Argentina) SA “que cese en forma ...

El 28 de enero se celebró el "Día de la Protección de Datos" en Europa

2011-02-01T20:09:00.003-03:00

Europa celebra hoy el Día de la Protección de Datos... la AEPD ha publicado una Guía con información y consejos prácticos sobre el derecho Fundamental a la Protección de Datos para los ciudadanos, que explica de forma simplificada cómo actuar cuando se solicitan sus datos personales y a ...

Fallo CCyCC, Tucumán. P.M.A. c. Fideicomiso Financiero BH2 s/ hábeas data

2010-12-30T20:00:00.004-03:00

Hábeas data: desafectación actual e histórica de los datos del Veraz
Si los datos sobre inhabilitaciones para operar en cuenta corriente fueron obtenidos hace más de diez años, se hallan caducos, el accionante tiene derecho a obtener su cancelación, pues la conservación de los mismos vulnera el derecho a la intimidad, impidiendo el "derecho al olvido"
La Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala II, integrada por los vocales Dres. Carlos Miguel Ibañez y Augusto Fernando Avila, se refirió a este tema en sentencia 29 de octubre de 2010 en los autos: "P.M.A. C/ FIDEICOMISO FINANCIERO BH2 S/ HABEAS DATA"- Expte. N°1678/08
CONSIDERANDO:I) Vienen los autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor en contra de la sentencia de fecha 14/10/09, que rechaza la acción de amparo informativo e impone las costas por su orden.
II) En el memorial recursivo, el apelante considera que el informe presentado por la demandada no cumple mínimamente con los requisitos prescritos por el art. 21 de la ley 6944, ya que nada dice acerca de los antecedentes, motivos o fundamentos de la medida ni acredita documentalmente que su parte haya sido morosa en algún momento. Por ello, entiende que la decisión de la Sra. Juez a quo no tiene sustento jurídico ni fáctico. Destaca que el banco demandado reconoció que lo afectó y que lo hizo actuando en cumplimiento de expresas disposiciones del BCRA. Y agrega que esta afectación fue hecha sin que existiera la supuesta deuda, circunstancia que es condición sine qua non para la inclusión como deudor en la base de datos del BCRA.
Afirma que la información es falaz, porque su parte no es insolvente y la supuesta deuda sólo tiene apoyo teórico pues la demandada no adjuntó ningún tipo de prueba en su favor. Insiste en que su parte nunca se vinculó con el demandado y aparece afectada con nivel 5, insolvente e irrecuperable. Asimismo, refiere que la falta de información que se muestra en los últimos cuatro meses anteriores a su demanda tiene como causa el retraso en que incurre Org. Veraz para actualizar su información sin que pueda sostenerse validamente la argumentación de la sentenciante relativa a que tal falta de información se debe a la voluntad del Banco demandado en levantar la información indebida en contra de su parte. Por último, destaca que, aún cuando fuera cierto que el demandado hubiere tomado la iniciativa de dejar de informar a su parte, ello no conduce a ningún resultado práctico, por cuanto la pretensión esgrimida en autos tiene como propósito alcanzar tanto la desafectación actual como histórica de sus datos. Se pregunta cómo puede ser que la cuestión se haya tornado abstracta si su parte figura, históricamente, con nivel 5 como insolvente e irrecuperable y no puede acceder al crédito en ningún ámbito bancario.En relación a las costas señala la falta de consideración en que incurrió la A-quo para imponer las costas por su orden, quien con la debida diligencia y conforme lo prescribe la normativa vigente tuvo que recurrir a la justicia para tener acceso a la información exigida previa, debida y extrajudicialmente. En definitiva, sostiene que la conducta omisiva de la demandada fue la determinante de la presente acción desoyendo la inferior en grado con esquivo y falso criterio lo expresado por su parte al impugnar el informe arrimado por la demandada; observaciones expuestas en tal oportunidad que no fueron tratadas en los considerandos de la sentencia en crisis.En su responde, el demandado solicita que se rechace el recurso por las razones allí vertidas III) 1.- Entrando al análisis de los agravios se advierte que el actor ha iniciado este proceso para que se ordene "la desafectación de mi persona y la orden de borrar todo tipo de antecedente histórico ante la Federación Económica de Tucumán y Organización Veraz y/o del Banco Central de la República Argentina" (fs.6/7). Asimismo, negó adeudar suma alguna a la entidad accionada y ser insolvente.
El demandado informó que el crédito hipotecario n° HN0756-034-00000-00000-000149que le fuera otorgado al actor por el Banco Hipotecario S.A. en fecha 01/03/1988 le fue cedido en fecha 29/06/2007. Deuda en mora que le valió al actor que su parte lo reportara al BCRALa juez a quo declaró inadmisible la acción de hábeas data e impuso las costas por el orden causado a la vez que reguló los honorarios de los profesionales intervinientes. Sostuvo que el actor al momento de la intimación por carta documento(5/06/2008) o de interponer la demanda (26/06/08) no estaba registrado como deudor moroso, ya que la ultima información sobre su afectación- proporcionada por los informes del Veraz adjuntados a la demanda detallan una afectación al mes de febrero del 2008 calificación que , por ende , había cesado al esgrimirse la pretensión base del presente proceso.
