Bienvenidos al blog de hábeas data financiero y protección de datos personales

Bienvenidos al blog de hábeas data financiero y protección de datos personales


Invito a participar en este espacio a los interesados en la protección de datos personales, con la finalidad del enriquecimiento conjunto y colaboración con la sociedad.

Toda persona tiene derecho a conocer sus datos personales, que se encuentren en archivos, bases o bancos de datos y en caso de falsedad o discriminación, exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos.

En Argentina, la protección de datos personales se rige principalmente por el artículo 43, párr. 3º de la Constitución Nacional, la ley 25.326 y su decreto reglamentario 1558/2001.


Pueden dejar comentarios, sugerencias o enviar artículos de interés para ser publicados en este blog.


E-mail: contacto@habeasdatafinanciero.com


Libro Hábeas Data Financiero

viernes, 22 de septiembre de 2017

Multa


Condenaron a La Anónima a pagar 250 mil pesos a una cliente

Condenaron a la Anónima a pagar 250 mil pesos a una cliente


La Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia (La Anónima) y la Compañía Financiera Argentina (Efectivo Sí), tendrán que indemnizar con 250 mil pesos e intereses a una cliente que las denunció por daño moral y punitivo.
La condena, que básicamente castiga el incumplimiento de las normas de Defensa del Consumidor, fue confirmada por la Cámara Civil de Apelaciones de la localidad rionegrina de Roca, al respaldar el fallo que la jueza en lo Civil, Andrea de la Iglesia, había dictado en febrero último.
Según fuentes judiciales, la mujer había contratado la tarjeta de crédito La Anónima, y sus desventuras comenzaron cuando sus datos fueron utilizados por desconocidos que solicitaron un crédito en Efectivo Sí, entidad ligada a la cadena de supermercados.
Contaron que la mujer (docente, ella) fue contactada en una escuela por una promotora de La Anónima a la que le entregó la documentación y los datos personales que le requería. Pero, para su desgracia, fallaron los controles y terminó figurando como deudora de un crédito personal de 10 mil pesos que jamás había solicitado.
“Los controles volvieron a fallar” y no sólo fue intimada al pago sino también informada como morosa en la base central de deudores del BCRA, lo que la llevó al Veraz, dijeron las mimas fuentes. Y subrayaron que es por eso que el fallo de los camaristas Gustavo Martínez y Adriana Mariani habla de un “proceder ligero y despreocupado” de las empresas “en materia de protección de datos personales y del consumidor”.
Sobre el rubro “daño punitivo” (200 mil pesos), el juez Martínez consideró que “las fallas de los controles y la escasa significación que aquí hemos visto respecto de los derechos y dignidad del consumidor, no son un hecho aislado, sino consecuencia del comportamiento que han observado para los clientes en general”.
Los otros 50 mil pesos del monto condenatorio corresponden al “daño moral”  que sufrió la maestra.

martes, 19 de septiembre de 2017

Morosos

Fichero de morosos y derecho al honor

19.09.2017 | 04:30

Señalemos que el Derecho Constitucional está en nuestra cotidianidad, en el día a día, pudiendo verse afectados «derechos fundamentales» (coadyuvante, sostén y fundamento del orden político y de la paz social), en determinadas situaciones. Pero el «Procés» catalán ? como se está viendo- lo volatiliza todo. Es tema pantagruélico. No hay que desanimarse. El derecho de las personas físicas a la protección de datos personales es derecho contenido en la Carta de derechos fundamentales UE (art.8.1) y en el Tratado de funcionamiento UE (art.16.apdo1). Un fichero de morosos es algo así como una base de datos que refleja quienes tienen pagos pendientes. En consecuencia, para saber su situación, entidades financieras y empresas pueden acceder a esos ficheros para saber si tienen alguna deuda o embargo. Se trata, por tanto, de «ficheros de solvencia». Son de titularidad privada destinados a facilitar información sobre la solvencia de los clientes o potenciales clientes de las empresas asociadas a dicho registro. En mayo 2018 entrará en vigor el Reglamento (UE) 2016/679, de aplicación directa. El Gobierno, no obstante, está tramitando nueva Ley Orgánica que sustituya a la de 1999.

Les incluyen normalmente entidades financieras u otras (empresas de telefonía, por ejemplo) incluyendo las cuotas impagadas así como los datos del cliente incumplidor. Deben ser notificados los interesados en el plazo de treinta días desde que se hayan registrado sus datos.. La consulta de un listado de morosos en una práctica muy habitual a la hora de adoptar decisiones sobre riesgo de crédito.

