DATOS PERSONALES EN EL
ÁMBITO FINANCIERO EN EL NUEVO PROYECTO DE LEY DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES.
Por
Matilde S. Martínez *
PRELIMINAR
Oportunamente,
y a propósito de la convocatoria a la comunidad que realizó la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales, para participar de la modificación
de la ley 25.326 para adaptarla a la nueva normativa europea RGPD Reglamento
UE, 679/2016, vigente desde el 25/05/2018,
habíamos desarrollado una propuesta
de reforma de dicha ley, en cuanto al tratamiento de los datos personales en
los Servicios de información crediticia.
El
nuevo proyecto de ley que se ha elaborado en el ámbito de la Dirección Nacional
de Protección de Datos Personales, hoy dependiente de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, oportunamente fue girado al Poder Ejecutivo y
elevado a la Cámara de Diputados de la Nación en el mes de setiembre de 2018
para el tratamiento parlamentario correspondiente y su posterior sanción, lo
que hasta la fecha no ha acontecido.
No
obstante ello hemos elaborado un análisis
del proyecto sobre los cambios del tratamiento de los datos para la
prestación de servicios de información crediticia y un comparativo con la
legislación española en la misma temática. Tal análisis se encuentra anexado al
documento elaborado como propuesta de la reforma de la ley al final del mismo,
publicando aquí la totalidad del documento: propuesta y análisis del tema
modificado, con el título “Datos
personales en el ámbito financiero en el nuevo proyecto de ley de protección de
datos personales”, es decir Parte I y Parte II, respectivamente.
PARTE
I.
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES FINANCIEROS EN EL MARCO DE
LA PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY 25.326
INTRODUCCIÓN
La
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales ha impulsado una reforma
de la ley 25.326 de Protección de los Datos Personales. Con tal fin ha
elaborado una propuesta con los temas que deberían ser modificados o agregados
en consonancia con la nueva regulación europea, Reglamento UE, 679/2016[1], la que entrará en vigor
en 2018. Consideramos muy acertada la propuesta señalada, en relación a la
reforma del art. 26 de la LPDP, acerca del cómputo de los plazos de caducidad
de los datos negativos, pues desde que se sancionó la ley, este es un tema que
ha obtenido distintas posturas tanto doctrinarias como jurisprudenciales, pero
se le debe a la sociedad una solución definitiva que otorgue certidumbre a los
distintos actores de ésta, es decir: afectados, responsables de ficheros, profesionales,
magistrados de los tribunales judiciales, etc. Igualmente opinamos en relación
a las distintas notificaciones a los titulares de los datos referidas en la
propuesta indicada. Por ello hemos de permitirnos realizar un análisis del
origen de la norma en cuestión y su
trayectoria para llegar a una opinión acerca de la hipotética reforma del
artículo 26 de la ley 25.326 con respecto a los puntos señalados.
LA
PROPUESTA DE LA DNPDP EN RELACIÓN A LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN CREDITICIA. ART. 26 DE LA LPDP
“En
tal sentido, se propone la determinación del momento a partir del cual deben
contarse los plazos en que está permitido archivar, registrar o ceder datos
personales significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los
afectados. Asimismo, se entiende aconsejable regular aquellos casos de
información significativa que renueva el plazo de información de una deuda en
mora. Finalmente, se propone que el acreedor, antes de ceder información de
incumplimientos patrimoniales a los bancos de datos que prestan servicios de
información crediticia, deberá notificar previamente al deudor, con lo que se
le está dando a éste la oportunidad de cancelar y/o controlar la exactitud de
la información que se va a ceder a terceros; y se propicia establecer la
obligación de informar cuando se utiliza un informe de riesgo crediticio para
denegar la celebración de un contrato, solicitud de trabajo, servicio, crédito
comercial, bancario o financiero, por cuanto se ha detectado que en la práctica
muchas personas se enteran luego y de manera indirecta, los motivos por los
cuales se les ha negado un crédito o un producto financiero; a lo que se suma
que a veces se les niega también la entrega del informe y deben investigar por
sus propios medios cuál es la empresa que los ha informado, afectando así sus
derechos constitucionales.”[2]
ANTECEDENTES
Nuestra
legislación referente a la protección de datos personales encuentra sus raíces
en la normativa de la Unión Europea. Efectivamente las leyes protectorias en la
materia, en los Estados de la Unión deben respetar las disposiciones de la Directiva
46/95[3] del Consejo de Europa y el
Parlamento Europeo de 24 de noviembre de 1995. Esta Directiva no establece normas
específicas para la recolección y tratamiento de este tipo de información, pero
los Estados partes han considerado que se encuentra legitimado en el artículo
7° de “Principios relativos a la Legitimación” en su inc. f) es decir cuando “…
es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el
responsable del tratamiento o por terceros a quién se le comuniquen los datos,
siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales
del interesado.”
En
el Nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, que comenzará a regir a partir de mayo del año 2018, esta misma norma se
encuentra en el artículo 6° de “Licitud del tratamiento” en su inc. f).
Podemos
decir que nuestra ley 25.326[4] es una adaptación a
nuestro país de la LORTAD (Ley Orgánica de Tratamiento Automatizados de Datos
de Carácter Personal) española, la que fue reemplazada por la Ley Orgánica
15/1999[5] de carácter Personal de 13
de diciembre de 1999.
Esta ley en su art. 29 establece las directivas que ha de regir la
“Prestación de servicios de información crediticia sobre solvencia patrimonial
y crédito”. Los inc. 1 y 2 del art. señalado dispone que tipo de datos podrán
ser objeto de tratamiento. 1. Los datos
de carácter personal sobre
solvencia patrimonial y el crédito. 2. Los datos de carácter personal de
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias. Con referencia a las notificaciones al titular de los datos,
en su inc. 2. dispone que “…se notificará a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal en
ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de
los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar
información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos por la
presente Ley.” En el inc. 4. del mismo art. establece que “Sólo se podrán
registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para
enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran,
cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a
la situación actual de aquéllos.” Es decir, se notificará a los interesados en
el plazo de 30 días desde la registración de los datos en ficheros morosos de aquellos
que han sido incluidos. Los datos deberán ser determinantes para enjuiciar la
solvencia económica de los interesados. Y cuando los datos sean adversos no
podrán ser anteriores a 6 años.