2.-En la especie se presenta la particularidad de que según la instrumental adjuntada al tiempo de la interposición de la demanda, el actor ya no se encontraba afectado en el registro de deudores; pero en los informes que a esa fecha brindaba Organización Veraz, constaba la anterior afectación de aquel en situación "5: irrecuperable". Además, está reconocido por el banco demandado que esa afectación la dispuso porque el demandante era deudor del crédito hipotecario antes referenciado y la inclusión de éste en las bases de datos es obligatoria por imposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En relación al segundo momento del amparo, esto es la intervención sobre la información -que es justamente el objeto principal de la acción deducida-, debe señalarse que el demandado no acompañó ninguna documentación que acredite la condición de deudor del demandante a la fecha en que fue incluido en la base de datos como moroso en situación 5, irrecuperable. Y en la instancia procesal pertinente, tampoco produjo prueba tendiente a acreditar tal circunstancia.Al respecto esta Sala sostuvo que "... si bien es cierto que el habeas data no es un proceso apto para el debate acerca de la existencia o no de la deuda -lo que ha sido reconocido expresamente por este Tribunal en sentencia n°219, del 14/06/2006, dictada en los autos caratulados "Flores, María Alejandra vs. Banco Suquía S.A. S/ Amparo informativo0001820 expte. n° 139 /06" lo cierto es que se ha dicho: "También se debe destacar que la jurisprudencia ha admitido que corresponde al banco demostrar que la deuda continúa vigente o alegar la existencia de otras deudas que justificarían el informe en cuestión, no sólo por el reconocido estándar de responsabilidad del banquero, que como profesional se lo responsabilizaba de una manera peculiar, sino también por el hecho de que la carga de la prueba recae en el litigante que se encuentra en mejores condiciones de ofrecer y producir elementos de juicio que permitan elucidar las cuestiones controvertidas, por exigencia de elementales razones de coherencia y buena fe y por ser el banco el generador de la información" (Cfr..Sala II, in re "Reynoso Ariel Alfonso vs. Banco Citibank N.A. S/ Habeas data" expte. n°1009/05, sentencia n°410, del 05/10/200600018116).( Cfr. Sala III. Sent .n°451 TARIFA JUAN DOMINGO C /BANCO PATAGONIA S.A. s/ HABEAS DATA, Fecha: 12/12/2008)
La jurisprudencia, de igual forma se ha pronunciado por la supresión de los datos que han perdido vigencia en los términos siguientes: "Si los datos sobre inhabilitaciones para operar en cuenta corriente fueron obtenidos hace más de diez años, se hallan caducos, el accionante tiene derecho a obtener su cancelación, pues la conservación de los mismos vulnera el derecho a la intimidad, impidiendo el "derecho al olvido" (CNCiv., Sala G, 05/05/96, "Falcionelli, Esteban P. Vs Organización Veraz S.A.", JA, 1997-I-26).
Ello es así porque ante la negativa del actor de la existencia de una deuda, la conducta del demandado de limitarse a afirmar la existencia de una deuda, sin acompañar ningún elemento de prueba que justifique tal afirmación no se compadece con su carácter profesional. En este orden de ideas, subrayo que la documentación en base a la cual se informó al apelante como deudor en las bases de datos, debió ser exhibida por el demandado ya que sólo de ese modo cumple con el deber de información que está a su cargo. Además, es el demandado quien se encuentra en mejores condiciones de satisfacer la carga probatoria pues él es quien cuenta con los antecedentes y asientos contables que respaldarían sus dichos.
De modo que, no probada la seriedad y exactitud de la información, la inclusión del actor con situación 5 irrecuperable resulta injustificada por inexacta, razón por la cual corresponde reformar el fallo en examen y disponer la supresión del dato falso.
Se ha dicho al respecto que "la entidad bancaria que suministró los datos es quien debe aportar los elementos que llevaron al BCRA a calificar al accionante como deudor irrecuperable a fin de desvirtuar la falsedad alegada, toda vez que no puede ponerse en cabeza de éste último la prueba de hechos negativos que la confirmen"(Cfr. Palazzi, Informes Comerciales, pág.275)En este sentido, adviértase que la cuestión no devino abstracta como erróneamente lo consideró la juez a quo. En efecto, la pretensión del demandante siempre estuvo dirigida a obtener la supresión del dato "histórico". De allí que, probada la falsedad o el error de la información registrada, ésta debe ser eliminada del registro aunque ya no sea actual. Lo expuesto no significa emitir opinión acerca de la existencia o no de la deuda, cuestión que excede el debate en este proceso.
Por todo lo expuesto, el recurso de apelación debe prosperar por lo que cabe revocar e punto I y III de la sentencia de fecha 14/10/2009; como consecuencia, corresponde hacer lugar a la demanda y ordenar al banco demandado que, en el plazo de cinco días de quedar firme la presente, arbitre las medidas o diligencias necesarias para suprimir la información proporcionada al Banco Central de la República Argentina, Organización Veraz S.A., a la Federación Económica de Tucumán y a cualquier otra entidad que fuere pertinente, consistente en la calificación del actor en situación "5 irrecuperable"
Las costas de ambas instancias se imponen a cargo del demandado vencido. Asimismo, se procederá a regular los honorarios del juicio conforme a las nuevas circunstancias de la causa (arg. art. 775 CPCC), y los correspondientes a la alzada, ponderando la naturaleza de esta acción, los méritos de la labor cumplida, el éxito obtenido, y las restantes pautas del art. 16 de la Ley 5480. También se tendrá en cuenta lo dispuesto por los arts. 15, 52 y concordantes de la ley arancelaria local.
RESUELVE:I) REVOCAR la sentencia de fecha 14 de octubre de 2010 con excepción del II de la misma. Proveyendo lo pertinente: I) HACER LUGAR a la presente acción de hábeas data interpuesta por Pomo Manuel Adolfo ORDENAR al FIDEICOMOSO FIANCIERO BH2 Que, en el plazo de cinco días de quedar firme la presente, arbitre las medidas o diligencias necesarias para suprimir la información proporcionada al BCRA, Organización Veraz S.A., a la FET y a cualquier otra entidad que fuere pertinente, consistente en la calificación del actor en situación "deudor 5 irrecuperable" ya que éste no se encontraba en esa condición al tiempo de su inclusión en la base de datos del BCRA.
II) COSTAS a la demandada.