Ocurre que, en algunas ocasiones, hay una inclusión indebida en dichos ficheros, por deudas inexistentes o discutidas, o no vencidas, o por una cuantía ínfima. En estos casos, puede haber una afectación de un derecho constitucional recogido en el art. 18.1 CE, como el «derecho al honor». Se trata de un derecho personalísimo. Y para defendernos de ésta situación, aparte de acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), blandiendo el art. 18 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, o acudir a la Oficina de atención al consumidor del municipio (OMIC), podemos acudir a una procedimiento preferente y sumario de protección de derechos fundamentales. La consecuencia, de obtener una sentencia estimatoria, será obtener una «indemnización por daños morales» así como que se ejecuten los actos y comunicaciones que fuesen necesarios para excluir a la persona de los ficheros de morosos en los que se le había incluido.

La indemnización por daños morales (debe atender a la difusión, tiempo transcurrido con la anotación, la cantidad de consultas que se han hecho, incerteza de la deuda, naturaleza de las empresas que han consultado los ficheros, etcétera) se conjuga por la existencia de una «intromisión ilegítima en el derecho al honor».

Aquéllas circunstancias generan un notorio perjuicio en la fama y estima del perjudicado (reclamaciones extrajudiciales de despachos de abogados, cartas, requerimientos, etcétera). La jurisprudencial del Tribunal Supremo ha dicho que «no es admisible que se fijen indemnizaciones de carácter simbólico», pues al tratarse ? el derecho al honor- de derechos protegidos por la Constitución, como derechos reales y efectivos, están enraizados en un Estado social y democrático de Derecho y merecen una «protección especial». Se señala que la correlativa exigencia de una reparación tiene que ser acorde con el relieve de los valores e intereses en juego.


sábado, 9 de septiembre de 2017

Equifax

Por   
Tu información podría estar en riesgo por el ataque cibernético a Equifax
Hackers robaron datos confidenciales de Equifax, una importante agencia de informes crediticios. Mientras se toman cartas en el asunto, la compañía está ofreciendo un servicio de verificación y protección gratuita para los millones de afectados, que podrían ser tantos como la mitad de la población de los Estados Unidos.

Equifax, una de las agencias de informes de crédito más grandes, y por lo tanto receptora de una masiva cantidad de información confidencial, fue hackeada recientemente. El ataque ha puesto en riesgo los datos confidenciales de 143 millones de estadounidenses.

El ciberataque masivo fue dado a conocer recién hoy, aunque se informa que ocurrió hace varios meses, en algún momento entre mayo y julio del 2017, cuando se descubrió la intrusión.
Uno de los factores que hacen que el ataque de Equifax sea particularmente problemático es el estatus de la compañía, que es una central que acumula información sensible relacionada con el crédito de millones de personas, incluyendo números de seguro social, tarjetas de crédito, números de licencia de conducir y otros datos personales que pueden utilizarse de diversas maneras para dañar a los afectados.

Mientras que la violación realizada a Equifax no es la más grande en términos del número de víctimas, es sin duda motivo de preocupación por el tipo de información crítica que fue robada. Ejemplos de la información sensible comprometida incluyen 209,000 números de tarjetas de crédito, datos personales relacionados con disputas de crédito de 182,000 víctimas, y datos que podrían utilizarse para acceder a historiales médicos, cuentas bancarias y más.

Este no es el primer ataque dirigido a Equifax. Un hack anterior robó datos de documentos W-2 del gigante del crédito, y otros ataques han ocurrido contra las filiales de la compañía. Esta violación, sin embargo, es la más grande.

Pamela Dixon, directora ejecutiva del grupo de investigación sin fines de lucro World Privacy Forum, dijo en un comunicado: “Esta situación es tan mala como puede ser posible. Si usted tiene un informe de crédito, lo más probable es que pueda estar afectado. Las posibilidades son mucho mayores que el 50 por ciento”.

Equifax ha establecido un sitio web oficial que las personas pueden visitar para tener más información sobre el ataque, averiguar si están afectadas e inscribirse en servicios gratuitos de protección contra robo de identidad y de monitoreo de archivos. Si alguna vez has solicitado cualquier tipo de crédito, como la gran mayoría de las personas en este país, es una buena idea ir al sitio y verificar tu situación.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la oficina del senador estadounidense Mark Warren, el ataque Equifax plantea importantes cuestiones sobre el papel del gobierno en la respuesta a la amenaza en curso a la información personal.