Pero a través del Reglamento de
Desarrollo de la Ley el Real Decreto 1720/2007[6],
art. 38 y siguientes se establecieron otros requisitos de procedencia para la
inclusión de los datos de carácter personal en los ficheros de morosos
concordantes con las disposiciones de la LOPD.
Así el mencionado art. 38 del
RLRD de “Requisitos para la inclusión de datos” dispone 1. Que los datos de
carácter personal deberán ser determinantes para enjuiciar la solvencia
económica del afectado, y que además deberán concurrir los siguientes
requisitos: a) existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que
haya resultado impagada; b) que no hayan trascurrido seis años desde la fecha
en que hubo procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o
del plazo concreto si aquella fuera de vencimiento periódico. Es decir, desde
que se produce la mora. c) Debe existir requerimiento previo de pago a quien
corresponda el cumplimiento de la obligación. Además, el acreedor o quien actúe
por su cuenta o interés quedan obligados a conservar documentación que acredite
el cumplimiento de estos requisitos. También, el responsable del fichero común,
(ej. Agencias de informes crediticios) deberá notificar a los interesados la
inclusión en su fichero dentro del plazo de 30 días desde dicho registro (art.
40 LOPD).
Antes del dictado del mencionado
Real Decreto de 2007, estos requisitos se habían dispuesto a través de la
Instrucción 1/1995 de la Agencia Española de Protección de Datos Personales bajo el título Calidad de los Datos.
De la normativa española podemos
observar que determina con precisión el momento en que ha de computarse el
plazo de 6 años para la comunicación de los datos adversos o negativos: desde
la registración de los mismos. Estos requisitos de notificaciones tanto del
acreedor como del responsable del fichero común español fueron otorgados a los
afectados como compensación por la excepción de
exigibilidad de prestación del consentimiento.
La prestación de servicios de información crediticia en la ley 25.326.
Requisitos para la inclusión en los
ficheros de morosos.
Ahora bien, recordemos que el
proyecto de ley de protección de datos personales en Argentina ingresó al
Congreso de la Nación en el año 1998. Este proyecto, en el art. 26, al final
del inc. 2° contenía un párrafo que no fue incluido en la ley 25.326 finalmente
sancionada. El párrafo aludido exigía requisitos para la inclusión de los datos
negativos en las bases de datos de morosos en los siguientes términos: “Los
datos relacionados con el incumplimiento de obligaciones dinerarias sólo podrán
tratarse si concurren los siguientes recaudos: a) Existencia previa de una
deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impaga; b) Requerimiento
previo de pago a su deudor o a quien corresponda el cumplimiento de la
obligación”.[7]
Pero finalmente el art. 26 de nuestra LPDP sobre “Prestación de servicios de
información crediticia” quedó sancionado sin la exigencia de estos requisitos
siendo su texto vigente el siguiente:
ARTICULO
26. — (Prestación de servicios de información
crediticia).
1. En la
prestación de servicios de información crediticia sólo pueden tratarse datos
personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al
crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de
informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.
2. Pueden
tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento
de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por
quien actúe por su cuenta o interés.
3. A
solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del banco de
datos, le comunicará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre
el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y
domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por
cesión.
4. Sólo
se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean
significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados
durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el
deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hace constar
dicho hecho.
5. La
prestación de servicios de información crediticia no requerirá el previo
consentimiento del titular de los datos a los efectos de su cesión, ni la
ulterior comunicación de ésta, cuando estén relacionados con el giro de las
actividades comerciales o crediticias de los cesionarios.
Pero la ley no sólo no exige los
requisitos mencionados sino que al contrario establece que el interesado podrá
saber las evaluaciones o apreciaciones que sobre el mismo se hayan comunicado
durante los últimos seis meses a su solicitud, es decir que es el interesado
quien debe requerirlo del responsable del archivo, estableciendo además que no
se requerirá el consentimiento del afectado ni la ulterior comunicación por
parte de las empresas de informes crediticios.
La falta de los requerimientos
señalados en la práctica no ha resultado muy feliz, pues ha contribuido al perjuicio de los afectados
que como sabemos, en muchas ocasiones se enteran al momento de intentar
realizar una operación de crédito y la misma les es rechazada por figurar en
las bases de datos personales con datos negativos en el cumplimiento de sus
obligaciones, cuando en muchas oportunidades se trata de mala calidad de los
datos (por ej. homonimia) o incluso cuando hayan podido ser deudores, con la
intimación de pago podrían haber regularizado la situación o aclarado los conflictos.
Todo ello ha llevado a una mayor litigiosidad y a una falta de seguridad y seriedad
en los informes crediticios, los que deberían ser elementos importantes para
evaluaciones de crédito responsables, han implicado un escollo para toda la
sociedad.
También podemos mencionar en relación
a los requisitos mencionados, el proyecto de reforma del art. 26 de la ley
25.326 elaborado por el ex Senador Nacional Carlos Alberto Rossi de setiembre
de 2005, inspirado en el fallo de la CSJN “Martínez”[8] y otras injusticias, donde
proponía que se incluyera la siguiente disposición en el inc. 3° “En todos los casos, los datos relacionados
con el incumplimiento de obligaciones dinerarias sólo pueden tratarse si
concurren los siguientes recaudos: a) Existencia previa de una deuda cierta,
vencida y exigible, que haya sido impaga; b) Requerimiento previo y fehaciente
de pago a su deudor o a quien corresponda el cumplimiento de la obligación, y
c) En tanto no exista un principio de prueba documental que aparentemente
contradiga alguno de los requisitos anteriores.” Y el inc. 4 proponía: “El
responsable o usuario del banco de datos deberá comunicar fehacientemente al
titular de los datos, las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que
fueran a registrarse o asentarse, y su derecho a recabar, rectificar, ampliar o
suprimir la información concerniente según los términos de la ley. Pasados diez
días desde la notificación, la omisión de respuesta, facultará el asiento de
los datos, sin perjuicio del derecho del titular a rectificación, actualización
o supresión posterior. El incumplimiento de las previsiones contenidas en los
incisos 3 y 4, dará lugar a las sanciones administrativas previstas en el
artículo 31, a más de las acciones judiciales que pudieren corresponder.”[9] Lamentablemente este
proyecto de reforma no prosperó.
Cómputo
del tiempo de permanencia.
En
cuanto al plazo de caducidad de los datos por el transcurso del tiempo, el art.