Fuente: El Siglo de Tucumán. 24/12/10.

"Refundar y repensar" la protección de la privacidad en internet y nuevas tecnologías en el mundo online es hoy la preocupación de Artemi Rallo

2010-12-18T14:15:00.001-03:00

La Agencia de Protección de Datos pide más garantías de privacidad ... ABC.es El director de la Agencia Nacional de Protección de Datos, Artemi Rallo, abogó hoy por "refundar y repensar" nuevos mecanismos, entre ellos cambiar la ...

Avance del hábeas data en Colombia

2010-12-18T14:14:00.000-03:00

Personas podrán rectificar sus datos en entidades públicas y privadas ElTiempo.com Así lo contempla la ley de protección de datos personales que pasó a sanción presidencial. De ahora en adelante todas las personas podrán "conocer, ...

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Fallo CNAC, Sala K: "Hilbert c. Banco Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios"

2010-12-12T19:43:00.005-03:00

“Hilbert, Beatriz Ismaela c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios” CNAC: Sala K

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de mayo de 2010, hallándose reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de dictar sentencia en los autos: "Hilbert, Beatriz Ismaela c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios", y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden del sorteo de estudio, el Dr. Ameal dijo: I.- Vienen estos autos al Tribunal con motivo de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia dictada a 202/06, expresado agravios la actora en la memoria de fs. 229/33 y la demandada en el escrito de fs. 242/44, habiendo contestado el respectivo traslado sólo esta última a fs. 246/48.
II- Antecedentes.
Beatriz Ismaela Hilbert promueve demanda por daño moral contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires -Sucursal Caballito- por la suma de $120.000, por ser incluida como morosa en los registros del Banco y de Veraz.
Adujo que su parte cumplió rigurosamente con las cuotas del crédito que tenía con dicha Institución, inclusive efectuando pagos por adelantado, siendo incluida en los registros mencionados sin motivo alguno.
Destaca que a raíz de los daños y perjuicios que ello le trajo aparejado promovió demanda contra la aquí accionada (Exped. N° 73.252/01), la que fuera desestimada por no haberse acreditado el daño material invocado, demandando en estos autos el daño moral padecido y que no fuera reclamado en los autos aludidos, los que ofrece como prueba. La demandada opuso en el responde excepción de prescripción y de cosa jugada, desestimada esta última a fs. 140.
Negó asimismo, los hechos y daños y perjuicios invocados por la accionante y sostuvo que la entidad bancaria emitió una nota con fecha 29/1/01, dejando constancia que conforme documentación verificada "no corresponde la calificación que surge en informe de Organización Veraz", la que según sostiene, surte efectos en las entidades bancarias y empresas privadas que otorgan crédito; prueba de ello es que la actora no acreditó con prueba documental, la negativa de acceso al crédito, que motivara oportunamente la desestimatoria de la demanda de daños y perjuicios deducida contra su parte. Mal puede pretender entonces, un resarcimiento por daño moral.
En función de lo expuesto solicita el rechazo de la demanda, con costas.
III- Sentencia.
El Sr. juez de grado, rechazó la excepción de prescripción y con fundamento en lo resuelto en la causa nº 73.252/01, que tuvo por acreditado, que por error la actora fue colocada en una situación Nº 3 por un periodo de 7 meses, confirmada por fallo de esta Sala de fecha 13/12/04 (fs. 295/96) y lo dispuesto por el art. 522 del Código Civil hizo lugar a la demanda, condenado al Banco de la Provincia de Buenos Aires a abonar a la actora, la suma de pesos diez mil ($10.000), con más intereses y costas.
IV- Agravios.
Contra dicha decisión se alzan ambas partes.
La accionante se agravia respecto del monto por el que prospera la demanda, cuestionando la accionada la procedencia del resarcimiento.
V. Ambas quejas serán tratadas en forma conjunta, debiendo inicialmente analizarse las manifestaciones vertidas por la emplazada respecto a que los agravios deducidos por la actora no constituyen una crítica concreta y razonada de la sentencia de primera instancia. Al respecto debe recordarse que en la sustanciación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aún frente a la precariedad de la crítica del fallo apelado, directiva que tiende a la armonía en el cumplimiento de los requisitos legales y la aludida garantía de la defensa en juicio y a delimitar restrictivamente el ámbito de las sanciones que importan pérdida o caducidad de los derechos del apelante (conf. CNCiv., sala E, del 24/9/74, LL 1975-A-573; íd. Sala G, del 10/4/85, LL 1985-C-267; conf. CNEsp. Civ. y Com. Sala I, del 30/4/84, ED 111-513). En ese marco, y dado que la quejosa al expresar su disconformidad con el pronunciamiento en vista ha dado cumplimiento, en lo pertinente, con lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal, es que se desestima la pretensión perseguida por la demandada. Me avocaré en consecuencia al estudio de las cuestiones propuestas.
La accionada se agravia por cuanto el a quo hizo lugar a la demanda por daño moral. Sostiene, insistiendo en los términos de su responde, que conforme surge de la causa nº 73.252/01, agregada por cuerda a los presentes, la demanda de daños y perjuicios deducida oportunamente por la actora, fue rechazada con sentencia confirmada por esta misma Sala, precisamente por no haberse acreditado el daño, no comprendiéndose en consecuencia como, a través del análisis de la misma prueba, puede hacerse lugar al daño moral solicitado, lo que por tales razones resulta contradictorio.
Agrega que la reparación del daño moral pretendido requiere la existencia de dolo, señalando que la facultad que al juez le concede el art. 522 del Código Civil debe ser apreciada con rigurosa mesura, analizando detenidamente la índole del hecho generador de la responsabilidad y demás circunstancias recurrentes.
Solicita en definitiva se revoque la sentencia recurrida, ya que bajo ningún concepto ha sido probado daño alguno causado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la actora y prueba de ello es la sentencia desfavorable en el reclamo por daños y perjuicios anteriormente deducido.
La accionante solicita por el contrario, se incremente el quantum del resarcimiento, argumentando que el monto otorgado no cubre ni compensa el daño espiritual padecido por su parte como consecuencia de los hechos de autos.
Conforme constancias obrantes en autos y en la causa nº 73.252/01 el Banco de la Provincia de Buenos Aires comunicó al Régimen informativo de Deudores del Sistema Financiero del BCRA, que la actora se encontraba con calificación "3", aduciendo que ello se debió a un error en la información (fs. 89).
En efecto, conforme surge del informe de fs. 223 (Expte. 73.252/01) expedido por Veraz, la actora estaba registrada en el rubro Deudores del Sistema Financiero del BCRA, desde el período junio de 2000 con el Banco Provincia de Buenos Aires, con una situación 3 "con problemas"; siendo las clasificaciones informadas con posterioridad hasta octubre de ese año, normales, modificándose en enero de 2001 de la calificación n° 3 a la n° 1 "normal".
La sentencia dictada a fs. 262/63 de los autos mencionados, integramente confirmada por esa Sala a fs. 295/96, tuvo por acreditada la responsabilidad de la accionada por la información errónea registrada en su base de datos, pero desestimó la demanda por no haberse acreditado el daño patrimonial invocado.
Se trata ahora de determinar la procedencia del daño moral reclamado en autos, que por cierto y contrariamente a lo sostenido por la demandada, es una pretensión distinta de aquella, que no tiene relación con el daño material, y que como tal, motivara precisamente el rechazo de la excepción de cosa juzgada opuesta por la recurrente (fs. 140 y vta.).
Me he expedido en el precedente nº 14.909/04, acerca de la responsabilidad civil derivada por los daños ocasionados por el tratamiento de datos de carácter personal en función de la particular naturaleza de este tipo de informaciones, las características de las operaciones a que pueden ser sometidas y las consecuencias personales y patrimoniales que tanto los datos personales como esas operaciones pueden causar, y a su consideración como un "bien riesgoso", o "actividad riesgosa", desplazando el factor de atribución de responsabilidad hacía el campo de la objetividad, contemplándose desde el punto de vista contractual, como una violación al deber de seguridad (art. 1198). No me extenderé sobre el punto, toda vez que tal cuestión excede los agravios, resaltando solo que la informática y las comunicaciones han llegado a un grado tal de desarrollo que las informaciones en general y los datos de carácter general en particular, han adquirido una significación social de una dimensión hasta no hace mucho tiempo prácticamente impensable. Las posibilidades de recolección, selección, categorización, comparación, distribución, comunicación y acceso de inmensos volúmenes de datos en fracciones de segundo y sin límites, les da a éstas y a las actividades que se desarrollan a su respecto una impronta particular. (Conf. Guillermo Peyrano en "Reflexiones sobre la responsabilidad civil por los daños ocasionados por el tratamiento de datos de carácter personal", Lexis Nexis Jurisprudencia Argentina. Número especial del 28-04-2004). Es así que, resulta indiscutible que el daño se configuró y que tuvo su causa en la anotación y difusión de la condición de la actora, que como fuera señalado era errónea. Tal situación no se puede paliar con la rectificación del error incurrido, toda vez que el daño pese a la corrección, de todos modos se consumó. Y es que tal situación- la aparición en los registros del Banco Central y de Veraz S.A.- provoca de por sí un descrédito, porque enseguida circula en plaza con la consabida sospecha de insolvencia o irresponsabilidad patrimonial de la perjudicada" (conf. causa n° 47316/2002 - "Barsi, Belén María c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ ordinario" - CNCOM - SALA D - 23/11/2004).