“Mientras que muchos se han acostumbrado quizás a oír hablar de una nueva brecha de datos cada pocas semanas, el alcance de este ataque implica números de Seguro Social, fechas de nacimiento, direcciones y números de tarjetas de crédito de casi la mitad de la población de los Estados Unidos”, afirma el senador. “El Congreso no sólo debe crear una norma uniforme de notificación de violación de datos, sino también necesita repensar las políticas de protección de datos, de modo que empresas como Equifax tengan menos incentivos para recopilar grandes conjuntos centralizados de datos altamente confidenciales de millones de estadounidenses”.
Al calificar tales ataques de “una verdadera amenaza para la seguridad económica de los estadounidenses”, es probable que Warren y otros funcionarios del gobierno presionen por una legislación que cree protecciones más fuertes para los consumidores contra el robo de datos. Varios funcionarios han estado trabajando en el desarrollo de ese tipo de legislación, y es probable que ahora esta se acelere, impulsada por la última situación.

jueves, 24 de agosto de 2017

Monotributo


Monotributo: rechazan una acción de habeas data por exclusión de pleno derecho
iprofesional.com

Monotributo: rechazan una acción de habeas data por exclusión de pleno derecho

24-08-2017 Los magistrados entienden que el accionante pudo haber caído en una confusión ya que en el mes de enero de 2016 el organismo recaudador comunicó en su sitio web la exclusión del contribuyente que se había producido en el mes de diciembre del año anterior

jueves, 10 de agosto de 2017

El DPD

Posted: 01 Aug 2017 05:54 AM PDT
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos


DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

El Delegado de Protección de Datos: esquema de certificación, nombramiento, funciones y perfil requerido

Directora de la Agencia Española de Protección de Datos

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea dispone que los responsables y encargados de tratamiento deben designar un Delegado de Protección de Datos (DPD) en los supuestos que determina el propio RGPD o en los supuestos que la legislación de los Estados Miembros establezca. 
Las funciones del DPD
El papel del DPD en las organizaciones es el de informar, asesorar, supervisar y cooperar con la autoridad de control, así como ser el punto de contacto para los interesados. Para desempeñar sus funciones deberá participar en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales recibiendo el apoyo de los responsables y encargados del tratamiento quienes igualmente le facilitarán los recursos necesarios para abordar sus funciones.

El DPD realizará sus funciones con total independencia, sin instrucciones por parte del responsable o del encargado del tratamiento, quienes garantizarán esta independencia evitando su destitución o sanción por sus decisiones relacionadas con el desempeño de su función de DPD. La posición del DPD será próxima a los niveles jerárquicos más elevados dentro de una organización, de manera que aquellos a quienes reporte tengan capacidad de decisión en calidad de responsables o encargados del tratamiento.

En ningún caso el DPD sustituirá al responsable en la toma de decisiones sobre los fines y alcance de los tratamientos ni deberá asumir la carga de las posibles sanciones en las que pudieran incurrir los responsables como consecuencia de tratamientos de datos no acordes con el RGPD.

Posiblemente el DPD sea el eje principal del principio de responsabilidad activa del RGPD. Es la figura encargada de velar por el derecho de protección de datos en las organizaciones e instituciones. En el sector público velará por la compatibilidad del cumplimiento de las obligaciones de una institución frente al derecho de protección de datos de los interesados y en el entorno privado será la figura encargada de compatibilizar el desarrollo de negocio del responsable frente al derecho de protección de datos de los interesados.

Esta nueva figura es clave para garantizar la confianza de los interesados en los tratamientos y en consecuencia debe significarse como elemento fundamental en la relación con los ciudadanos tanto en las actividades del sector público como del sector privado.

Un perfil multidisciplinar
Desde el punto de vista de la cualificación profesional estamos hablando de un perfil multidisciplinar que no se ajusta a una titulación concreta o a un ámbito académico específico. El DPD requerirá conocimientos jurídicos, técnicos y de negocio para realizar sus funciones, que en muchos casos se articularán entorno a un equipo multidisciplinar. Su papel estará orientado a la coordinación de varios profesionales, mientras que en otros casos, su labor podrá ser la de prestar servicio a varios responsables o encargados.

