Publicado el 10/02/2018 16:49 GMT
Un reciente informe de VICE Argentina revela algunos datos inquietantes sobre los términos y condiciones que aceptan (generalmente, sin leer) los usuarios de la red de WiFi que ofrece la ciudad de Buenos Aires de forma gratuita.
Al igual que muchas ciudades modernas, Buenos Aires cuenta desde hace algunos años con una red de internet inalámbrica pública a la cual se accede desde los parques, plazas, terminales de bus y ómnibus e, incluso, dentro de la red de subterráneos, gracias a la instalación realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) en colaboración con Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE).
El informe señala que todo usuario que desee hacer uso de la red BAWiFi debe registrarse y aceptar los términos y condiciones para acceder a la conexión. Estos términos, a los que los usuarios no suelen prestar mucha atención, incluyen otorgar permiso al GCBA y a SBASE para recopilar sus datos personales y de registro, como el nombre, usuario, contraseña, número de documento de identidad o clave de identificación laboral (CUIL), nacionalidad, género, teléfono, dirección postal y datos de geolocalización, además de las fotografías y datos de voz almacenados en el dispositivo conectado a la red.
Otro aspecto llamativo de los términos y condiciones de la red de WiFi de Buenos Aires es que, al aceptarlos, el usuario otorga su consentimiento para que el Gobierno de la Ciudad y SBASE hagan uso y difusión de sus fotos y voz con fines publicitarios y de comunicación:
El trabajo de VICE, ilustra este fragmento en un ejemplo sencillo:
Sin embargo, lo descrito anteriormente no es tan serio como lo que citamos a continuación del Artículo 2, apartado sobre “Plazo y duración”:
El usuario acepta un contrato que puede cambiar sus términos en cualquier momento sin necesitad de su autorización. De allí surgen muchas dudas sobre qué pasará con todos los datos e imágenes recopiladas y almacenadas por el Estado, y a la luz de la inminente reforma de la actual Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales argentina, que data de octubre del 2000, se enciende una señal de alarma.
¿Para qué necesita SBASE el número de clave laboral de los usuarios? ¿Para qué necesita el gobierno de la ciudad almacenar las fotografías y notas de voz personales de cualquier ciudadano? ¿Qué otro uso potencial podría darle a esta información amparado por futuras modificaciones de la ley de protección de datos o de los términos y condiciones del contrato mismo?
Teniendo en cuenta que el artículo cuarto de la ley de Protección de Datos Personales dice que los “datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido”, se puede suponer que algunos de los datos recopilados por SBASE (en particular, las fotos de usuarios) podrían considerarse “excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido”.
Al momento de la edición de este artículo, el texto del contrato no está subido al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad o de SBASE para su lectura y consulta ulterior; sólo se accede al contenido cuando se está en el Subte para conectarse.
El usuario de Twitter Tomás publicó el texto completo del contrato de adhesión que había guardado en un documento de Google un tiempo atrás y, sobre el informe de VICE, comentó:
La “sociedad de la transparencia”
En las redes sociales, hubo muy pocas reacciones de los cibernautas frente a la publicación del informe de VICE (o de las condiciones en sí mismas). Javier Pallero, analista de políticas públicas de Internet de Access Now, explica que hay muy poca conciencia sobre la privacidad, y que lo más preocupante de todo esto es que sea el Estado quien recoja estos datos: “Es el único que todavía tiene la capacidad de quitarte los bienes, privarte de la libertad o, bajo ciertas circunstancias, pegarte un tiro legalmente”.
El usuario que accede a las plataformas de redes sociales, aplicaciones y otros servicios digitales está habituado a aceptar sus términos y condiciones de uso sin leerlos. Valeria Milanés, directora de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) Digital, explica que “son contratos de adhesión sumamente largos y con terminología muy compleja. Lo que debería suceder es que el texto fuera acompañado de mensajes con ideas muy claras sobre para qué se van a usar los datos, durante cuánto tiempo, en el lenguaje más sencillo posible”.
La entrega de datos ya se ha naturalizado entre los usuarios a tal punto de reducirlo a un precio relativamente bajo que se paga para obtener el beneficio de una conexión “gratuita”:
En otros casos, se simplifica el problema y se propone una solución práctica: no utilizar el servicio.
La escasa resistencia de los usuarios para entregar sus datos refleja un preocupante desinterés o desconocimiento de los potenciales riesgos que implica aceptar términos y condiciones que no comprenden en su totalidad.
¿Censura en la red #BAWifi?
En otro orden de ideas, el blog El Disenso, abiertamente crítico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del gobierno nacional, denunció el bloqueo de su sitio desde la red de WiFi de Buenos Aires tras haber publicado una serie de investigaciones que, según ellos, “incomodan al GCBA”. El blog alega que, el 1 de febrero, varios de sus lectores informaron que no podían acceder al sitio web cuando estaban conectados a la red BA WiFi.
Horacio Rodríguez Larreta es el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sucesor en el cargo que ocupara el actual presidente de la Nación, Mauricio Macri.
El Disenso presentó quejas ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Subte BA. El 7 de febrero confirmó que el acceso al sitio se había restablecido en la red, en lo que describieron como un “incidente de bloqueo erróneo de URL”.
Por supuesto, para muchos queda la duda sobre si el incidente fue accidental o intencional.
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