No obsta a la configuración del daño, la circunstancia que la actora no acreditara el daño material invocado en la causa n°73.252/01, esto es que a raíz de la calificación errónea registrada en Veraz, le denegaran créditos en cuotas a largo plazo que solicitara con motivo de la adquisición de una extensión de tierra en el Delta de Tigre con miras a la construcción de cabañas para alquiler, obligándola a incurrir en gastos en efectivo y financiación con tarjetas de créditos, con altos intereses, ya que la situación de encontrarse en el registro con calificación de deudora, más allá de lo expuesto, constituye por sí un demérito y un agravio que justifica ampliamente la extensión del resarcimiento en función de la reparación integral y plena.
En tal sentido cabe destacar que el sistema normativo vigente regula la reparación del daño moral en los arts. 522 y 1078 del Cód. Civil, debiéndose efectuar una interpretación armónica de sus contenidos, complementándose recíprocamente, lo que determina la aplicación de criterios comunes a aspectos atinentes a: la legitimación para accionar; la forma de efectuar la reparación; los criterios probatorios: la transmisibilidad de la acción: la cuantificación del daño, etc.
Ello es así porque conceptualmente tanto en la órbita contractual como en la extracontractual, al tratarse el daño moral se aborda una temática idéntica. La ilicitud que justifica la reparación del daño, tiene vigencia como requisito del responder en todo tipo de incumplimiento ya sea que ocurra en el campo de la decisión privada lícita o en el ámbito aquiliano.
En uno y otro supuesto el menoscabo de orden espiritual genera la obligación de indemnizar mereciendo idéntica reacción del ordenamiento jurídico.
El daño en sentido amplio motiva la lesión a un derecho subjetivo o a un interés legitimo de orden patrimonial o extrapatrimonial, mientras que estrictamente, al considerarlo como presupuesto del responder civil, implica una consecuencia perjudicial o menoscabo que deriva de aquél siendo siempre susceptible de apreciación pecuniaria (art. 1068 y 1069 y concs. del Cód. Civil).
Aplicando tal criterio al daño moral encontramos que puede conceptualizarse como una modificación disvaliosa del espíritu derivado de una lesión a un interés extrapatrimonial. Tal acepción no se altera por el incumplimiento de una obligación contractual o la comisión de un hecho ilícito.
El contenido de los arts 522 y 1078 dio origen a distintos enfoques doctrinarios respecto a la reparación del daño moral; una tesis restrictiva sostiene que en el ámbito contractual el Juez esta facultado para ordenar el resarcimiento, en tanto en el caso de los actos ilícitos deberá establecer la reparación.
Tal concepción, fundado en la distinta gravedad del incumplimiento, en un caso la violación de una obligación preexistente y en el otro la comisión de un acto ilícito, justifica que el Juez teniendo en cuenta que en el primer supuesto está en juego un interés particular y no de orden público, como sucede en el ámbito aquiliano, está autorizado legalmente para condenar si así lo considera pertinente.
En el ámbito contractual se consagraría una responsabilidad de equidad y en el extracontractual sería legal de justicia (art. 1078).
En esa inteligencia existiría una sentencia constitutiva de derechos en virtud del daño moral contractual, lo que implica la carencia de derecho del damnificado a pedir la reparación del perjuicio por cuanto siempre dependería de la discrecionalidad judicial, todo ello no ocurriría en el campo aquiliano por ser la sentencia de carácter declarativo. Otra corriente de opinión, estimo que mayoritaria, interpreta que la función del Juez, sea cual fuere el origen del incumplimiento es la misma, declarar derechos preexistentes, por lo que en ambas órbitas una vez solicitada la indemnización y comprobada la existencia del perjuicio, corresponde la reparación.
No es adecuado, tampoco, aceptar el agravamiento que sostiene la mayor gravedad que en si mismo tendría un hecho ilícito en comparación con un incumplimiento contractual; tal parecer fue superado con la orientación moderna del derecho de daños que pone su punto de mira en la victima, como eje del sistema, y no en el dañador. En resumen, debe repararse el daño injustamente padecido por lo que no cabe distingos según sea la órbita en la que acontezca.
Asimismo el resarcimiento del daño moral en el incumplimiento obligacional no puede concebirse como excepcional y justipreciarse con un criterio restrictivo ya que numerosos casos nos demuestran la posibilidad cierta de reparación en supuestos como de mala praxis, incumplimiento del deber de seguridad en el contrato de transporte, etc.; en los que la especie del perjuicio que nos ocupa merece especial atención y con digno remedio. Un aspecto esencial con relación al tema de autos es el atinente a la prueba del daño moral. Existe una tesis, que no comparto, que diferencia la producción de la prueba conforme la distinta génesis del perjuicio. Si se trata del proveniente de un acto ilícito el daño debe tenerse por acreditado " in re ipsa", correspondiendo la prueba en contrario al presunto responsable, en cambio si el hecho generador es un incumplimiento contractual el daño debe ser probado en forma clara y categórica por el accionante. No parece apropiado tal criterio, en razón de que una persona puede sufrir el mismo daño moral, si es atropellado por un medio de transporte público (ámbito aquiliano) que si siendo transportada por el vehículo, éste colisiona y ella sufre lesiones en su integridad (ámbito contractual) y acciona contra el transportista, no justificándose que en el primer caso el perjuicio se presuma y en el segundo deba ser probado, por cuanto la entidad del daño es idéntica.
Si bien es cierto que el daño moral, por aplicación de las reglas que rigen la carga de la prueba, debe ser acreditado por quien pretende su reparación, es prácticamente imposible utilizar para ello una prueba directa por la índole espiritual y subjetiva del menoscabo. En cambio es apropiado el sistema de la prueba presuncional indiciaria como idóneo a fin de evidenciar el daño moral.
La prueba de indicios o presunciones hóminis se efectúa a partir de la acreditación por vía directa de un hecho del cual se induce indirectamente otro desconocido, en virtud de una valoración hecha por el Juzgador basada en la sana crítica (art. 163 del ritual). Por lo tanto es necesario probar indefectiblemente la existencia del hecho que origina el daño debiendo darse entre aquel y este último una relación de causalidad que "conforme el curso normal y ordinario" permite en virtud de presunciones "hóminis" evidenciar el perjuicio. Asimismo es conveniente producir la prueba respecto de las circunstancias que rodean al damnificado y al evento generador del perjuicio, lo que permite deducir su envergadura. Teniendo en cuenta todo lo expuesto y aplicando al supuesto de autos la postura doctrinaria que en la actualidad prevalece, debe tenerse por cierto que el hecho indicador está suficientemente acreditado y atendiendo a las cuestiones fácticas que rodearon al hecho, que por sí provocan un descrédito al circular el nombre de la accionante en la categoría erróneamente adjudicada, con la consiguiente repercusión disvaliosa en su espíritu, propongo al Acuerdo incrementar el quantum concedido a la cantidad de $20.000 (art. 165 del Ritual).
VI.- Por las razones expuestas expido mi voto: I) porque se modifique la sentencia recurrida en el sentido de incrementar el monto acordado por "daño moral" a la suma de $ 20.000; II) confirmarla en todo lo demás que decide, manda y fuera objeto concreto de agravios y III) imponer las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (conf. art. 68 del CPCC).
La Dra. Hernández por las consideraciones y razones aducidas por el Dr. Ameal, vota en igual sentido a la cuestión propuesta.
OSCAR J. AMEAL.
LIDIA B. HERNANDEZ.
ALMEIDA PONS (SEC.).
Es copia.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, por unanimidad de votos, el Tribunal decide: I) modificar la sentencia recurrida en el sentido de incrementar el monto acordado por "daño moral" a la suma de $ 20.000; II) confirmarla en todo lo demás que decide, manda y fuera objeto concreto de agravios y III) imponer las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (conf. art. 68 del CPCC); IV) diferir la regulación de honorarios para una vez aprobada en autos la liquidación definitiva (art. 279 CPCC).
Se deja constancia que la Dra. Díaz no firma la presente por hallarse en uso de licencia (conf. art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Se convirtió en ley la regulación procesal del hábeas data en provincia de Buenos Aires