Las formas en las que se formalizará el desempeño de las funciones del DPD en las organizaciones serán tan variadas como variados pueden ser los tratamientos y las organizaciones, no es posible fijar un modelo único en el que enmarcar las funciones del DPD.

El DPD puede realizar sus funciones con plena dedicación o a tiempo parcialdentro de una misma organización compatibilizando sus funciones con otras que le hayan sido encomendadas por el responsable del tratamiento. En este caso, se prestará especial atención a la posible existencia de conflicto de intereses entre el desempeño de las funciones que pudieran compatibilizarse con el desempeño de su papel como DPD (artículo 38.6 RGPD). Antes de proceder al nombramiento del DPD es conveniente realizar un análisis de los posibles conflictos de intereses que pudieran existir entre las distintas tareas que se espera que realice el posible DPD dentro de una organización. 

Nombramiento y certificación del DPD
Además de los supuestos obligatorios para la designación de un DPO previstos en el artículo 37.1 del RGPD y detallados en el artículo 35 del Anteproyecto de LOPD, los responsables y encargados podrán voluntariamente designar un DPO y potenciar el cumplimiento preventivo de sus obligaciones a través de esta figura.

Es importante tener en cuenta que el artículo 65.4 del citado Anteproyecto prevé la posibilidad de que la Agencia remita las reclamaciones al DPO a los efectos previstos en el artículo 38, con el objeto de impulsar la resolución amistosa en el seno de la entidad a través de esta figura clave.

Los responsables y encargados del tratamiento se ven ante el reto y la necesidad de elegir y nombrar con diligencia sus DPD, valorando el nivel de conocimientola cualificación profesional y su capacidad para el desempeño de tareas y actividades que implica el cumplimiento de las obligaciones del RGPD. Esta evaluación de cualidades puede suponer un grado de incertidumbre para los responsables en aquellos casos en los que no existe un conocimiento previo del profesional. 

El RGPD otorga a los estados miembro, las autoridades de control, al Comité y a la Comisión la posibilidad de crear mecanismos de certificación en protección de datos, aunque no específicamente en el terreno de las cualificaciones profesionales. 

Sin embargo, desde la AEPD entendimos el factor de la certificación del DPD como prioritario, de forma que pueda ser un elemento orientador para los responsables a la hora de elegir al DPD. No se trata de establecer un requisito de obligado cumplimiento. Se trata de elaborar un marco de referencia para los responsables y la exigencia o no del requisito de certificación es una opción para el responsable. En ningún caso la certificación será una limitación para el acceso a la profesión de DPD, existen profesionales cualificados para el desempeño de esta profesión con conocimientos y experiencia demostrados que podrán seguir ejerciendo su labor profesional y en el futuro podrá haber otras vías para que los profesionales puedan demostrar su preparación.

La AEPD ha optado por promover un sistema de certificación de profesionales de protección de datos como una herramienta útil a la hora de evaluar que los candidatos a ocupar el puesto de DPD reúnen las cualificaciones profesionales y los conocimientos requeridos. Este esquema de certificación para DPD de la AEPD se estructura en tres partes distintas: la AEPD como propietaria y responsable del esquema, la entidad de acreditación encargada de los requisitos que deben cumplir los certificadores (ENAC) y finalmente las propias entidades de certificación. Desde la AEPD entendemos que esta división en tres partes con funciones independientes es un factor de calidad para el proceso de certificación. Tres entidades distintas con funciones y responsabilidades independientes que establecen una relación de confianza y mutua responsabilidad.

El esquema de certificación contempla todos los ámbitos de cumplimiento del RGPD, incluyendo aspectos como por ejemplo: 