26 de la LPDP que venimos analizando en su inc. 4. establece que sólo se podrán
archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para
evaluar la solvencia económico
financiera de los afectados durante los últimos 5 años y que dicho plazo
se reducirá a 2 años cuando el deudor cancele o extinga la obligación. La
norma no establece a partir del momento
que se deberá realizar el cómputo de los 5 o de los 2 años. Lo que parecería no
acarrear ninguna duda es que en cuanto a los 5 años, la ley no exige que la obligación
haya sido cancelada o extinguida, pues aclara que será de 2 años cuando
precisamente se haya cancelado o extinguido la obligación. Y así fue, los
legisladores en los debates parlamentarios se plantearon reiteradamente la
voluntad de favorecer a aquellas personas que hubieran cumplido con sus
obligaciones dinerarias.[10]
Con el dictado del Decreto
Reglamentario 1558/2001 se intentó regular a partir de qué momento comenzaría el cómputo del plazo de 5
y 2 años, pero su complicada redacción no ha logrado otra cosa que, tanto
doctrina como jurisprudencia, hayan realizado diversas interpretaciones no
habiéndose zanjado todavía esta problemática hermenéutica. Así el art. 26 del dec.
en cuestión, en la parte pertinente al cómputo del plazo textualmente dice:
“…Para apreciar la
solvencia económico-financiera de una persona, conforme lo establecido en el
artículo 26, inciso 4, de la Ley Nº 25.326, se tendrá en cuenta toda la
información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su
extinción. En el cómputo de CINCO (5) años, éstos se contarán a partir de la
fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era
exigible. Si el deudor acredita que la última información disponible coincide
con la extinción de la deuda, el plazo se reducirá a DOS (2) años. Para los
datos de cumplimiento sin mora no operará plazo alguno para la eliminación.
A los efectos del
cálculo del plazo de DOS (2) años para conservación de los datos cuando el
deudor hubiere cancelado o extinguido la obligación, se tendrá en cuenta la
fecha precisa en que se extingue la deuda.”
Como vemos la norma en el caso
del plazo de 5 años está disponiendo que se cuente “a partir de la última
información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible”. Esta
disposición ha excedido el texto de la ley, pues ésta no se refiere a la exigibilidad o no de la deuda. En
tal sentido Peyrano ha expresado: “En el punto, la reglamentación aprobada por
dec. 1558 del 2001 ha introducido disposiciones que inciden sobre la interpretación
efectuada y modifican los alcances de la misma”[11]
Así ha generado varios interrogativos, primero que se debe considerar por
“última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible”,
se ha dicho que se puede considerar la interposición de la demanda, una nueva
calificación por el acreedor ante la Central de Deudores del Banco Central de
la República Argentina; la cesión de la deuda por parte del acreedor, etc.,
etc. Y en relación a partir de cuándo se debe realizar el cómputo también ha
generado variadas interpretaciones tanto doctrinarias como jurisprudenciales.
También el cómputo del plazo de
los 2 años tiene su propia problemática, pues del texto de la norma surge que
comenzará a partir de la cancelación de la deuda. Ello podría ocasionar
desventajas en el deudor que quiera ejercer el derecho de cumplir con su
obligación de pago, pues como ejemplo típico podríamos citar un deudor que paga
a los 4 años desde que se produjo la mora, si contamos 2 años a partir de ese
momento no se produciría la caducidad hasta los 6 años, mientras que si no
cumple con la obligación de cancelar o extinguir la obligación a los 5 años,
depende de cada interpretación, la caducidad podría producirse a los 5 años.
Por ello consideramos que puede
plantearse la inconstitucionalidad del
párrafo del dec. 1558/2001 referido al cómputo del plazo de caducidad
por apartarse de las prescripciones de la ley 25.326, reglamentaria del art.
43, párr. 3°, de la Constitución nacional.[12]
Otros antecedentes relevantes que
merecen ser citados en relación al tema que nos ocupa los podemos encontrar: 1)
en la Opinión de la Procuración del Tesoro de la Nación. Ante la importancia del tema y las controvertidas opiniones
se ha expedido la Procuración del Tesoro de la Nación en un caso concreto que
se sometió a su decisión. En Dictamen PTN 388 del 20/11/2006[13], opinó
en lo sustancial que las disposiciones legales que venimos analizando no
requieren, “en modo alguno, la previa indagación acerca de la exigibilidad de
la deuda de que se trate.” Opina que “a los efectos de establecer si un dato
debe ser informado por una entidad bancaria a la Central de Deudores del
Sistema Financiero, administrada por el BCRA, sólo corresponde atender a la
fecha en que la deuda se tornó exigible y, a partir de allí, computar los cinco
o dos años que establece el artículo 26, inciso 4°, de la Ley 25.326, según
corresponda.” Considera que la norma del art. 26 inc 4 no se ve modificada por
el texto del decreto 1558/01 “-ni podría serlo en razón de su menor rango
normativo-”, pues, expresa que de la interpretación armónica de ambas
disposiciones, cabe afirmar que cuando el decreto 1558/01 indica qué
información deberá tenerse en cuenta, es “(toda la información disponible desde
el nacimiento de la obligación hasta su extinción) por el plazo de cinco años,
y que dicho plazo debe computarse (a partir de la fecha de la última
información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible) desde
que la obligación se tornó exigible.”
2) Posteriormente se
expide la DNPDP en Dictamen 150/2007[14], cuyas
conclusiones son: “a) Si se trata de obligaciones con vencimiento único o en cuotas,
el plazo del denominado derecho al olvido comienza a correr a partir de la
fecha en la que la deuda se tornó exigible, es decir, con prescindencia de la
prescripción. b) En los casos de obligaciones con vencimiento único la mora se
configura en el momento estipulado para el cumplimiento del total de la
obligación y la información susceptible de ser incluida en la central de
deudores sería la relacionada con el total de lo adeudado. c) En los casos de
obligaciones en cuotas, la mora y, consecuentemente, el inicio del plazo del
derecho al olvido se produce con el vencimiento de la primera cuota impaga y se
interrumpe y reinicia con cada nuevo vencimiento en tanto el banco acreedor no
haga uso de la facultad de dar por decaídos todos los plazos y exigir el pago
de la totalidad de la deuda. Dentro de ese plazo y en virtud del principio de
integridad del pago, se puede informar la totalidad de la deuda existente desde
el inicio de la obligación.”