2010-12-03T18:57:00.001-03:00

Luego de16 años la Provincia cuenta con la ley de Hábeas Data Aninoticias La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley la regulación procesal de la acción de Hábeas Data, luego de aceptar las modificaciones que le hiciera el ...

Proyecto de ley de protección contra la discriminación laboral

2010-11-28T14:49:00.001-03:00

Proyecto: Régimen de protección contra la discriminación laboral; ante los efectos de que el trabajador se encuentre registrado en una empresa dedicada al registro de deudores del sistema bancario y/o financiero y/o de cualquier otra índole
Artículo publicado por: Carlos Heller
El Senado y Cámara de Diputados,…
Protección contra la discriminación laboral
Artículo 1: Quien arbitrariamente obstruya, impida u obstaculice de algún modo el ingreso de un trabajador a un puesto de trabajo de cualquier naturaleza para el que cumple con los requisitos de idoneidad requeridos, por causa de que el trabajador se encuentra registrado en una empresa dedicada al registro de deudores del sistema bancario y/o financiero y/o de cualquier otra índole, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio, a incorporarlo al puesto de trabajo y a reparar el daño moral y material ocasionados.
Artículo 2: Salvo prueba en contrario se presume que al estar el trabajador incluido en los padrones de las empresas dedicadas al registro de deudores, la causa que impide el acceso al puesto de trabajo requerido obedece a la información consignada por la empresa que registra este tipo de datos.
Artículo 3: Las empresas cuyo objeto es el registro y tráfico de datos personales de deudores no podrán remitir estos datos a terceros, salvo expresa orden judicial o causa debidamente fundada para la suscripción de contratos que no sean de naturaleza laboral.
Articulo 4: Los trabajadores y sus representantes sindicales con su autorización tienen derecho a exigir a las empresas que registran datos de deudores que informen inmediatamente, por escrito y en forma gratuita, los datos incorporados a sus registros, a los efectos de ejercer sus derechos de peticionar correcciones o supresiones.
Artículo 5: Las acciones judiciales que se deriven del incumplimiento de las obligaciones y demás derechos que nacen de la aplicación de la presente ley se tramitarán por la vía de amparo y/o sumarísima de cada jurisdicción, siendo competentes los tribunales especializados en derecho de trabajo.
Artículo 6: Se considera práctica prohibida por esta ley cualquier distinción exclusión o preferencia basada en motivos de condición económica o social que altere la igualdad de oportunidades de acceso o permanencia en un empleo. En todos los casos el damnificado podrá accionar y reclamar en los términos establecidos en el Artículo 1 de la presente ley.
Artículo 7: Las acciones previstas en esta ley no excluyen las previstas en otras normas que amparen derechos idénticos y/o similares que la presente.
Artículo 8: De forma.-
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es una reproducción del Expediente 6535-D-08.
En los últimos tiempos hemos recogido un sinnúmero de denuncias de trabajadores que manifiestan sentirse discriminados a la hora de procurar un empleo. Ello, por el solo hecho de haber sido incorporados -muchas veces injusta y arbitrariamente- a registros de empresas tales como Veraz, por citar sólo a la más conocida de ellas.
Entendemos que se trata de una violación a derechos humanos y garantías constitucionales de los trabajadores. Esta suerte de lista negra configura un avasallamiento de derechos humanos vinculados con la no discriminación y con los derechos a trabajar, a peticionar y a acceder a la inclusión social, todo lo que se vincula con el respeto de derechos relacionados con la intimidad de las personas y la confidencialidad de su desempeño en el área laboral. Por otra parte, la intencionalidad de este tráfico de datos tiene como objetivo evidente el uso de los mismos para discriminar a trabajadores desocupados en la instancia de ofrecer su fuerza de trabajo en este mercado laboral que diariamente expulsa a la marginalidad a miles de personas.
Nuestro repudio a esta base de datos que recuerda lamentables listas que han circulado y circulan señalando a las personas por sus ideas políticas, sindicales, religiosas, posición económica, etcétera, tiene fundamento jurídico en las leyes 23.592 (antidiscriminatoria) y 25.326 (que reglamenta el Derecho de Habeas Data) y en el artículo 43 de la Constitución Nacional (que habilita a toda persona a reclamar la supresión de los datos públicos o privados destinados a proveer informes sobre aspectos de su intimidad que puedan ser utilizados con fines discriminatorios o que le causen perjuicio).
Además, esta colecta de datos que se pretende recoger de las empresas, lesiona derechos humanos esenciales que forman parte de nuestro orden normativo y es indudable su carácter de “dato sensible” que debe ser protegido, de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia nacional y a la legislación comparada que prescribe la tutela de la privacidad de datos de las personas frente a la difusión masiva facilitada por el avance de la tecnología y la transmisión y flujo de información de archivos.
Con las dificultades que la clandestinidad de estas prácticas tiene, el proyecto de ley que se propone tiende de alguna manera a limitar y sancionar a las personas físicas y jurídicas que discriminen a los trabajadores que por error y/o por la situación de desesperación por falta de medios de pago tenga deudas con el sistema bancario o financiero.
Este proyecto de ley se fundamenta, además, en el derecho constitucional a trabajar y ejercer una industria lícita (artículo 14 de la Constitución Nacional), en los tratados y convenios de derechos humanos aplicables y en el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la discriminación en materia de ocupación y empleo (tiende a preservar la igualdad entre los seres humanos, la libertad, la dignidad y la igualdad de oportunidades).
A nuestro criterio, este Honorable Cuerpo deberá impulsar todas las acciones que inicien los trabajadores y sus asociaciones sindicales para impedir esta lesión a los derechos personalísimos de los trabajadores, ante la ilegalidad, abuso o manejo discriminatorio e inapropiado de datos personales.Por todo lo expuesto, Señor Presidente, solicitamos a esta Cámara de Diputados de la Nación la aprobación del presente Proyecto de Ley.
FIRMANTES:
BASTEIRO, SERGIO ARIEL NUEVO ENCUENTRO POPULAR Y SOLIDARIO BUENOS AIRES

Proyecto de ley de hábeas data en Costa Rica

2010-11-28T14:45:00.000-03:00

Exigirán control de datos personales El Capital Financiero Urcuyo confirmó que él procuró la creación del recurso de hábeas data para la ... Hábeas data: En ese año, el diputado Constantino Urcuyo presentó un ...

Una década de protección de datos personales en Argentina: 2000 - 2010

2010-11-21T19:54:00.002-03:00

Organizan seminario sobre la Ley de Protección de Datos Personales ...
iProfesional.com Organizan seminario sobre la Ley de Protección de Datos Personales. A una década de la sanción de esta norma en el país, ...

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Los empleados de Google tomarán clases de seguridad y protección de datos personales

2010-11-20T14:14:00.000-03:00

Google dará clases de seguridad y protección de datos personales a ... FayerWayer Y los de Mountain View no sólo se retractarán, eliminando todos esos datos personales captados de manera fraudulenta en el Reino Unido, si no que además ...

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Bloqueo de datos personales sobre morosidad en personas cesantes. Chile

2010-11-19T18:21:00.001-03:00

Protección de Datos Personales » Blog Archive » Bloqueo de datos ...

Según protecciondedatospersonales Es un hecho en Chile que los datos personales sobre el comportamiento financiero y/o comercial, conocidos como datos personales de solvencia patrimonial y crédito, son determinantes para el acceso al empleo, puesto que dan cuenta de un ...

En busca de una regulación para el comercio electrónico

2010-11-15T19:11:00.001-03:00

Regularán comercio electrónico en Centroamérica Azteca Noticias... protección al consumidor, privacidad y protección de datos personales, delitos informáticos, propiedad intelectual y nombres de dominio. ...

Transparencia pública y protección de datos personales. Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE

2010-11-13T19:45:00.000-03:00

Transparencia pública versus protección de datos personales ... Transparencia pública versus protección de datos personales. Esta semana conocimos una importante sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. ...

Fallo del Juzgado de Instrucción de Río Negro -Juez M. Lozada- L. A. S/HÁBEAS DATA