  • Control del cumplimiento por parte del responsable: se ha realizado un exhaustivo detalle de tareas relacionadas con los principios de los tratamientos teniendo en cuenta aspectos como los principios, las bases jurídicas, el principio de información y los derechos de los interesados.   
  • Enfoque de riesgo: incluyendo aspectos relacionados con las evaluaciones de impacto, el análisis y la gestión del riesgo.
  • Obligaciones del responsable: se ha tenido en cuenta el papel del DPD en la elaboración y mantenimiento del Registro de actividades de tratamiento, sus funciones a la hora de determinar las medidas de seguridad técnicas y organizativas, su implicación en la comunicación de violaciones de seguridad, los factores a tener en cuenta para implantar la protección de datos desde el diseño y por defecto, las funciones de auditoría que deben realizar los responsables, etc.
  • Tratamientos transfronterizos: se ha desarrollado una lista detallada de las acciones en las que el DPD podría estar implicado con el objeto de asegurar la legitimidad de los tratamientos transfronterizos.
  • Códigos de conducta y certificación: el esquema de certificación tiene en cuenta la implicación del DPD en la elaboración de códigos de conducta y certificación que puedan ser asumidos por los responsables y encargados.
  • Cooperación con la autoridad de control: este es otro de los aspectos claves que han sido incluidos en la elaboración de este esquema de certificación, desde la AEPD entendemos que este es uno de los factores a tener en cuenta para ayudar a garantizar el derecho a la protección de datos.
Además de las cuestiones técnicas o jurídicas, el esquema de certificación tiene en cuentaotras cuestiones claves para el desempeño de las funciones del DPD. Algunas de estas funciones están relacionadas con las relaciones que deberá establecer el DPD en el desempeño de su actividad dentro de una organización, actividades relacionadas congarantizar la buena relación del DPD con los equipos y grupos de trabajo en los que estará implicado. Uno de los aspectos más importantes en el desempeño de las funciones del DPD son sus relaciones y capacidades de negociación para atender y balancear los derechos de los interesados frente a los intereses de negocio de los responsables. Estamos hablando de habilidades personales y características menos tangibles que finalmente harán que el desempeño de las funciones del DPD sean útiles a los responsables y que al mismo tiempo impidan que dichas funciones puedan convertirse en un obstáculo al funcionamiento de la organización. 


Desde la AEPD esperamos que este marco de referencia pueda ser de utilidad tanto a los responsables y encargados como a los propios DPD, aportando una relación detallada de tareas y competencias en las que basar sus actividades con relación a los tratamientos.


    jueves, 27 de julio de 2017

    Latinoamérica sigue los pasos de España


    Latinoamérica sigue los pasos de España en protección de datos

    María H. Santos

    Latinoamérica sigue los pasos de España en protección de datos

    • Argentina y México toman como modelo de referencia la legislación española
    • El nuevo Reglamento europeo sirve de guía a la hora de legislar sobre la materia


    La protección de datos es un tema candente en cualquier parte del mundo. El valor de la información que proporcionan dichos datos crece con el tiempo y tanto las empresas como los países lo saben. En Europa nos encontramos en pleno proceso de renovación legislativa gracias al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que empieza a aplicarse el 25 de mayo de 2018, dos años después de su entrada en vigor.
    En el caso de España, que es uno de los países de referencia en protección de datos en Europa, la influencia sobre los países latinoamericanos es muy pronunciada. Países como Argentina, cuya normativa en la materia es muy parecida a la española, y México, son algunos de los ejemplos de la dirección hacia la que se dirigen en la región.

    En Latinoamérica, la situación es totalmente diferente. Al no existir una regulación común, cada país ha abordado la problemática de una manera distinta. Sin embargo, su intención es intentar que las normas sobre protección de datos sean comunes. Para ello existen organizaciones como la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), donde se realiza el intercambio de buenas prácticas entre los principales actores del sector privado y público, con las principales agencias de protección de datos de los países miembros.
    Precisamente, esta red está marcando las directrices para la futura creación normativa en la región. A finales del mes de junio tuvo lugar en Santiago de Chile el XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, cuyas conclusiones se han materializado en una lista de “estándares de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos“, directrices a tener en cuenta a la hora de legislar en la materia en el futuro o para revisar la normativa ya existente.
    El problema es que aún queda mucho camino por recorrer. Paloma Bru, of counselde Jones Day, reconoce la falta de regulación común. Sin embargo, destaca que en materia de protección de datos, los Estados “quieren una normativa compartida, como la europea”. Es precisamente esta última la que sirve como modelo a aquellos países de la región latinoamericana que quieren desarrollar una protección de datos eficiente y moderna.