Tales dictámenes no son
vinculantes para los tribunales de justicia por lo que parte de la
jurisprudencia, quizás mayoritaria, adoptó la postura de considerar el cómputo del plazo conforme a los
parámetros señalados por los dictámenes, mientras que la otra postura jurisprudencial
fue considerar que el cómputo debe comenzar desde el momento que el acreedor
deja de informar la deuda, es decir que esto sería la última información
adversa que revele que la deuda era exigible. Esta postura dio lugar a que los
acreedores financieros renovaran la misma información periódicamente de manera
tal que el plazo del cómputo de los 5 años no pudiera comenzar transformando
las prescripciones de la ley en “ilusorias”.
3) En el fallo “Nápoli”[15] de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación del 08/11/2008, el Alto Tribunal ha
expresado que el
párrafo del art. 26 del decreto 1558/01 donde dispone “…a partir de la fecha de
la última información adversa que revele que dicha deuda era exigible”, adolece
de “imprecisión y poca claridad” acerca del momento en que comienza a correr el
plazo de los cinco años, motivo por el cual ello “debe subsanarse mediante una
interpretación que, sin excluir su literalidad, se ajuste estrictamente a la
voluntad del legislador que dictó la ley 25.326. También se refiere a que
dicho párrafo no ha sido impugnado por inconstitucional. Esta referencia
formulada por la Corte en cuanto a que “-cuya constitucionalidad no ha sido
impugnada-” podríamos interpretarla como una apertura a ejercer este derecho
tendiente a lograr que definitivamente se obtenga la declaración de
inconstitucionalidad de la parte cuestionada estableciéndose con mayor certeza
el momento desde el cual debe computarse el plazo de cinco o dos años para que
opere la caducidad, el que en nuestra opinión debería ser desde que la deuda se
hizo exigible, es decir cuando comenzó la mora del deudor. Agrega el Alto
Tribunal que: “Ha de evitarse, entonces, toda inteligencia que en los hechos
implique una postergación sine die, o una excesiva tardanza en el inicio del
cómputo del plazo que se examina, puesto que ello se opone al declarado
propósito de lograr una reinserción del afectado en el circuito comercial o
financiero. En este sentido, cuando el artículo 26 del decreto 1558/01 fija
como hito, "la fecha de la última información adversa archivada que revele
que dicha deuda era exigible", esta expresión debe ser entendida como el
último dato -en su sentido cronológico- que ha ingresado al archivo, registro o
base de datos, en la medida en que, como reza el artículo 26 de la ley 25.326,
se trate de datos "significativos" para evaluar la solvencia
económica-financiera de los afectados". En este orden de ideas, se
adelanta que, no podrá considerarse como última información archivada, la
asentada en un registro por el sólo hecho de ser la constancia final de una
serie o sucesión de datos, si -como ha ocurrido en el sub examine- se trata de
una mera repetición de la misma información que, sin novedad o aditamento
alguno, ha sido archivada durante los meses o años anteriores.”
En relación al punto de
partida del plazo, en este caso, la CSJN ha considerado que la última
información adversa que revele que la deuda era exigible es la calificación 5
(irrecuperable) de la Clasificación de Deudores del Sistema Financiero que
emite el BCRA.[16] Ésta establece que
corresponde adjudicar dicha calificación cuando el tiempo de la mora en una
obligación es mayor a un año. Es decir que el cómputo de los 5 años debe
comenzar a partir del año que se informó la deuda, ello sumaría 6 años desde que la deuda se
hizo exigible.
DERECHO COMPARADO
Consideramos relevante
mencionar las legislaciones en relación
a la regulación de los plazos de caducidad en algunos de los países de
Iberoamérica, además de la ya analizada legislación española:
Uruguay
La ley 17.838 del 2004 de
Protección de Datos Personales para ser Utilizados en Informes Comerciales y
Acción de Hábeas Data, en relación a los plazos y el cómputo establece en su
art. 9° lo siguiente: “Los datos personales relativos a obligaciones de carácter
comercial sólo podrán estar registrados por un plazo de cinco años contados
desde su incorporación. En caso que al vencimiento de dicho plazo la obligación
permanezca incumplida, el acreedor podrá solicitar al titular de la base de
datos, por única vez, su nuevo registro por otros cinco años. Este nuevo registro deberá ser solicitado en
el plazo de treinta días anteriores al vencimiento original. Las obligaciones
canceladas o extinguidas por cualquier medio, permanecerán registradas, con
expresa mención de este hecho, por un plazo máximo de cinco años, no renovable,
a contar de la fecha de la cancelación o extinción.”[17]
Chile
La ley 19.628 del 1999, Sobre Protección
de la Vida Privada. Protección de Datos de Carácter Personal
chilena, lo regula en su “Artículo 18.- En ningún caso pueden comunicarse los datos a que se refiere el artículo
anterior, que se relacionen con una
persona identificada o identificable,
luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se hizo
exigible. Tampoco se podrá continuar comunicando los datos relativos a dicha
obligación después de haber sido pagada o haberse extinguido por otro modo
legal. Con todo, se comunicará a los tribunales de Justicia la información que
requieran con motivo de juicios pendientes.[18]
Perú.
Ley 27.489 de 2001/2002
de Regulación de las Centrales Privadas de Información de Riesgos y Protección
al Titular de la Información en su art. 10° (Información excluida) establece:
Las CEPIRS (Centrales privadas de información de riesgos) no podrán contener en
sus bases de datos ni difundir en sus reportes de créditos la siguiente
información: a) Información sensible; b)
Información que viole el secreto bancario o la reserva tributaria;
c) Información ilegal, inexacta o errónea; d)
Información referida al incumplimiento de obligaciones de naturaleza civil,
comercial o tributaria, cuando (i) la obligación se haya extinguido y hayan
transcurrido 2 (dos) años desde su extinción; o (ii) 5 (cinco) años desde el
vencimiento de la obligación. Estos plazos no rigen si el titular ejerce el
derecho de cancelación de acuerdo a lo establecido en el inciso b) del artículo
13 de la presente Ley. El caso de los protestos se regirá
por la Ley de Títulos Valores. e) Información referida a
sanciones exigibles de naturaleza tributaria, administrativa u otras análogas
de contenido económico, cuando (i) hayan transcurrido 2 (dos) años desde que se
ejecutó la sanción impuesta al infractor o se extinguió por cualquier otro
medio legal, y (ii) 5 (cinco) años desde que se impuso la sanción.
f) Informaciones referidas al incumplimiento de otras obligaciones
que no sean comerciales, civiles, tributarias, laborales o de seguros.