2010-11-13T19:02:00.002-03:00

San Carlos de Bariloche, 12 de octubre de 2010.
Autos y vistos:
Para resolver en la presente causa caratulada "L. A. S/HABEAS DATA", expte. nro. S.3-10-336, del registro de la Secretaría nro. 3 de este Juzgado de Instrucción a mi cargo.
Los hechos:
I.- Que a fojas 1/7 se hizo presente A. L., articulando acción de hábeas data y poniendo en conocimiento del suscripto la existencia de una fotografía correspondiente a su persona en los álbumes de "personas sospechosas" de la Policía de la Provincia de Río Negro.
Sostuvo que tal fotografía fue obtenida el día 2 de julio del año en curso cuando permaneció detenido en dependencias de la Unidad II de Policía RN, siendo liberado después de 2 horas enterándose que habría sido confundido con el autor de un hurto investigado, pasando a integrar los registros visuales de personas sospechadas de criminalidad, como fue observado por un conocido del presentante, quien tuvo ocasión de verlos cuando debió reconocer a los autores de otro delito cometido en su perjuicio oportunamente.
Considera L. que la inclusión de ese soporte fotográfico constituye una amenaza actual y permanente no sólo de su buen nombre y honor, sino también de su libertad ambulatoria.
Tras ello solicité al Sr. jefe de la Brigada de Investigaciones que informase al Tribunal en relación a si en los álbumes fotográficos a disposición de ese organismo se hallaba inserta la fotografía de A. L., lo cual fue contestado de modo afirmativo como luce a fs. 13/16. Concretamente, se indicó que el nombrado fue retratado fotográficamente el día 6 de julio de 2010 y luego prontuariado bajo la numeración 2039.
Por otra parte, tal cual surge del informe emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal a fojas 12, Agustín López no registra antecedentes en ese organismo.
Naturaleza de la cuestión planteada
I.- Se trata en estos autos la situación de un joven residente en esta ciudad, que ante la noticia relativa a la existencia de una fotografía suya en el álbum policial a disposición de la Brigada de Investigaciones local, solicita se proceda a su retiro.
De acuerdo a la cuestión deducida en autos, nos encontramos frente a una cuestión que amerita ser articulada mediante la herramienta jurídica conocida como hábeas data, la cual se encuentra contemplada en el ordenamiento jurídico rionegrino conforme los términos de la ley 3246.
En relación a su naturaleza, la jurisprudencia nacional ha señalado que se trata de una acción y modalidad de amparo que permite a toda persona interesada acceder al conocimiento de los datos que consten en registro de bancos de datos públicos o privados destinados a proveer información. Y que, a su vez, le permite, en caso de falsedad o discriminación, exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización -al respecto, entre otros, CN Cont. Adm. en "García de Llanos, Isabel c/ Caja de jubilaciones de Pensiones y Retiros de Córdoba", LLC 1995-948-.
La jurisprudencia ha establecido, además, que el hábeas data tiene una serie de objetivos principales que pueden sintetizarse del siguiente modo: que una persona pueda acceder a la información que sobre ella conste en un registro o banco de datos; que se actualicen datos atrasados; que se rectifiquen los datos inexactos; que se asegure la confidencialidad de cierta información legalmente obtenida para evitar su conocimiento por terceros; y la supresión del requisito de la llamada información sensible, tal como la referida a la vida intima, política, religiosa o gremial" -así, CN Cont. Adm. IV, 5/9/95- "Farrel, Desmond Agustín c/ Banco Central de la República Argentina y otros s/ Amparo Ley 16986", JA 20/12/95-.
La ley vigente en la Provincia de Río Negro, por su parte, establece que quienes pueden ejercer la acción de hábeas data son las personas físicas y jurídicas (art. 1) en la medida que se consideren afectadas por la información a ellas referidas obrante en registros o bancos de datos públicos o privados (art. 3°). Y que pueden hacerlo "en caso de falsedad o discriminación, para exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización".
El artículo 6° de la ley establece que "La acción procederá contra los titulares, responsables o usuarios del registro o banco de datos públicos o privados, pudiendo interponerse ante el Juez con competencia en el lugar donde la información se encuentre registrada o se exteriorice o el del domicilio del afectado".
Para que proceda la acción es menester que haya sido ejercida por los sujetos previstos por el artículo 34 de la Ley 25326; que se demuestre el motivo descalificante o discriminatorio del dato en cuestión; que el origen del dato sea la anotación en registros o bases de datos propios o de terceros, ya sean públicos o privados destinados a suministrar información.
De modo que cabe tener por reunidos los requisitos ante dichos y que hacen a la procedencia de la acción.
Derechos involucrados en autos
De conformidad al relato de los hechos, así como del informe emitido por el jefe de la Brigada de Investigaciones, es evidente que mediante el accionar policial cuestionado se estarían violentando o afectando una serie plural de derechos constitucionales y humanos.
En primer término, el principio de inocencia, contemplado en el art. 18 de la Constitución Nacional; el art. 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica, y los arts. 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Luego, se estaría afectando la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación (art. 16 de la C.N.), así como el principio de razonabilidad en la limitación de los derechos (art. 28 de la C.N.). Y se estaría haciendo lo propio respecto del derecho a la intimidad, al buen nombre y al honor (art. 19 de la C.N.)
Asimismo, estaríamos ante el menoscabo de la prohibición de "ingerencias arbitrarias" (art. 11 inc. 2 del Pacto de San José de Costa Rica, art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Por último, la incorporación de las fotografías que nos atañen en el referido álbum afectaría el derecho a la libertad personal (art. 18 CN, art. 7 del Pacto de San José de Costa Rica y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Atento la naturaleza de los derechos en juego, esto es, de naturaleza no patrimonial y en esencia de carácter personalísimos, se advierte la necesidad de proceder a su inmediata tutela. Puesto que a nadie puede pasar desapercibido los potenciales perjuicios emergentes de la existencia de álbumes de personas sospechadas, cuando la selección que allí se realiza no responde a ningún parámetro objetivo y susceptible de control, como resulta ser el caso que aquí nos atañe.
Mandamiento
Por la índole de los derechos en posible afectación, esta actividad administrativa -registro de datos mediante identificación fotográfica- debería estar claramente reglada sin que existan aspectos de su implementación que puedan quedar al arbitrio de cada funcionario o agente policial y, además, sujeto a la supervisión de las autoridades judiciales.
Es indudable que desde la reforma constitucional, el texto fundamental instituye y tutela bienes colectivos, que imponen -para su adecuada tutela- superar la vieja tradición que se deriva de la lectura solitaria de la legislación, debiendo los magistrados ajustar sus decisiones a las nuevas normas constitucionales y su contexto.
En virtud de ello, si en el marco de un proceso el juez encuentra "prima facie" afectados derechos de esa índole, no puede entonces hacer prevalecer la presunción de legalidad de los actos estatales por sobre las garantías que ofrece la Constitución Nacional y Provincial.
Lo antedicho se condice con la génesis de la presente, en circunstancias de percibir en el álbum policial el retrato de un joven que, como se ha visto, carece de antecedentes penales.
Se trata, entonces, de armonizar las capacidades persecutorias en cabeza de las agencias estatales dedicadas a la prevención y represión de hechos delictivos, con los principios que deben regir la vida de un Estado constitucional y democrático de Derecho. Para lograr tal finalidad debe dotarse de racionalidad jurídica a la actividad persecutoria evitando que su encauzamiento afecte garantías constitucionalmente consagradas.
Considero, entonces, que la expresión de voluntad vertida en autos por el afectado A. L. en relación a que la fotografía de este último sea removida del referido álbum policial, debe ser objeto de tratamiento jurisdiccional mediante la modalidad que encarna la presente acción de hábeas data.
Como ya lo he señalado en los autos caratulados "Juzgado de Instrucción nro. II s/ actuaciones", expte. nro. S.3-06-147, la confección de dichos álbumes fotográficos con personas que aún gozan del estado jurídico de inocencia, por el sólo hecho de haber ingresado a una comisaría a los fines de averiguación de antecedentes, constituye un acto lesivo del principio de igualdad ante la ley y, por lo tanto, discriminatorio. Acto administrativo que, con tales características, pone en riesgo la libertad de quienes allí lucen retratados, a punto de constituir un grosero desconocimiento del principio constitucional de inocencia. Principio que se basa en una presunción que tan sólo puede considerarse en crisis por medio de una sentencia condenatoria que así lo exprese.
No será éste, sin embargo, el momento en el cual ahondar la cuestión atinente a la constitucionalidad o no de la norma que hasta la fecha autoriza ese proceder por parte de la policía provincial -art. 11, inciso b) de la ley 1965 -Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Río Negro-.
Tampoco puede pasar desapercibido, además, que la fotografía en cuestión fue extraída sin contar con la autorización del propio L., quien no fue informado en relación a la naturaleza del acto a ensayar, sus posibles efectos, y la posibilidad de articular recursos que, como el presente, eventualmente pueden surtir los fines que ya fueran objeto de oportuna mención.
A fin de remediar la situación planteada en la presente causa, debo hacer lugar a la procedencia de la acción articulada por el nombrado. Así las cosas, deberá ordenarse al Sr. Jefe a cargo de la Unidad Regional Tercera que proceda a retirar del álbum policial de personas sospechosas las fotografías correspondientes a A. L.
Por último, soy de la opinión de que dicha medida no afectará el interés público del Estado, representado por la potestad de registrar datos de personas involucradas en actividades delictivas. Por el contrario, la declaración jurisdiccional acerca de la improcedencia de integrar dichos registros con personas que aún gozan del estado constitucional de inocencia contribuirá a la necesaria racionalidad jurídica y administrativa que debe regir un tópico tan delicado como el aquí tratado.
Así las cosas,
Resuelvo:
Hacer lugar a la acción de hábeas data, y ordenar al Sr. Jefe de la Unidad Regional Tercera para que en el plazo de 24 horas de notificada la presente proceda a retirar las fotografía correspondiente a la persona de A. L. - nro. 2039- del álbum fotográfico de personas sospechosas, de conformidad a lo normado por la ley 3246 y el artículo 43 de la Constitución de la Provincia de Río Negro.
Protocolícese, regístrese y notifíquese.
　