    El RGPD para todos

    La idea es simple: usar el RGPD europeo como modelo para asegurar el cumplimiento de los estándares de protección de datos en Latinoamérica. Los beneficios para los países que tomen dicho reglamento como base pueden ser muchos. Paloma Bru destaca como principal beneficio que “cumplir el mínimo europeo de protección de datos sirve para atraer inversión”. Sin embargo reconoce que “existe un aspecto negativo, ya que invertir y cumplir con la norma conlleva un gasto grande”, aunque “les beneficiará cuando superen el escollo”.
    El centro de esta cuestión radica en la obligatoriedad que existe para todas las empresas del mundo que cuenten con datos de clientes europeos, de respetar la norma europea aunque no tengan sede en la Unión Europea. Así, un hotel en Punta del Este, Uruguay, que reciba reservas de clientes franceses, por ejemplo, deberá tratar la información personal que estos faciliten con la diligencia pedida por el RGPD. Estamos, por tanto, ante una internacionalización de la protección de datos.
    La decisión de tomar el derecho comunitario como referencia, dice Bru que “se debe a la centralización de las normas”. El hecho de que provengan de una sola autoridad y que sean iguales para todos los países en cualquier ámbito, tanto privado como público, facilita la homogenización. Por el contrario, esta experta de Jones Day explica que “la normativa estadounidense es más sectorial”, razón por la que no se ha constituido como ejemplo pese a compartir región.

    Las deficiencias

    A día de hoy el proceso de creación de un sistema completo y eficiente no ha concluido. Algunos países han tomado la delantera en la materia. Para Paloma Bru, destacan sobre los demás Uruguay, México, Argentina y Chile. Las razones, destaca, son dos. La primera es la antigüedad de la normativa, ya que “estos países cuentan con regulaciones específicas de protección datos desde hace ya años. De hecho algunos, como es el caso de Argentina, están ahora mismo revisando la mismas, tomando como base la nueva normativa europea de protección de datos”. La segunda razón, según Bru, es que “cuentan con autoridades especificas y especializadas en materia de protección de datos, lo que ayuda a la implementación práctica de la normativa existente y a crear cultura de protección de datos”. Por el contrario, a la cola de la implantación se encuentran países como Brasil y Panamá, que “aún discuten las que serán sus primeras normativas en materia de protección de datos”, advierte.
    El camino ha empezado a andarse en la dirección correcta. Sin embargo, hay que prestar especial atención a las deficiencias encontradas hasta ahora para solventarlas antes de que sean un problema. La primera, dice Paloma Bru, es la “desigualdad de niveles normativos” que existe entre los países. Otro problema que destaca es “la falta de autoridad en materia de protección de datos, así como de reguladores independientes”. La buena señal es que se están tomando medidas hacia una regulación compartida o, al menos, común.

    LAS DIRECTRICES DE LA NUEVA REGULACIÓN

    La Red Iberoamericana de Protección de Datos se reunió a finales de junio, encuentro del que surgió el primer documento que sirve como base a las regulaciones y revisiones futuras de la normativa de protección de datos: los “Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos”.
    -Derecho Fundamental. El documento abre con una declaración de intenciones al destacar que la protección de datos de las personas físicas es un derecho fundamental y, por tanto, merece el máximo rango de protección.
    -Falta de normas. Uno de los problemas que reconocen es que muchos países no tienen ni siquiera normativa en la materia, lo que supone un gran peligro para los usuarios.
    -Contenido. Al tratarse de unas recomendaciones, no es obligatorio. Sin embargo, su objetivo es que sobre ellas se construyan regulaciones con elementos comunes, como las definiciones o los requisitos mínimos de protección.
    -Aplicación. Según el documento, los estándares “serán aplicables a los datos personales de personas físicas”. Sin embargo, cada país podrá hacer extensible estas directrices también a las personas jurídicas.


    domingo, 23 de julio de 2017

    Deudor moroso


    Fijate si sos deudor moroso y cómo solucionarlo

    El Banco Central y empresas privadas registran la información financiera, pero puede haber errores que impiden gestionar un crédito o abrir una cuenta. 


    Cualquier operación financiera, desde un crédito hipotecario hasta la apertura de una cuenta bancaria, pasa por un filtro informativo. El Banco Central y el Veraz tienen información sobre la actividad crediticia y comercial de cada uno. Aunque no siempre suele estar actualizada y puede contener errores. Son errores que, al gestionar un préstamo, pueden costar caro.
    La Central de Deudores del Banco Central permite acceder a los datos financieros de cualquier persona con el número de CUIT. La semana pasada inauguró una nueva plataforma web, usuariosfinancieros.gob.ar, que simplifica el acceso a esa información.
    ¿Qué datos muestra el BCRA? Básicamente, la deuda de cada contribuyente, sean préstamos o tarjetas de crédito, y si tiene cheques rechazados.
    Es información que los bancos entregan a la autoridad monetaria. Y que permite "calificar" a los deudores de 1 a 6.
    Un deudor categoría 1 es aquel en "situación normal": tiene sus pagos al día. El 6 es el "irrecuperable". Cada banco informa el estado de cuenta. Con esos datos, las entidades financieras deciden si otorgarán tarjetas, créditos o hasta apertura de cuentas a un contribuyente.