Excepcionalmente, las CEPIRS sólo podrán contener en su banco de datos
obligaciones referidas a servicios públicos cuando se haya dejado de pagar
dichos servicios por el titular de la información durante 6 (seis) meses
continuos. g) Información referida a la insolvencia o
quiebra del titular de la información, cuando hayan transcurrido 2 (dos) años
desde que se levantó el estado de insolvencia o 5 (cinco) años desde que se
declaró la quiebra; o, h) Cualquier otra información
excluida por ley."[19]
México
Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares del 2010 en su art. 11 dispone: “El responsable
procurará que los datos personales contenidos en las bases de datos sean
pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron
recabados. Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios
para el cumplimiento de las finalidades previstas por el aviso de privacidad y
las disposiciones legales aplicables, deberán ser cancelados. El responsable de
la base de datos estará obligado a eliminar la información relativa al
incumplimiento de obligaciones contractuales, una vez que transcurra un plazo
de setenta y dos meses, contado a partir de la fecha calendario en que se
presente el mencionado incumplimiento.”[20]
Colombia
Ley Estatutaria 1266 del 2008 regula en su
art. 13 de “Permanencia de la Información. <Artículo condicionalmente exequible> La
información de carácter positivo permanecerá de manera indefinida en los bancos
de datos de los operadores de información. Los datos cuyo contenido haga referencia
al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera, y en general, aquellos
datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, se regirán
por un término máximo de permanencia, vencido el cual deberá ser retirada de
los bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan
acceder o consultar dicha información. El término de permanencia de esta
información será de cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que sean
pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.[21]
A
MODO DE CONCLUSIÓN
Con el objetivo de abordar una
postura en relación al cómputo del plazo de caducidad de los datos en el ámbito
financiero he de referirme en primer lugar a lo señalado en la propuesta de la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, en cuanto propone “…se
entiende aconsejable regular aquellos casos de información significativa que
renueva el plazo de información de una deuda en mora.” Parecería estar
conduciendo a determinar cuál es la última información adversa que revele que
la deuda era exigible del art. 26 del dec. 1558/2001. Tal como lo hemos
analizado, esta norma adolece de claridad, precisiones y presunta inconstitucionalidad,
motivo por el cual estimamos pertinente apartarnos de la misma. Por lo tanto
sería adecuado volver a las fuentes, es decir, tener en cuenta la voluntad de los legisladores al sancionar la ley y
recordemos que de los debates parlamentarios surge que el interés de éstos era
reinsertar a más personas al circuito financiero disponiéndose 5 años para quienes no hubieran
cumplido con la obligación y beneficiar con 2 años de permanencia a los que
cancelaran o extinguieran la obligación, ello con fundamento en el abuso que
cometían las entidades financieras y las empresas de informes crediticios con
los afectados. Por ello consideramos que el art. 26 debería reformarse
estableciendo concretamente el plazo de 5 años cuando no se haya cumplido con
la obligación y 2 años cuando el deudor cancele o extinga de otro modo la
obligación a partir de la registración
de la deuda (o desde que la deuda se hizo exigible o a partir de la mora de la
misma)
En cuanto a los requisitos
estimamos conveniente volver al proyecto originario del art. 26 tratado en el
Congreso Nacional y al proyecto del ex senador Carlos Rossi, antes señalados es
decir que los datos relacionados con el incumplimiento de las obligaciones
dinerarias sólo podrán tratarse si concurren los siguientes recaudos: a)
Existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado
impaga; b) Requerimiento previo de pago a su deudor o a quien corresponda el
cumplimiento de la obligación, haciéndole saber que ante el incumplimiento será
informado a las bases de datos de deudores. Asimismo exigir que las empresas de
informes crediticios notifiquen de inmediato al deudor incluido en sus bases de
datos. De esta manera se lograría un texto completo, definitivo y que no
produzca incertidumbres interpretativas como en la actualidad y a la vez
seguridad y seriedad en los informes comerciales. Es decir, necesitamos una
norma clara, precisa y robusta para toda la sociedad en relación al tratamiento
de datos personales financieros.
PARTE II
DATOS PERSONALES EN EL ÁMBITO
FINANCIERO EN EL PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En
el proyecto de ley de Protección de Datos Personales, que como habíamos mencionado
se encuentra para su tratamiento y sanción en el Congreso de la Nación desde el
mes de setiembre de 2018[22], el tema de los Servicios
de Información Crediticia se ha desarrollado en el Capítulo 6 de Servicios de
información financiera, en los artículos 58 a 65, los que analizaremos en sus
cuestiones mas relevantes.
Así,
el art. 58 del proyecto de ley comienza denominando a la actividad como
“prestación de servicios de información crediticia del sector financiero y no
financiero”. Establece que: En la prestación de servicios de información
crediticia sólo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial
relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes de acceso
público irrestricto o restricto, o procedentes de informaciones facilitadas por
el titular de los datos o con su consentimiento. Pueden tratarse igualmente
datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de
contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su
cuenta o interés, sin necesidad de contar con el consentimiento del titular de los datos.
Este
artículo reemplazaría a los incs. 1 y 2 del art. 26 de la ley 25.326, (ley que todavía
se encuentra vigente) en un sentido
muy similar pero mas amplio. En principio aclara que se trata de la información
del sector financiero y no financiero. Si bien las bases de datos de estos
servicios ya habían incorporado incumplimientos de las obligaciones en el
sector no financiero no se encontraba expresamente legislado. En cuanto a las
fuentes de acceso público en la ley vigente, la doctrina había interpretado que
se trataba de información irrestricta,
siendo aquella que puede obtener
cualquier persona tan sólo con el nombre del titular de los datos o algún
número de documento. El proyecto de ley
se encarga de aclarar que no sólo
se trata de las fuentes de acceso público irrestricto, sino también restricto y
en el art. 2 Definiciones) especifica que se deberá entender por ellas de la
siguiente manera: Fuente de acceso público irrestricto: la que contiene
información destinada a ser difundida al público, de libre acceso e intercambio
por razones de interés general, accesible ya sea en forma gratuita o mediante
una contraprestación.
Fuente
de acceso público restricto: la que contiene información que no está sujeta a
confidencialidad ni tampoco está destinada a ser difundida irrestrictamente al
público y cuyo acceso a terceros resulta generalmente condicionado al
cumplimiento de ciertos requisitos. La obtención de datos personales de fuentes
de acceso público restricto implica un grave riesgo a la privacidad de las
personas como también a los derechos y libertades individuales, contrariando
así al Proyecto de ley que estamos
analizando en su Art. 11 sobre “Licitud de tratamiento de datos” y al Reglamento
Europeo en su Art. 6° sobre “Licitud del tratamiento” que exige expresamente que
prevalezcan tales valores frente al
interés de los terceros.