La Comisión Europea trabaja en materia de "derecho al olvido" en internet

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La CE regulará el “derecho al olvido” de los usuarios en Internet CSO Spain Tal y como ha apuntado la vicepresidenta de la CE y responsable de Justicia del organismo comunitario, Viviane Reding, “la protección de datos personales es ...

El dictamen W29 culminó "sin objeción" para la legislación sobre protección de datos personales en Uruguay

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Uruguay es reconocido por la Unión Europea por su nivel de ... UyPress BRUSELAS, 9 Nov (UYPRESS) - La comisión técnica europea que analizaba el marco jurídico e institucional uruguayo en para la protección de datos personales ...

Uruguay próximo a ser aprobado como país adecuado a la Directiva Europea de Protección de Datos Personales

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Su consultor en Protección de Datos: Uruguay a punto de ser ... según Ameuronet Uruguay es un país muy próximo a ser adecuado con el mismo estatus en cuanto a Protección de Datos Personales a los fines de la Directiva Europea, Si la comisión Europea aprueba este dictamen (probablemente lo haga), Uruguay será el ...

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La AEPD aplica multa a la Sociedad General de Autores por enfocar sus cámaras de vigilancia a la calle

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Conocer al empleado por las redes sociales. Por Jorge Mosqueira en La Nación

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Conocer al empleado por las redes sociales
Empresas supervisan la Web para observar comportamientos fuera del ámbito laboral

Suele suceder que las noticias se organicen como los naipes de un mago, que a un mazo arbitrariamente mezclado lo hace aparecer ordenado de menor a mayor. Pocas semanas atrás, en este mismo espacio, hicimos referencia a la obsesiva intención de vigilar visualmente a los empleados. Más tarde supimos de técnicas de predicción pseudocientíficas sobre el futuro comportamiento de un postulante a través de los rasgos del rostro, intentando conjurar la incertidumbre.

Un error de juventud puede pasar factura mientras sus datos personales figuren en internet

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Desnudos en Internet Publico.es ¿Y qué datos personales podría obtener una empresa a partir de sus hábitos de navegación? La respuesta a estas preguntas varía en función de lo activo que ...

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Google anuncia nuevas medidas para la protección de datos personales en la web

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Google anuncia nuevas medidas para asegurar la protección de datos según latas Este plan fue comunicado por el vicepresidente de Ingeniería e Investigación de Google, Alan Eustace, en el blog corporativo de la empresa, en el que admitió que entre 2006 y 2010 personal de Google capturó datos personales de las redes ...

El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información realiza una campaña de difusión para la protección de datos personales

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Inicia ICAI campaña de Protección de Datos Milenio Con el propósito de difundir el derecho de protección de datos personales, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información -ICAI- empieza una campaña de ...

Primeros chispazos por la utilización de las cámaras de seguridad

2010-10-21T22:03:00.001-03:00

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad alertó que las imágenes tomadas en lugares públicos sólo puedan ser usadas tal y como lo dispone la ley. Asimismo, recomendó “revisar los criterios, motivos y razones que han llevado a las autoridades a la colocación de las cámaras”.
Mediante una resolución, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires sugirió a las autoridades porteñas diversas cuestiones a tener en cuenta en cuanto a la utilización e instalación de videocámaras en diversos puntos de la Ciudad, basado en un dictamen del Centro de Protección de Datos, organismo dependiente de la Defensoría.
Tal es así que sugirieron a las autoridades que las imágenes grabadas sólo pueden ser utilizadas tal como dispone la ley, es decir, “en una situación concreta, para asegurar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, la elaboración de políticas públicas de planificación urbana, así como para la prevención de faltas e infracciones relacionadas con la seguridad pública”. Razón por la cual, “no pueden ser cedidas a funcionarios no autorizados, terceros y tampoco retransmitidas por canales de televisión”.
Asimismo, se insta a “extremar los recaudos que impone la ley” y en el caso de que las imágenes fueran entregadas a la Justicia, recomiendan “darle seguimiento hasta tanto se arribe a la resolución judicial firme, y en base a ello en caso de ser necesario, se corrijan, rectifiquen, actualicen los datos que correspondan”.
Siguiendo la línea de extremar recaudos desde el organismo establecen la necesidad de fijar un protocolo de acción único. Desde la Policia Metropolitana, de quien dependen dichas cámaras, se informo que esta en elaboración del mencionado manual, por lo que se sugirió “evitar posibles lesiones a la intimidad, la libertad personal y el derecho a la imagen de los habitantes”.
A fines de septiembre el Gobierno Porteño presentó la incorporación de 40 nuevas cámaras en el barrio de Caballito, lo que suma a esta altura en total unas 350 cámaras distribuidas en diferentes puntos de la Ciudad. Según informaron, esta cifra se ampliará a mil en marzo próximo y que trepará hasta los 2000 antes de finalizar 2011. Las mismas se encuentran instaladas en 14 parques y plazas porteñas, en las calles aledañas a la la Jefatura de Gobierno y la Legislatura, el Distrito Tecnológico, los alrededores de Plaza de Mayo y la plaza Naciones Unidas en las cercanías de la Facultad de Derecho.
Sin embargo, desde la Defensoría recomendaron “revisar los criterios, motivos y razones que han llevado a las autoridades a la colocación de las cámaras” ya que “se desconoce si tal decisión [la instalación en los puntos elegidos] ha sido motivada en el previo trazado de un mapa del delito o un estudio que sustente esta medida gubernamental” lo que “es importante a los fines de que cumpla con criterios de razonabilidad y proporcionalidad solicitados por la ley”.

Fuente: Diario Judicial, edición del 21/10/2010

La Asociación de Bancos instruyó a sus asociados para eliminar "cláusulas abusivas" a los consumidores en Chile

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Sernac: Asociación de Bancos instruyó a asociados a eliminar ... El Mercurio OnLine (Chile)Entre ellas, las referidas a la protección de datos personales y la evaluación de la capacidad de pago, destacó la entidad. Se iniciará campaña para ...

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La protección de datos personales frente al Fisco en Uruguay

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Acuerdo sobre el secreto bancario Diario El País En el mismo sentido, el artículo 1° de la Ley 18.331 de "Habeas Data" le reconoce el rango constitucional a este derecho, al establecer: "Artículo 1º. ...