    ¿Qué sucede si esa información es errónea? El cliente bancario debe, primero, pedir al banco en cuestión que la rectifique. De no tener éxito, puede hacer un reclamo ante el Banco Central.
    Cómo solucionarlo con el Central
    El BCRA permite completar un formulario de acceso, rectificación o supresión de datos personales. Exige haber hecho el reclamo previo ante el banco. A la petición, que se puede completar online, se deben adjuntar copias escaneadas del anverso y el reverso del DNI, copia escaneada de la respuesta que brindó la entidad en cuestión al hacer el reclamo y copias de la documentación que permita respaldar la denuncia (resúmenes de tarjeta, libre deuda, etcétera).
    Antes de avanzar con el reclamo, es útil saber que existe cierta demora en la actualización de los datos. Los bancos, fideicomisos financieros y emisores de tarjetas de crédito deben ingresar los datos antes del día 20 del mes siguiente al periodo informado. Es decir, si cancelás una deuda hoy, esa información se procesará dentro de un mes.
    Cómo solucionarlo con los privados
    Con el Veraz y las otras empresas privadas de información comercial y financiera, el trámite es algo más complejo. La ley de Hábeas Data faculta a cada persona a pedir de manera gratuita los datos que estas firmas tienen sobre ella.
    Estas compañías se manejan con información más o menos pública: la del Banco Central, la información de sociedades que surge del Boletín Oficial, fallos judiciales (como inhibiciones), etcétera. Por lo tanto, no suelen hacerse cargo de los errores de información.
    Pero, a veces, manejan información desactualizada. O informan sobre deudas ya resueltas.
    Si la deuda informada es errónea, la persona puede pedir que esa información sea rectificada en un plazo de cinco días. Es un trámite rápido y sencillo. Cualquier comprobante de pago (un resumen de cuenta de tarjeta de crédito, por ejemplo) sirve.
    Si la deuda existió pero se regularizó, las empresas de información pueden mantener publicado ese antecedente por un plazo de dos años, pero debe estar aclarado que el conflicto fue resuelto.
    En el caso de no pagar la deuda, la persona figurará como deudor moroso durante un plazo de cinco años. Luego de ese plazo, las empresas de información deben removerlo del listado, aunque la deuda no se extinguirá.
    Conocé acá qué sabe de una persona el Banco Central.

    domingo, 25 de junio de 2017

    Anteproyecto de ley en España


    El Gobierno impulsa el anteproyecto de ley de protección de datos para adaptarse al reglamento ...



    El Gobierno impulsa el anteproyecto de ley de protección de datos para adaptarse al reglamento europeo

    MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) - El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha impulsado el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos con el fin de mejorar la regulación de este derecho fundamental en los datos de carácter personal y adaptar la legislación española a las disposiciones contenidas en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 25 de mayo de 2018. 