El
art. 59 reemplazaría al inc. 3 del art. 26 la ley vigente con algunos cambios.
Se trata del derecho fundamental de acceso a la información crediticia de las
personas. En la ley vigente se establece que los responsables o usuarios de
bancos de datos, a solicitud de los titulares de datos deberán comunicarle las
informaciones, evaluaciones y apreciaciones que hayan sido comunicadas durante
los últimos seis meses y el nombre y domicilio del cesionario en caso que los
datos hayan sido obtenidos por cesión. Este acceso a la información es gratuito
por períodos de seis meses. En el proyecto de ley este plazo se modifica a doce
meses, es decir que los titulares de los datos sólo podrán acceder a sus datos
existentes en bases de datos gratuitamente por lapsos de un año. También
establecería que debe informarse la fuente de información incluyendo nombre y
apellido en caso de corresponder. Suponemos que “en caso de corresponder” se
trata en caso de cesión. Siempre que se trate de casos de cesión se deberá
informar el nombre y domicilio del cesionario, aunque de la lectura del
artículo podría darse alguna otra interpretación poco feliz, es decir que
podrían darse casos en que podría “no corresponder”. Si así fuere la negativa a
comunicar la información financiera a los titulares de los datos sería
absolutamente inconstitucional por tratarse de un derecho fundamental
consagrado en el art. 43, 3er. Párr. de la Constitución Nacional.
El
artículo siguiente del Proyecto es quizás el más conflictivo de este Capítulo
6, se trata del plazo de conservación de la información crediticia (art. 60) o
llamado comúnmente como “derecho al olvido”.
Habíamos analizado todas las complicaciones interpretativas que se
originaron con el texto del inc. 4 del art 26 de la LPDP y su decreto
reglamentario 1558/01, en cuanto al comienzo del cómputo del plazo para
determinar los 5 o 2 años de conservación de los datos crediticios. Ello
originó que actualmente existan tres posturas jurisprudenciales diferentes, una
que sostiene que el cómputo del plazo debe comenzar a partir del momento en que
se produjo la mora, es decir desde la exigibilidad de la obligación, otra que
mientras dure la mora debe continuar informado en las bases de datos
crediticias y la tercera de la CSJN por la que el punto de partida del cómputo
debe comenzar al año desde que fue informado en la Central de Deudores del
Banco Central de la República Argentina (cuando obtuvo la clasificación 5) es decir seis años desde que se produjo la
mora, tal como lo mencionamos en la Parte I.
Entonces,
la primera parte del artículo 60 de “Plazo de conservación de la información
crediticia” establece: Sólo se pueden archivar, registrar o ceder los datos
personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico
financiera durante los últimos CINCO (5) años a contar desde la última
información significativa, o desde el vencimiento del plazo original de la
operación de crédito de que se trate, el que fuera mayor. El plazo se reduce a
DOS (2) años cuando el deudor cancele o extinga la obligación, a contar a
partir de la fecha precisa en que se extingue la deuda. El proyecto de ley
sigue básicamente la redacción del Dec. reglamentario 1558/01, en cuanto a los
párrafos que habíamos dicho que son
inconstitucionales por apartarse de la letra de la ley 25.326, pero la completa
y aclara en perjuicio de los afectados. A continuación establece cuando se
considerará que la información es significativa para computar el plazo de 5
años en los siguientes 6 incisos: a. El momento en que se produce la mora del
deudor; b. Las modificaciones en las clasificaciones que otorgan al deudor las
entidades crediticias; c. El inicio de la acción judicial de cobro; d. La
sentencia judicial que dispone el pago de la deuda; e. La fecha de la apertura
del concurso de acreedores o de la declaración de quiebra, en caso de deudas verificadas
o en trámite de verificación en los procesos de concursos preventivos y
quiebras respectivamente; f. Aquella otra información que defina el órgano de
control. No se considera última información significativa la asentada en una
base de datos por el sólo hecho de ser la constancia final de una serie o
sucesión de datos si se trata de una mera repetición de la misma información
que, sin novedad o aditamento alguno, ha sido archivada durante los meses
anteriores.
En primer lugar debemos referirnos a
una inapropiada técnica legislativa para el caso, la enumeración
taxativa de lo que se considerará “información significativa”, pues a las
indicadas por el artículo en análisis se le podrían agregar muchas otras de la
misma relevancia. Tal como hemos analizado en el derecho comparado, sobre la
materia, el cómputo del plazo comienza ante una circunstancia única e
inequívoca, como por ejemplo, al momento de producirse la mora, al momento del
pago u otras por el estilo.
En cuanto al apartado f) del mismo artículo, es decir “Aquella otra información
que defina el órgano de control”, es de una amplitud ilimitada y su
inconstitucionalidad se torna manifiesta prima facie, pues le otorga al órgano de
control facultades legislativas en franca violación a la Constitución federal.
Realizando
una interpretación global del artículo en análisis consideramos que aquí se
establece claramente un perjuicio para los afectados y consecuentemente produce
mayor incertidumbre e inseguridad jurídica. Estimamos que a través de este
inapropiado texto se ha querido
introducir la teoría más dura en relación con los deudores afectados, es
decir aquella que propugna que hasta que el deudor no cancele su obligación
debe continuar informado en los bancos de datos de morosos, no existiendo así
derecho al olvido, pues si el deudor no encuadra en los incisos a, b, c, d, e,
siempre podrá acudirse al órgano de Control para que lo encuadre de acuerdo a
su sola discrecionalidad. Es de esperar que cuando los legisladores del
Congreso traten el proyecto interpongan las modificaciones adecuadas a una ley
para satisfacción de la sociedad en su conjunto. Por último, el artículo
aclara, que no se considerará información significativa la asentada en una base
de datos por el sólo hecho de ser la constancia final de una serie o sucesión
de datos si se trata de una mera repetición de la misma información que, sin
novedad o aditamento alguno, ha sido archivada durante los meses anteriores.