En España la falta de autorización del cliente bancario para ceder los datos personales conlleva a fuertes multas

2010-10-18T20:33:00.000-03:00

No solicitar autorización al cliente bancario para ceder los datos ... Capital News... corresponde al que ha incluido los datos personales en sus ficheros. El artículo 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) requiere el ...

El Juez Lozada hizo lugar a otro hábeas data ordenando retirar una foto del albúm policial

2010-10-15T18:44:00.001-03:00

Lozada hizo lugar a habeas data Bariloche 2000 A raíz de ello, el juez ordenó la sustanciación de un recurso de hábeas data y dispuso la extracción de dicha fotografía del referido álbum policial.

Proyecto de ley de hábeas data en la provincia de Buenos Aires

2010-10-14T18:26:00.000-03:00

Senado modificaría Habeas Data y volvería a Diputados InfoCielo La acción de hábeas data procederá, cuando se requiera: a) que una persona pueda acceder a la información que sobre ella conste en un registro o banco de ...

Once compromisos suscriptos por los miembros de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales

2010-10-09T15:30:00.002-03:00

Declaración de México sobre protección a los Datos Personales E- Consulta En días pasados, se llevó a cabo en la Ciudad de México el "VIII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales" con la asistencia de representantes de los países de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, todos ellos miembros de la Red Iberoamericana de Datos Personales.

Registro Nacional de Documentos de Identidad Cuestionados

2010-10-07T19:51:00.004-03:00

Por Disposición 24/2010 se creó, en el ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, el Registro Nacional de Documentos de Identidad Cuestionados.
El referido Registro tiene por finalidad la prevención de los perjuicios que se ocasionan como consecuencia del delito de robo de identidad.
Aquellas personas que hayan sufrido la pérdida, robo o hurto de su Documento Nacional de Identidad, Cédula o Pasaporte, además de realizar la denuncia penal en la sede Policial o Judicial de su jurisdicción, podrán efectuar la denuncia ante este Registro.

El mismo podrá ser consultado por quienes quieran saber, si un documento de identidad ha sido denunciado como extraviado, hurtado o robado.

A manera de reflexión, consideramos que para que el Registro indicado, cumpla con la finalidad de prevención con la que fue creado, en primer lugar el Banco Central de la República Argentina, como órgano de control de las entidades financieras debería establecer la obligatoriedad de realizar dicha consulta, como requisito previo al otorgamiento de créditos a los clientes. De tal manera, operaría como un recaudo más, a efectos de precaver que el solicitante del crédito no resulte una persona con identidad robada.
Por otro lado, los responsables de archivos, bancos y bases de datos destinados a proveer informes, antes de registrar los datos financieros negativos de una persona, deberían efectuar la consulta al Registro para asegurarse que no están informando a una persona que ha sido víctima del mencionado delito.

Las denuncias se deben realizar en la DNPDP. Sarmiento 1118. 5º Piso. CABA.
TE. 4383-8512/8510/8513
Correo electrónico: infodnpdp@jus.gov.ar

Disposición DNPDP 24/2010
Bs. As., 4/10/2010
Publicación en B.O.: 07/10/2010
VISTO el Expediente Nº 197.541/10, del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS y las competencias atribuidas a esta Dirección Nacional por la Ley Nº 25.326 y su Decreto Reglamentario Nº 1558 de fecha 29 de noviembre de 2001, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 007 de fecha 13 de mayo de 2010, de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES (DNPDP), se creó el CENTRO DE ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ROBO DE IDENTIDAD, con el objeto de facilitar orientación y asistencia a quienes como consecuencia del robo de información que contiene datos personales, puedan ver perjudicados en sus derechos en caso de su utilización ilegal.
Que entre sus funciones, se encuentra la de adoptar todas las medidas que se consideren convenientes para orientar, asistir y prevenir el accionar descripto y, en particular, aquellas necesarias para evitar que la acción fraudulenta continúe desarrollándose respecto de la misma persona.
Que este accionar se encuentra generalmente facilitado a partir del extravío, hurto o robo de documentos de identificación (v.g.: documento nacional de identidad, pasaporte, cédula de identidad).
Que si bien en numerosos casos, los delincuentes accionan sin que los propios damnificados lo adviertan, hay otros en que el interesado por conocer el extravío, hurto o robo de sus documentos de identidad puede tomar medidas preventivas.
Que una de las medidas que puede adoptar el afectado es la realización de la respectiva denuncia penal en sede policial o judicial.
Que en consecuencia, en el marco de las actividades a realizar por el CENTRO DE ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ROBO DE IDENTIDAD y con el objeto de adoptar medidas para ayudar tanto a las víctimas del accionar descripto como a las personas que con ellas deban relacionarse, se propicia, con miras a garantizar la seguridad jurídica, la creación del REGISTRO NACIONAL DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD CUESTIONADOS.
Que dicho Registro se conformará con las denuncias relativas a pérdidas, hurtos, robos o cualquier otro cuestionamiento que se estime pertinente, referidas a todo tipo de documentos de identidad que sean remitidas tanto por las autoridades públicas correspondientes como por los propios interesados.
Que, asimismo, el Registro podrá ser consultado por quienes quieran saber si un documento de identidad ha sido denunciado como extraviado, hurtado o robado.
Que esta Dirección Nacional establecerá los mecanismos internos para el adecuado funcionamiento del Registro que se crea por la presente.
Que en su creación se verifica el cumplimentado de los requisitos que exige el artículo 22 de la Ley Nº 25.326 para las bases de datos públicas.
Que ha tomado intervención favorable la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el artículo 29, inciso 1, apartado b) de la Ley Nº 25.326 y el artículo 29, inciso 5, apartado a) del Anexo I del Decreto Nº 1558/01.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DISPONE:
Artículo 1º — Créase en el ámbito de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES el REGISTRO NACIONAL DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD CUESTIONADOS, el que tendrá como objetivos:
a) organizar y mantener actualizado un registro informatizado donde consten el número y tipo de documentos de identidad que fueran denunciados a este registro por las autoridades públicas competentes y/o los propios titulares de los mismos con motivo de pérdida, hurto, robo o cualquier otra alteración.
b) tramitar las consultas de quienes deseen saber si un documento de identidad ha sido incluido en el Registro antes citado, a través del sistema que se diseñará al efecto.
Art. 2º — La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES será el órgano responsable del archivo creado en el artículo precedente y ante sus dependencias deberán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, actualización o supresión.
Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— Juan A. Travieso.

Nuevos paradigmas para la protección de datos personales en el marco del VIII Encuentro Iberoamericano

2010-10-02T10:33:00.001-03:00

Avances informáticos, riesgo real para la vida La Jornada (México) En conferencia de prensa, la presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifia), Jaqueline Peschard, ...

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Robo de identidad deja ganancias de $5 mil millones al año en México La Jornada (México) En cuanto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poder de Particulares, indicó que va a ayudar a reducir los riesgos, pues habrá controles en ...

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En Neuquén regulan el uso de videocámaras

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Proyecto de ley para incluir entre los datos sensibles de la ley 25.326 al "patrimonio genético"

2010-09-24T19:15:00.000-03:00

Buscan proteger el “patrimonio genético” Noticias del Congreso Nacional Finalmente, la Ley 25.326 de protección de datos personales ha sido un gran avance legislativo en la materia, habiendo destacado dentro de la protección ...

"Pensar antes de postear" Derecho al ovido digital

2010-09-21T19:06:00.001-03:00

QUIERO BORRAR MI PASADO... DE INTERNET Finanzas.com En tiempos de redes sociales aparece una nueva reivindicación: el derecho al olvido. Una foto colgada hace años, un post en el blog o una noticia aparecida en prensa... Todo sigue en la nube, a golpe de ratón. Condenados a la memoria. Pero ya hay alguien trabajando en liberarnos de esa condena...