    jueves, 11 de mayo de 2017

    H. D. contra ART


    Hacen lugar a un hábeas data contra cobertura de ART
    El Cordillerano





    El fallo indica que la presentación deberá ser realizada en el plazo de cinco días de su notificación, bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria en concepto de astreintes por cada día de retraso desde el vencimiento del plazo otorgado.
    La presentación se efectuó toda vez que la ART no entregó la historia clínica y otra documentación del trabajador, no obstante haber sido solicitada la misma, en virtud del agravamiento de su estado de salud y conforme lo dictaminado por la Comisión Médica.
    En la sentencia, el Tribunal integrado por los jueces Jorge Serra, Alejandra Paolino y Rubén Marigo, recordó que "El habeas data tiene cinco objetivos principales: a) que una persona pueda acceder a la información que sobre ella conste en un registro o banco de datos; b) que se actualicen datos atrasados; c) que se rectifiquen los datos inexactos; d) que se asegure la confidencialidad de cierta información legalmente obtenida para evitar su conocimiento por terceros; y e) la supresión del registro de la llamada ‘información sensible’ -vida íntima, ideas políticas, religiosas o gremiales”.
    De este modo, la inteligencia que debe guiar la interpretación de la cláusula examinada es aquella que logre asegurar en la práctica el efectivo y eficaz acceso a la información sobre él registrada por parte del titular de los datos (art. 14, Inc. 1, Ley 25.326).
    En estas actuaciones el trabajador peticionante consignó que habiendo recibido tratamiento insuficiente y/o deficiente por las secuelas de un accidente laboral fue dado de alta por la ART. Pero ante el agravamiento de su cuadro requirió nuevo tratamiento y en consecuencia requirió su historia clínica para poder presentar al médico tratante. Ante la negativa de la ART de entregar la documentación requerida es que acudió a la figura del habeas data.
    La sentencia señala que uno de los objetivos de la ART es reparar los daños derivados de los accidentes de trabajo, incluyendo su rehabilitación. La reparación a que se refiere la normativa no sólo se limita a las prestaciones dinerarias sino también a las reparaciones en especie. En este sentido se destacó que “El trabajador debe contar con todos los elementos y evaluaciones médicas referidas a su estado de salud para en su caso reclamar las prestaciones que estime pertinentes, aún las en especie”.
    Cabe señalar que en estas actuaciones, “el silencio de la demandada ante los requerimientos extrajudiciales realizados por el trabajador y aún con la ausencia de contestación del pedido de informes formulado por este Tribunal, violenta los objetivos y finalidades referidos en el párrafo anterior, y en consecuencia corresponde aplicar al acto de autos lo normado en la Ley 26.529 - Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de Salud”. (Fuente: Prensa Poder Judicial)

    jueves, 4 de mayo de 2017

    Los cambios que vienen


    Cinco cambios de alta prioridad en las organizaciones para cumplir con el GDPR
    Silicon ES

     1 5 No hay comentarios
    El nuevo reglamento se aplicará no solo a las empresas de la UE, sino también a todas las organizaciones fuera de la UE que tratan datos personales para la oferta de bienes y servicios a la UE o supervisan el comportamiento de los sujetos comunitarios.
    Gartner afirma que las organizaciones no están preparadas para el Reglamento Europeo de Protección de Datos(GDPR), que entrará en vigor el 25 de mayo de 2018.
    El GDPR sustituye a la Directiva 95/46 / CE relativa a la protección de datos y está concebido para apoyar el mercado único, armonizar las leyes de privacidad de datos en toda Europa, proteger y potenciar la privacidad de los datos de los ciudadanos de la UE y reformar la forma en que las organizaciones abordan la privacidad de los datos para los ciudadanos comunitarios dondequiera que trabajen en el mundo.
    “El GDPR afectará no solo a las organizaciones de la UE, sino también a muchos controladores de datos y procesadores fuera de la UE. Existe la amenaza de multas fuertes y los responsables de la toma de decisiones deben reevaluar las medidas para procesar con seguridad los datos personales”, ha afirmado Bart Willemsen, director de investigación de Gartner.
    La firma consultora recomienda que las organizaciones actúen ahora para asegurarse de que están en conformidad cuando la regulación entre en vigor y para ello deben centrarse en cinco cambios de alta prioridad.
    Es crucial determinar el papel bajo el GDPR y nombrar un oficial de protección de datos. Muchas organizaciones estarán obligadas a designar un oficial de protección de datos (DPO). Esto es especialmente importante cuando la entidad es un organismo público, está procesando operaciones que requieren monitorización regular y sistemática o tiene actividades de procesamiento a gran escala.
    Además, hay que demostrar responsabilidad en todas las actividades de procesamiento, ya que muy pocas organizaciones han identificado cada uno de los procesos en los que están involucrados los datos personales. En el futuro, la limitación del propósito, la calidad de los datos y la relevancia de los datos deben decidirse al iniciar una nueva actividad de procesamiento, ya que esto ayudará a mantener el cumplimiento en futuras actividades de procesamiento de datos personales.
    Finalmente, se deben comprobar los flujos de datos transfronterizos. Se permitirá la transferencia de datos a cualquiera de los 28 Estados miembros de la UE, así como a Noruega, Liechtenstein e Islandia. Las transferencias a cualquiera de los otros 11 países de la Comisión Europea (CE), que se considere que tiene un nivel de protección “adecuado”, también serán posibles. Fuera de estas áreas se deben utilizar salvaguardias apropiadas, tales como las Reglas Corporativas Vinculadas (BCR) y las cláusulas contractuales estándar (es decir, los “Contratos Modelo” de la UE). Fuera de la UE, las organizaciones que procesan datos personales de residentes de la UE deben seleccionar el mecanismo apropiado para garantizar el cumplimiento del GDPR.