El
artículo siguiente, es decir el 61 del proyecto se refiere a la difusión de la
información por parte de las entidades crediticias. Establece que éstas deberán
ceder la información relativa al cumplimiento de las obligaciones al Banco
Central de la República Argentina e indicar que información han cedido a
terceros. A su vez el Banco Central difundirá dicha información de manera
amplia y transparente. Y agrega que en ningún caso esta obligación afectará el
derecho de acceso de los titulares de los datos. Este texto es novedoso dentro
del contexto de una ley, pues existe la obligación por parte de las entidades
financieras de informar al Banco Central la clasificación de deudores a la
Central de Deudores del Banco Central acerca de los cumplimientos e
incumplimientos de las operaciones financieras de sus clientes, normado por
Comunicaciones del Banco Central en su función de Órgano de contralor y en
cumplimiento de la ley de entidades financieras.
El
artículo 62 también es novedoso para nuestra legislación de protección de datos
personales, ya que se establece la obligación por parte de las entidades
crediticias el deber de comunicación a los titulares de los datos la
información a ceder cuando las obligaciones pasen de cumplimiento normal a
incumplimiento, dentro de los 10 días hábiles de producida la nueva
clasificación. Esta comunicación a los titulares de los datos debe realizarse
al último domicilio por éstos denunciado, por medio postal o electrónico o en
la forma que establezca el Banco Central. En cualquier caso el cedente tiene la carga de acreditar el
cumplimiento de la comunicación dispuesta. En caso de disconformidad con el
contenido de la información comunicada, el titular de los datos puede ejercer
los derechos que le correspondan de acuerdo a lo establecido en la ley. A
nuestro criterio, si bien la norma es ventajosa para los titulares de los datos
ya que en la actualidad generalmente se enteran que han sido informados en
banco de datos de morosos, en ocasión de pretender realizar alguna operación de
crédito y la misma le es negada por tal motivo, el plazo de 10 días hábiles es
demasiado exiguo para poder aclarar cualquier situación compleja que pudiera
existir.
Con
buen criterio el artículo 63 dispone que cuando se deniegue al titular de los
datos la celebración de un contrato, solicitud de trabajo, servicio, crédito
comercial o financiero sustentado en un informe crediticio, se le deberá
informar tal circunstancia, la empresa que proveyó el informe y hacerle entrega
de una copia.
El
artículo 64 se refiere a los fiadores o avalistas y establece que se debe
suprimir la información de éstos cuando se haya cancelado o extinguido la
obligación, previo pedido ante la empresa de información crediticia que deberá
cumplir dentro de los 10 días hábiles. Aquí el proyecto de ley ha diferenciado
a los deudores de los fiadores o avalistas, pues los deudores una vez
cancelada extinguida la obligación
deberán continuar informados por el término de 2 años tal como lo analizamos
oportunamente, en cambio cuando se trata de fiadores o avalistas la información
de éstos se deberá suprimir mediante su pedido.
El
último artículo (65) del Capítulo 6,
relativo a la rectificación, oposición y supresión de los datos, establece que
en caso de los archivos o bases de datos públicas conformadas por cesión de
información suministrada por entidades crediticias, tales derechos deben
ejercerse ante la entidad cedente que sea parte en la relación jurídica a que
se refiere el dato impugnado. Si el reclamo fuera procedente, la entidad
respectiva debe realizar las modificaciones necesarias. Toda modificación debe
ser comunicada a través de los mismos medios empleados para la divulgación de
la información. Con este artículo se excepciona al Banco Central principalmente,
cuando en realidad éste realiza
tratamiento de datos personales, tiene sus bases de datos y las publica por
internet, siendo el ingreso a las mismas en forma irrestricta.
LEY ESPAÑOLA EN LO REFERENTE A
SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA.
Como consecuencia del dictado del RGPD puesto en vigencia a partir del
25 de mayo de 2018 España comienza un
proceso legislativo para adaptar la ley de protección de datos a la nueva
normativa europea. Así, el 5 de diciembre
de 2018 se sanciona la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales[23].
En el Título IV, artículo 20 se desarrolla el tratamiento de datos en Sistemas
de Información crediticia. Vamos a analizar aquí las diferencias más
sustanciales con respecto al proyecto de ley Argentina recientemente estudiado.
Comienza el art. 20 en su inciso 1, disponiendo que salvo prueba en contrario,
se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al
incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por
sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los requisitos
enunciados por el texto que seguidamente veremos. En primer lugar la licitud
del tratamiento de datos admite prueba
en contrario para los datos negativos. Los requisitos exigidos por el artículo
indicado son de gran importancia para un adecuado tratamiento de los datos en
el ámbito financiero y comercial y se encuentran enumerados en 6 apartados. El
apartado a) establece que los datos se considerarán lícitos cuando hayan sido facilitados por el acreedor o por
quien actúe por su cuenta o interés. El apartado b) exige que los datos deben
referirse a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no
hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o
mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante
entre las partes. Este texto es muy apropiado porque tutela la defensa del
afectado, pues si existe una controversia no hay certeza de la deuda. En
nuestra ley se ha intentado reiteradamente la existencia de estos requisitos
pero nunca han prosperado. No menor importancia tiene el apartado c) que
contiene instrucciones tanto para el acreedor como para los sistemas de
información. El acreedor deberá notificar al afectado en el contrato o en el
momento de requerir el pago de la deuda la posibilidad de ser incluido en los
ficheros de morosos de tales sistemas en
caso de no cancelar la obligación. Adicionalmente, la entidad que mantenga el
sistema de información crediticia con datos relativos a incumplimientos de
obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado
la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercer los
derechos de acceso a la información, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento u oposición, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de
la deuda al sistema. Mientras transcurra este plazo los datos deberán
permanecer bloqueados en las bases de datos. El apartado d) se refiere a la
temporalidad en que deben conservarse los datos en las bases de datos. Éstos se
podrán mantener en el sistema mientras persista el incumplimiento y con el
límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación
dineraria, financiera o de crédito. Este texto legisla lo que comúnmente llamamos “derecho al olvido”.
Aquí resulta oportuno aclarar que a diferencia del proyecto de ley de Argentina en donde al cancelarse o
extinguirse la obligación debe permanecer dos años mas en los ficheros de
morosos, en la ley española sólo se podrán mantener mientras exista la obligación,
es decir que una vez que se cancela o extingue ésta, inmediatamente se deben suprimir los datos.
Aquellos afectados que no cumplieron con la obligación podrán permanecer por el
plazo máximo de cinco años desde el vencimiento de la obligación. Así de
transparente es la ley española en cuanto al cómputo del plazo para aplicar el
derecho al olvido o la caducidad de los datos por el transcurso del tiempo.
Lamentablemente el proyecto de ley argentina no adoptó este ejemplo normativo. El
apartado e) establece que los datos referidos a un deudor determinado sólo
pueden ser consultados cuando quién consulte mantuviese una relación con el
afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o éste le hubiera
solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago
aplazado o facturación periódica. Tal como se observa la información de estos
datos no es irrestricta, no la puede consultar cualquier persona sin tener un
interés legítimo. El mismo apartado agrega que cuando el interesado hubiera
ejercitado ante el sistema de información el derecho a la limitación del
tratamiento de sus datos personales impugnando la exactitud de los mismos, el
sistema informará a quienes consulten la mera existencia de dicha
circunstancia, sin facilitar los datos concretos respecto de los que se hubiera
ejercitado el derecho, en tanto se resuelva acerca de la solicitud del
afectado. El siguiente apartado f) dispone que en caso que se deniegue la
solicitud para la celebración de un contrato, como consecuencia de la consulta
efectuada, quien haya consultado el sistema debe informar al afectado el
resultado de dicha consulta. El inciso 2) del mismo artículo establece que las
entidades que mantengan el sistema y las entidades acreedoras, respecto del
tratamiento de los datos referidos a sus deudores, tendrán la condición de
corresponsables del tratamiento de los datos. Corresponderá al acreedor
garantizar que concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el
sistema de la deuda, respondiendo por su inexistencia o inexactitud. El inciso estipula
como se determinará la responsabilidad
en la que incurran cada uno de los corresponsables en la cadena del tratamiento
de los datos. El inciso 3) del artículo analizado dispone que la presunción de
licitud en el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de
obligaciones mencionadas en el inciso 1) no ampara los supuestos en que la
información crediticia fuese asociada por la entidad que mantuviera el sistema
a informaciones adicionales a las contempladas en dicho apartado, relacionadas
con el deudor y obtenidas de otras fuentes, a fin de llevar a cabo un perfilado
del mismo, en particular mediante la aplicación de técnicas de calificación
crediticia. Esto refiere a la restricción
acerca de la elaboración de perfiles a través de tratamientos
automatizados que produzcan efectos jurídicos que perjudiquen a los titulares
de los datos.
Por último la Disposición Adicional Sexta de la ley orgánica establece
un límite a la cuantía de la obligación. No se incorporarán a los sistemas de
información crediticia cuando las deudas sean inferiores a cincuenta euros. No
obstante, el Gobierno, mediante decreto, podrá actualizar este monto.
A MODO DE
CONCLUSIÓN
Tal como se ha señalado, al mencionar la propuesta de la modificación de
la ley 25.326 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y acerca
a la caducidad de los datos por el transcurso del tiempo, la elaboración del
proyecto de ley de protección de datos personales se ha inspirado en el texto
del Dec. 1558/01, art. 26, en relación a
regular cual es la última información adversa que revele que la deuda era
exigible. Efectivamente, el criterio ha sido sustentarse en el texto que
habíamos apuntado como inconstitucional por apartarse de la letra de la ley
25.326 y por lo tanto de la fuente, es decir de la voluntad que tuvieron los
legisladores al sancionar dicha ley que como ya lo dijimos se basaron en el interés
de reinsertar a más personas al circuito financiero con fundamento en el abuso
que comenten las entidades financieras y las empresas de informes crediticios
con los deudores del sistema. El proyecto aún no es ley, no se ha tratado en el
Congreso de la Nación por lo que todavía alentamos la esperanza de que no se
pierda esta oportunidad para legislar el tema con la claridad, exactitud y justicia que la sociedad se merece y teniendo en cuenta que se trata de una ley
de protección de datos personales y no de empresarios que realizan tratamiento
de datos personales. También es justo contemplar las crisis económicas a las
que tenemos periódicamente en el país donde los deudores caen en incumplimiento
de sus obligaciones involuntariamente, lejos de ser o convertirse en deudores
consuetudinarios.
No obstante celebramos las mejoras como la obligación que se establece a
las entidades crediticias de notificar el cambio de clasificación al titular de
los datos aunque el plazo sea muy exiguo; la información al afectado cuando se
le deniega la celebración de algún contrato a causa del informe crediticio; el
beneficio de supresión de los datos a avalistas o fiadores.
Adicionalmente, podemos observar
que esta regulación tiene grandes diferencias con la ley española, que fue en
su momento primitivo de regulación de la ley de protección de datos personales,
el modelo para los legisladores.
*Abogada
(UBA). Especialista Universitario de
Protección de Datos Personales y Privacidad. Facultad de derecho. Universidad
de Murcia. España.
[6] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
(20/10/2016)
[7] Uicich, Rodolfo Daniel. Hábeas Data Ley 25.326. comentada y anotada. Ed.
AD-HOC 2001. P. 124
[8] CSJN.
“Martínez, Matilde Susana c/Organización Veraz s/sumario” 05/04/2005.
Fallos:797 (2005)
[9]
Proyecto de ley modificando el art. 26 de la ley 25.326, (Hábeas Data),
respecto de la prestación de servicios de información crediticia, exped. 2292 del 8/9/2005, reproducido por
exped. 604 del 29/3/2007. http://www.senado.gov.ar/web/proyectos/verExpe.php?&origen=S&numexp=604/07&tipo=PL&tConsulta=1 (25/10/2016)
[10]
Honorable Senado de la Nación, 22° Sesión Ordinaria, 4/10/2000. http://www.senado.gov.ar
[11]
Peyrano, Guillermo F. Régimen Legal de los Datos Personales y Hábeas Data,
LexisNexis – Depalma, 2002. P243
[12]
Martínez, Matilde Susana. Hábeas Data Financiero. Ediciones de la República.
Diciembre 2009. P. 328
[13]
Dictamen PTN 388/2006, del 20/11/2006, exped. 144.241/04, Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Dictámenes 259:197)
[14] 25/9/2007.
http://www.protecciondedatos.com.ar/DNPDP-150-2007.pdf
(21/10/2016)
[15] Nápoli
Carlos Alberto c/ Citibank N.A. CSJN. N. 112. XLII. MJ-JU-M-69558-AR | MJJ69558
[16]
Texto ordenado. http://www.bcra.gob.ar
[17]
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp2478740.htm
(19/10/2016)
[18]
http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_chi_ley_19628.pdf (19/10/2016)
[20]
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf (19/10/2016)
[21]
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1266_2008.html
(19/10/2016)
